Propiedades y vehículos, viajes por el mundo y hasta costosos relojes son, habitualmente, el “target” preferido de narcotraficantes que no sólo exhiben su poderío económico, sino que, a través de ellos, “dan vida” a las diversas caras del lavado de las fabulosas ganancias de la venta de drogas.
A tono con el fenómeno global, los narcos Alejandro Martín Corvalán (60) y Arnoldo Aníbal Koch (45), ya condenados en la causa original por el transporte de 544 kilos de marihuana desde Misiones hasta Córdoba en 2018, fueron procesados ahora por presunto lavado del narcotráfico a través de la compra de vehículos.
El juez federal N° 1 de Córdoba capital, el subrogante Carlos Ochoa, asimismo les trabó hace algunas semanas sendos embargos por $ 5 millones, al tiempo que sobreseyó a Enrique Adán Álvarez, a Marcelino Ramón Álvarez (47), a Cristian Matías Corvalán Ferreyra (39), a Milagros Olivera Echenique (27), a Agustina Macarena Corvalán Pons (28), a Eduardo Dorelio Olivera Bassino (52), a Osvaldo Otto Reich (34), a Cecilia Esther Czezoski (48) y a Débora Elizabet Strina (48).
La causa “madre” de los 544 kilos de marihuana
La investigación principal que llevó a la cárcel al cordobés Corvalán y al misionero Koch comenzó cuando ambos lideraron el transporte y comercialización de marihuana desde Misiones hasta la ciudad de Córdoba.
Tras abastecerse de los estupefacientes presuntamente en Paraguay, Koch pactaba usualmente la comercialización con Corvalán y acondicionaba la carga en los neumáticos de camiones, acoplados y semirremolques para luego trasladarlos por cuenta propia o por mediante choferes hasta diferentes puntos de Córdoba.
Antes de que los cargamentos fueran despachados, Corvalán viajaba a Misiones para pagar la droga o, bien, acordaba con Koch abonarla cuando la recibía en “la Docta”.
Una vez trasladada la carga desde Misiones, Corvalán o sus hijos Federico Alejandro Corvalán Ferreyra y Cristian Matías Corvalán Ferreyra esperaban en la capital cordobesa el arribo del camión para actuar como “guías” hacia el destino final de la carga (Mauricio Díaz facilitaba su casa para la descarga).
La droga era comercializaba por Corvalán a distintos distribuidores de Córdoba capital o de Catamarca con la complicidad de Marcelino Álvarez y de Valeria Álvarez. En su rol, los Álvarez entregaban dinero a Corvalán para, a su vez, que le encargara a Koch parte de la droga para venderla al menudeo (pequeñas cantidades) en Córdoba y en Entre Ríos.
Los investigadores del Ministerio Público Fiscal comprobaron que, en 2018, Koch adquirió 544 kilos de marihuana y acordó con Corvalán vendérsela y moverla desde Misiones hasta Córdoba. Para lograrlo, Koch acondicionó la carga en 630 “ladrillos” ocultos en 10 neumáticos de un semirremolque Mercedes-Benz.
El camionero transportó la carga hasta una estación de servicio y se hospedó en la casa de Corvalán en Río Ceballos. Al día siguiente, ambos fueron a buscar el camión para guiarlo al campo, pero cayeron detenidos.
Tanto Corvalán como Koch recibieron siete años de prisión por haber liderado la asociación ilícita, transporte y comercialización de estupefacientes en grado de tentativa (como tenían condenas previas en Misiones, los montos finales se unificaron en nueve y 10 años, respectivamente). El resto de los imputados, los Álvarez, los hermanos Corvalán Ferreyra y Díaz, también fueron condenados.
La “concesionaria”
La causa original (del cargamento) dio lugar a una investigación por presunto lavado del narcotráfico, por lo que el juez N° 1 de Córdoba, Ochoa, procesó a Corvalán y a Koch a instancias del fiscal N° 1, Enrique Senestrari.
Las ganancias de la venta de marihuana y de cocaína (“ala” o “cemento”) en Córdoba y en Catamarca (el “delito precedente”, requisito del lavado), Corvalán las habría blanqueado a través de la compra de vehículos con la ayuda del uruguayo Olivera Bassino.
El oriental le habría acercado diversas propuestas y habría colaborado en las operaciones de compraventa de los rodados.
Como es frecuente en este tipo de maniobras, el real tenedor de los fondos para las compraventas siempre permanece en las sombras y utiliza a prestanombres o a testaferros para adquirir o transferir los rodados.
Mediante esos terceros, Corvalán habría lavado, como mínimo, $ 1.914.000 con la adquisición de un Peugeot 408 Allure 2.0 (a nombre de su hijo Cristian, que autorizó a su padre y hermano Federico a conducirlo); de un Fiat Toro Freedom 2.0 (a nombre de Milagros Olivera Echenique, hija de Olivera Bassino, cuando en realidad el vehículo habría sido adquirido y utilizado por Corvalán), y de un Mercedes-Benz C250 Blue Efficency (inscripto a nombre de una mujer, pero que habría sido adquirido por el narco).
También habría sido el dueño real de una Toyota RAV4 (inscripta a nombre de Agustina Corvalán Pons, hija de Corvalán, que lo autorizaba a manejarlo); de un Fiat Palio Fire (registrado a nombre de Federico Corvalán Ferreyra), y de una Volkswagen Amarok (comprada por el narco).
En la mecánica, Koch también habría blanqueado, como mínimo, $ 1.800.000 con la compraventa de vehículos. Así, figuran en la causa un Mercedes Benz LS-1634 (inscripto a nombre de Reich); una Chevrolet S10 doble cabina 2.8 TDI DLX (registrada a nombre de Czezoski, que autorizaba a Koch a manejarla), y un semirremolque Hermann S.BV.3E.67 (vendido a Czezoski, sin transferirlo).
El tercer sospechado de haber participado en maniobras de lavado, Marcelino Álvarez, habría blanqueado las ganancias de las ventas de estupefacientes en Santa Fe y en Entre Ríos con la adquisición de un Renault Fluence 2.0 Luxe (inscripto a nombre de Strina) y de una Ford EcoSport rural (registrada a nombre de su padre Enrique).
Sobre el origen de los vehículos, Corvalán explicó que pertenecían a sus hijos y que habían sido adquiridos con ahorros, indemnizaciones laborales y la venta de una casa. Agregó que la Toyota RAV4 fue obsequiada a una de sus hijas y negó ser propietario del Mercedes-Benz (sostuvo que le había sido ofrecido pero que, por falta de dinero, no lo compró).
Sin embargo, el juez Ochoa no le creyó y lo procesó: “Corvalán era quien verdaderamente tenía real dominio sobre estos (los vehículos). Durante la investigación se lo vio al nombrado conducir y/o tener estacionado en su domicilio no sólo los vehículos, sino también los registrados a nombre de sus hijos y de la hija (Milagros Olivera Echenique) de quien era su amigo y gestor personal (Olivera Bassino), bienes utilizados para lavar dinero proveniente del narcotráfico”.
El magistrado fundó su criterio al sostener que era el narco el verdadero dueño de todo porque “sus hijos no habrían tenido la capacidad económica para afrontar su adquisición (Federico y Cristian no tenían actividad u ocupación laboral conocida y Agustina ni siquiera había terminado el secundario)”.
Por su parte, Koch dijo que no era dueño del camión vinculado al tráfico de 544 kilos de marihuana y precisó que en las fechas atribuidas al lavado se encontraba detenido en Misiones, sin actividad económica desde 2014.
Al respecto, el juez resaltó que Koch ejercía el real dominio sobre los vehículos porque los demás “testaferros” no “habrían tenido posibilidades económicas para acceder” a esos bienes.
De esta forma, procesó a Corvalán y a Koch y sobreseyó al resto por prescripción, con excepción de Enrique Álvarez, por fallecimiento, en 2021.
