Momentos de incertidumbre y tensión se viven en el fuero penal en los Tribunales de Río Cuarto. La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó que la jueza de la Cámara del Crimen Número 1, Natacha Irina García, fue denunciada por presunto “maltrato laboral”.
Según se informó, la secretaría de Sumarios Administrativos del Tribunal ha comenzado a tomar testimonios a los fines de realizar una “investigación preliminar”, con vistas a decidir si archiva los cargos o abre un sumario. García, conocida por su participación en el tribunal que juzgó a Marcelo Macarrón en la causa Nora Dalmasso, dijo a este diario que no hará declaraciones hasta conocer los términos de la denuncia.
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Según trascendió, la jueza fue denunciada por una ex funcionaria bajo su dependencia. Consultada por este diario, esta persona dijo no poder dar información porque “hay secreto de sumario”.
Lo que permitió conocer detalles del caso fue una reacción de empleados y funcionarios de la Cámara del Crimen número 2 ante un posible traslado de García. Según explicaron, se enteraron de que, cuando la jueza volviera de vacaciones, este mes, habría un enroque. El juez Emilio Andruet, de la Cámara 2 pasaría a la 1 y García ocuparía su lugar en la Cámara 2.
Los dependientes de la Cámara 2 enviaron un anota al delegado de la Administración General del Poder Judicial de Río Cuarto y dejaron sentado su “temor, preocupación, alarma y repudio a trabajar y a desempeñarse laboralmente bajo la dependencia de la vocal referida (Natacha García) así como de compartir el ámbito y espacio de trabajo con ella”.
La nota, con ocho firmas de empleados y funcionarios de la Cámara 2, consigna que la magistrada García habría tenido “problemas de vinculación con los equipos de trabajo” en la Cámara 1 y dice que tales inconvenientes se verían “reflejados en pedido de pases, rotaciones de personal, malestares permanentes y problemas de salud que han presentado y manifestado sus dependientes”.
Trascendidos dan cuenta de que el acuerdo para la permuta de funciones ya fue sido solicitado por García y aceptado por Andruet y, a fines de febrero habría sido redactado y firmado por los vocales del Superior Tribunal de Justicia.
En el plano formal, desde la oficina de prensa del Poder Judicial se informó que luego de la investigación preliminar hay dos posibilidades: se archiva la denuncia o se abre un sumario administrativo. Si se abre el sumario, se notifica a la persona denunciada para que ejerza su derecho de defensa. Las sanciones disciplinarias que puede imponer el TSJ a magistrados son multas y apercibimientos. Si el hecho denunciado es más grave (supera la competencia de Sumarios Administrativos) y, eventualmente, se puede remitir el expediente a Fiscalía General para que analice la posibilidad de elevarlo al Jurado de Enjuiciamiento, único órgano que puede remover o suspender a un juez en funciones.
