El Establecimiento Penitenciario Número 9, que funciona en barrio Cáceres de Córdoba Capital, es la puerta de entrada de los detenidos al Sistema Penitenciario de Córdoba y se encuentra al límite de su capacidad: aunque el número es variable, suele alojar hasta 800 personas, por períodos que por lo general oscilan entre una semana y dos meses.
Para descomprimir esa situación –en febrero pasado hubo una revuelta de detenidos durante la ola de calor– el Ministerio de Justicia de Córdoba resolvió que un nuevo sector de la cárcel de Bouwer que está pronto a inaugurarse se destinará también al alojamiento de esas personas que quedan bajo custodia del Servicio Penitenciario. Esto será así hasta que la fiscalía decida la liberación o determine la detención.
El pabellón que funcionará como apéndice de la UCA es una ampliación de Bouwer que suma 96 celdas y sus respectivos espacios comunes en dos plantas que anexan 6.325 metros cuadrados al edificio actual de la penitenciaría.
Según lo informado por el ministro de Justicia, Julián López, la obra ya está finalizada y en la actualidad se están realizando “pruebas de vacío”, que consisten en la comprobación del correcto funcionamiento de todas las medidas de seguridad del nuevo sector. El funcionario consideró que la ampliación de la capacidad de la UCA se concretará en el corto plazo.
Dado que la cárcel de Bouwer también se encuentra cerca de su capacidad, está comenzando la construcción de otro módulo que debería estar listo en un lapso de dos años.
Se trata de un nuevo módulo que tendrá 448 celdas y capacidad para 1.600 detenidos. La obra se encuentra con en un avance del 1%.
Plan integral
La medida es parte del plan integral que desarrollan el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público Fiscal para dar respuesta a la ola de inseguridad y mejorar la actuación contra los delitos en flagrancia.
La ampliación de la capacidad de la UCA es el primer paso de una serie que incluye la creación de 11 nuevas fiscalías de Instrucción en la Capital y la creación de cuatro Centros de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas, a los fines de descomprimir el único centro que en la actualidad funciona en Tribunales II. Las demoras en la recepción de los presos son una fuente constante de quejas de la Policía y de algunos fiscales.
Ese plan de trabajo es coordinado por el exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. Los nuevos centros de recepción de detenidos funcionarán en edificios existentes de comisarías que están siendo acondicionadas en cada uno de los cuadrantes de la Capital. La decisión fue adoptada por el rechazo vecinal al centro de recepción que se proyectaba junto al Hospital Materno Neonatal de barrio Alto Verde.
El plan oficial también incluye la creación de cuatro Fiscalías especializadas en causas con detenidos en flagrancia (que no requieren largas investigaciones), a los fines de acelerar los plazos y que sean juzgados rápidamente. El objetivo es también descomprimir a las Fiscalías de Distrito, puesto que la alta demanda que suponen esas causas con presos muchas veces dificulta el avance de las demás investigaciones.
El Ministerio de Justicia considera que el Consejo de la Magistratura pondrá en marcha en el corto plazo los concursos para la integración de las nuevas fiscalías, y el objetivo es que estén en marcha en el transcurso de este año.
También forma parte del plan de acción inmediato la eliminación de la actual ficha prontuarial, un documento que elabora la Policía de Córdoba de modo casi artesanal. En la actualidad el Ministerio Público Fiscal avanza en tratativas con el Ministerio de Seguridad de la Nación para usar esa base de antecedentes delictivos en la confección de un certificado digital que les permita a los fiscales agilizar las medidas procesales.
