“Mientras más se aleja uno de la capital, el ejercicio de la abogacía se parece más a lo que ocurría en el ‘lejano oeste’”, suele decir un experimentado hombre de derecho de Córdoba. En algunos lugares del interior provincial la ley se parece más a aquello que habitualmente se menciona como “Justicia por mano propia”.
Algo de esto sucedió recientemente en Alta Gracia, donde los Tribunales funcionan en el marco de respeto y convivencia habitual, pero en la periferia de algunos barrios algunos letrados deben sufrir situaciones que se acercan a un plano más salvaje.
Vanesa Capcias es una abogada civilista de esa jurisdicción que está litigando en una causa de derechos reales, representando a un cliente que brega para recuperar unos 60 terrenos en barrio El Cerrito (o La Portada) que en su inmensa mayoría habrían sido usurpados por particulares, luego de que una sentencia judicial de 2023 se los adjudicó a su representado.
En ese marco, realizando algunas tareas en territorio para relevar quiénes ocupan esas tierras, debió soportar algunos episodios violentos hace algunas semanas, en particular con uno de los presuntos usurpadores de algunos de esos lotes. La letrada asegura que este hombre habría esgrimido un arma de fuego, la insultó, la amenazó y la coaccionó en un descampado alejado de la protección de otras personas.
Capcias había concurrido al barrio porque habían derribado unos pilares que su cliente Gustavo Valdez había construído para instalar medidores de electricidad. El demandado Luis Agustín Gallo y otro hombre la emprendieron contra los pilares utilizando mazas.
Tras haber sufrido un primer ataque verbal, la mujer y su acompañante -un hombre adulto mayor- hablaron a la Policía y para encontrar a los uniformados se retiraron hasta el polígono del Tiro Federal.
La mujer visitó La Voz para relatar que mientras la Policía demoraba unos minutos su llegada, llegó y se detuvo un vehículo con dos personas, entre ellos alguien que ella denunció por usupar varios lotes, Luis Agustín Gallo.
La otra persona habría esgrimido un arma -pistola o revólver- mientras que Gallo insultó en términos a la abogada advirtiéndole que si no se retiraba de la zona iba a “c... matando”. Según el relato de Capcias, Gallo le dijo que si volvía a los terrenos la mataría.
La denuncia de este episodio está radicada en la Fiscalía del 2° Turno de Alta Gracia, a cargo de Alejandro Peralta Ottonello. En esa fiscalía también se denunció la turbación de la posesión.
Litigio en sede civil
En el Juzgado de 1ª Nominación Civil y Comercial de Alta Gracia, a cargo de Graciela Vigilanti, se ventila la causa por al menos 26 acciones de derechos reales en las tierras de barrio El Cerrito.
Capcias sostiene que ella insiste en recurrir al diálogo para resolver diferencias con personas que ocuparon las tierras cuyo título ostenta su cliente. Sin embargo, según su relato, asegura que cuando va al barrio muchos ocupantes de esos lotes la agreden.
Describiendo la situación, Capcias señala que hay terrenos que han sido ocupados por personas que no tienen título y que otros han sido “vendidos” a terceros.
A raíz de esto, la abogada pidió medidas de restricción para quienes sostiene que la agreden, en particular para Gallo por el episodio relatado.
Apoyo institucional
En la visita a este diario, Capcias estuvo acompañada por Javier Pissoni, integrante de Acción Gremial del Colegio de Abogados de Córdoba, entidad profesional que está apoyando a la letrada.
Pissoni y Jennie Ayetti -titular de la delegación Alta Gracia del Colegio- están presentándose en sede judicial para acompañar el reclamo ante la amenaza en ejercicio de la profesión.
Esto responde a que el presidente del colegio, Eduardo Bittar, junto a Ayetti, firmaron una presentación para asistir a Capcios en las acciones que esta denuncia en los Tribunales de Alta Gracia.
Pissoni aclara que el acompañamiento es a raíz de la denuncia de amenazas y que en nada pretende inmiscuirse el Colegio de Abogados ni emite opinión en la causa de fondo, la de derechos reales que tramita la jueza Vigilanti.
La pretensión gremial es que cesen estos hechos y se tomen medidas para proteger a la profesional en el ejercicio de su profesión.
La presentación ante Peralta Ottonello firmada por Bittar y Ayetti pide que “se admita la intervención institucional del Colegio de Abogados de Córdoba en las presentes actuaciones, en virtud de los hechos denunciados por Vanesa Anabel Capcias, quien ha manifestado haber sido víctima de graves actos de violencia física, amenazas calificadas, daño a la propiedad y violencia de género, todo ello en el contexto del ejercicio de su profesión de abogada”.
En ese escrito se fundamenta la calidad de actor de la institución “por el artículo 32 de la Ley 5805, el cual faculta al Colegio a intervenir en aquellas causas en las que se encuentren comprometidos los intereses generales de la abogacía y el libre ejercicio profesional”.
Acompañando a Capcios, Pissoni recordó que recientemente también se produjo una episodio similar de amenazas en contra del abogado Ricardo Ramella, también asistido por el Colegio de Abogados por amenazas en la vía pública. La causa llegó a juicio con la condena al agresor del letrado.
Sobre este tipo de situaciones violentas en el marco del ejercicio profesional, Pissoni reflexionó que no debe llegarse a que los abogados no se atrevan a asumir por la posibilidad de sufrir agresiones. “No debe llegarse a la situación de que el colega termine diciendo: ‘esta causa no la tomo por miedo’”, graficó el representante de Acción Gremial del colegio.
