El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, fue señalado como el presunto líder de una organización dedicada a la apropiación ilegal de campos en Santiago del Estero. Según denuncias presentadas ante la Justicia, el esquema operaría mediante ocupaciones violentas y la falsificación de instrumentos públicos, publicaron medios como La Nación y TN.
Denuncian un esquema de despojo sistemático
La zona de conflicto se concentra en el departamento de Alberdi, en una franja rural conocida como Colonia Fiscal Sobrantes del Desierto. Allí, una decena de vecinos denuncian maniobras de despojo que se extienden desde hace más de una década.
El abogado Edgardo Taboada calificó en LN+ el fenómeno como una “industrialización” del robo de campos.
Estimó que la red controlaría unas 50.000 hectáreas en el corredor de la Ruta 9, entre la capital provincial y Termas de Río Hondo.
Vínculos con productores de Jesús María
Los testimonios indican que, desde fines de los años noventa, productores agropecuarios de Jesús María se instalaron en la zona para desarrollar proyectos agrícolas.
Señalan que esos productores compraron derechos posesorios a pobladores locales, mediante escribanías, y empezaron a desarrollar proyectos agrícolas y ganaderos sobre campos que describen como vírgenes, con monte nativo y pasturas naturales.
Sin embargo, a partir de 2011, denunciaron la irrupción de grupos organizados con logística y vehículos. Los damnificados relatan episodios de quema de instalaciones, destrucción de bienes y expulsión violenta de los trabajadores rurales.
Los campos en Santiago del Estero
Según los compradores, uno de los casos paradigmáticos es “Campo Viejo”, de unas 2900 hectáreas, y “Pampita”, de aproximadamente 2420 hectáreas. Afirman que en marzo de 2003 los derechos posesorios fueron adquiridos por Ricardo Alberto Baldi y Carlos Csáky, junto con Gustavo Boneto y Héctor Roera, mediante la compra a pobladores locales.
Los testimonios sostienen que en 2004 se produjo un primer intento de usurpación por parte de gente que buscaba explotar la madera del monte, pero que la Justicia provincial ordenó el desalojo y restituyó la posesión a los compradores.
Empresas y nombres bajo investigación
La investigación judicial menciona a las firmas Malte SRL y SOMA SRL como titulares de tierras con escrituras presuntamente irregulares. Estas empresas están vinculadas a otras propiedades investigadas como posibles activos de Toviggino.
Entre los nombres señalados figuran Mauro Javier Paz, directivo de la AFA, y Darío Toviggino, hermano del tesorero. También se menciona a Fernando “Polo” Figueroa, padrastro de Toviggino, como uno de los operadores centrales en el terreno.
Denuncias por complicidad institucional
Los denunciantes sostienen que la organización cuenta con el amparo de sectores políticos y judiciales en la provincia. Aseguran que, cuando intentaron avanzar en la Justicia, recibieron amenazas o se enfrentaron a causas “inventadas” para frenar los desalojos.
“Las firmas son truchas; esta es la gran estafa”, denunció uno de los productores afectados. Por su parte, Taboada afirmó haber presentado múltiples denuncias penales que se encuentran “estancadas” por la inacción de jueces locales.
El modus operandi de la organización
El patrón denunciado incluye la ocupación por parte de grupos armados, a menudo vinculados a barras bravas. Luego, se iniciaría una cadena de transmisiones ficticias de títulos para simular ventas legítimas a terceros.
Hasta el momento, Pablo Toviggino no ha emitido una respuesta pública oficial ante estas acusaciones. Los damnificados han solicitado pericias caligráficas y estudios de títulos para demostrar la falsedad de las escrituras presentadas por las empresas vinculadas al dirigente.
La resolución de estos conflictos territoriales en el norte santiagueño permanece bajo una fuerte tensión social y judicial.
