La coqueta clínica privada Pediátrica, ubicada en el corazón del Cerro de las Rosas, se convirtió en las últimas horas en el escenario de una sofisticada maniobra de una presunta administración infiel por parte de una mujer que durante unos 15 años se desempeñó como gerenta y habría perjudicado a la empresa de salud en beneficio propio y de su entorno familiar.
Así lo señala la acusación que recientemente elaboró el fiscal del 1° Turno del fuero Penal Económico de la ciudad de Córdoba, Matías Bornancini, quien en las últimas horas detuvo a María Carolina Ortiz (52) y a su marido, Daniel Hugo Funes (52), luego de haber lanzado un ambicioso operativo de allanamientos por la zona noroeste del Gran Córdoba que se hizo de abundante evidencia para el avance de la causa.
La primera aproximación económica que realizaron los investigadores respecto del monto de la defraudación a la clínica es de unos U$S 60 mil, si bien la ponderación es provisoria.
Las intervenciones con orden de allanamiento fueron en 11 objetivos y estuvieron a cargo de los investigadores de esta causa, iniciada en la Jefatura de Policía en noviembre pasado, tras la denuncia de los dueños del centro de salud privado. Los integrantes de la Unidad Judicial de Delitos Económicos y los respectivos sabuesos policiales se lanzaron contra domicilios en barrios privados de las ciudades de Córdoba, La Calera y Villa Allende, como así también en una escribanía, en un estudio jurídico y hasta en una empresa metalúrgica.
En esos lugares, los instructores se dieron con una abundante prueba documental y pudieron secuestrar algunos dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares y computadoras personales, donde habría archivos valiosos para la investigación, según confiaron fuentes del entorno judicial a este diario.
Pediátrica se sitúa a metros de la avenida Núñez, sobre Gregorio Y. Gavier 2085, en un sector del Cerro de las Rosas donde se concentran varios centros de salud privados. Es una clínica que atiende niños, niñas y adolescentes y cuenta con una plaza de juegos en su ingreso.
Sus dueños presumieron maniobras irregulares y por eso se presentaron ante la Justicia provincial a fines del año pasado. La denuncia inició una prolija investigación que en las últimas semanas dio sus frutos, cuando las evidencias comenzaron a cerrar el cerco sobre los presuntos responsables.
Cuatro acusados
Las maniobras que se investigan como presuntamente dolosas se dieron luego de la investigación que lleva varios meses y que concretó resultados en las últimas horas, al lanzarse los allanamientos y las detenciones.
Se indica desde la investigación que la exgerenta Ortiz realizó maniobras fraudulentas al realizar “múltiples operaciones financieras” valiéndose “maliciosamente de su calidad de gerenta”, lo cual comprometió “el patrimonio del centro de salud”. Ella estuvo en funciones como responsable máxima del centro de salud entre 2006 y 2022, cuando dejó el cargo.
Esas maniobras habrían sido –siempre según la acusación del fiscal Matías Bornancini– en beneficio personal de Ortiz y de su núcleo familiar íntimo, entre el cual se encuentra el otro detenido, Daniel Hugo Funes.
Pero Bornancini también imputó –sin detenerlas– a la hija de este matrimonio, la abogada María Lucrecia Funes (30), y a quien durante años fue la contadora del centro de salud, María Alejandra López (35). Mientras el matrimonio Ortiz-Funes permanece detenido, a las otras dos mujeres se les ha dictado la prohibición de salir del país.
A todos ellos, Bornancini les imputa el delito de “defraudación por administración fraudulenta”. Algunos agentes de esta investigación confiaron a este diario que podrían ampliarse los delitos y también extenderse esas irregularidades a otros acusados.
Operaciones ilegales y gastos caros
Esta administración fraudulenta, según el expediente, se conformaría por distintas operaciones financieras ilegales, como la emisión de cheques a nombre del centro de salud de forma irregular y celebración de contratos de mutuo o préstamos que comprometían el patrimonio de la clínica y el de sus socios.
Pero también el glosario de actividades irregulares se extiende a lo que denominan “compras irregulares”, que los acusados habrían realizado en beneficio personal y del círculo íntimo de la exgerenta. En esto, se inscribían adquisiciones de objetos suntuosos, en particular de vestimentas de marcas caras, como Etiqueta Negra, Key Biscayne o Jazmín Chebar, entre otras.
También se advirtió en la investigación la realización de viajes a destinos de categoría, con el consiguiente gasto de pasajes y otros rubros turísticos.
Estas operaciones son consideradas –prima facie– como ajenas al objeto social del centro de salud Pediátrica.
Si bien aún la cifra no es precisa, las fuentes en estrecho contacto con la investigación ponderaron que el monto de la defraudación por el momento alcanza aproximadamente los U$S 60 mil.
Bornancini continúa con la investigación y se espera que en las próximas jornadas indague a los imputados y les notifique cuáles son los cargos que, por el momento, se les reprochan.
