La noticia de un pastor evangélico con residencia en San Luis y en la cordobesa Villa Cura Brochero tenía un trasfondo de trata de personas, con explotación laboral a partir de la conformación de una secta.
Cuando no se acallaron los ecos de “Los sanadores egipcios” que encarnaba el maestro “Seshen”, y del uruguayo Álvaro Juan Aparicio Díaz, en un paraje cercano a Villa Cura Brochero, la semana pasada se conoció la detención del pastor del culto evangélico LFV (54) que junto a su pareja CVG (52) habría alienado varias familias de San Luis y que tras hacerles disponer fuertes sumas de dinero compró un predio en Traslasierra y llevó a sus “fieles” a trabajar en condiciones de reducción a la servidumbre.
Ambas causas, la de los “sanadores” que recientemente tuvo a sus nueve víctimas sobreseídas por haber sido objeto de trata y la de este pastor evangélico están radicadas en el Juzgado Federal N° 3 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja.
El magistrado ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que detenga al pastor luego de que el fiscal Carlos María Casas Nóblega pidiera su captura a partir de un requerimiento de instrucción por tener reducidas a la servidumbre a unas nueve personas, entre ellas, dos niñas.
La secta se había radicado en el paraje Divina Pastora, en el “Camino del Peregrino”, sobre la ruta nacional 14, de Cura Brochero. Allí se asentó el “Ministerio Profético Monte de Sion”, con sus autoproclamados “pastor” y “pastora”.
La imputación que ahora pesa sobre ambos “pastores” define la gravedad del caso: “trata de personas con fines de explotación laboral, económica y de reducción a la servidumbre o condición análoga, agravada por amenazas, por la cantidad de víctimas, por ser ministro de culto y por haberse consumado la explotación”.
Manipulación de vulnerables
El requerimiento redactado por Casas Nóblega sostiene que se aprovecharon de personas de “contextos socioeconómicos endebles” de la ciudad de San Luis, donde fueron convocados a la sede del “ministerio” en el barrio Libertad.
Esas personas atravesaban “profundos escenarios de vulnerabilidad” que los llevó a recurrir al “culto religioso en búsqueda de un espacio de contención social y guía espiritual”.
Eso aprovecharon LFV y VCG, quienes “habrían manipulado principalmente la fe de sus fieles”, con lo que consiguieron la “fidelidad al culto, infundiendo temor a través de amenazas consistentes tanto de anuncios de violaciones, golpes y también de supuestos castigos divinos impartidos por Dios, inclusive con la exhibición amedrentadora de armas de fuego, imposibilitándolos de este modo ejercer su libertad de autodeterminación, para de esta forma erigirse como líderes autoritarios incuestionables cuyos mandatos provenía directamente de Dios, motivo por el cual no podían contradecirlos”.
Con esto -según el requerimiento- lograron “aislar a los miembros de la congregación de todas sus redes de contención familiar”, para convertirse en la “única alternativa de salvación divina”.
Las actividades de la Iglesia Monte de Sion consiguió además, a través de la “pastora” formar grupos de mujeres que se reunían y le relataban todos los secretos familiares, lo cual luego fue aprovechado por los líderes “para pergeñar distintas estrategias de manipulación”.
“Salvadores” del “fin del mundo”
Al igual de lo que sucedió con los “sanadores egipcios” que comenzaron sus actividades en Córdoba y luego se trasladaron a Cura Brochero, en este caso también se utilizó la excusa de la pandemia del Covid-19 y en 2020 anunciaron “la llegada del ‘fin del mundo’ y con el fin de salvarlos del mismo” les exigieron a los “fieles” “un aporte económico mensual” o “diezmo” (de unos 15 mil pesos) para adquirir el terreno en Traslasierra.
CVG y VCG exigieron también a los miembros de la iglesia “la venta de sus inmuebles personales y de sus vehículos particulares” para hacer más aportes y construir viviendas, todo lo cual iba a “las arcas de los pastores, encargados de administrar el dinero”.
Como si esto fuera poco, además les exigieron a los integrantes del credo que compraran pollos para asarlos y venderlos al público, con el objeto de recaudar más dinero.
Explotación y sometimiento
Tras la adquisición del terreno en 2020, las familias se trasladaron allí en 2021 donde “las habrían acogido sometiéndolas a una situación de reducción a la servidumbre, con un dominio absoluto tanto físico como psicológico”.
Además, iniciaron la construcción de otras viviendas que no finalizaron y que sirvieron para albergar a las familias “en condiciones precarias de habitabilidad”.
El relato que hace el fiscal sostiene que en ese predio “todos estaban obligados a cumplir con las normas, indicaciones y reglas efectuadas por el ‘Pastor’, debiendo cumplir horarios para limpiar y mantener el aseo del lugar, levantar basura y excremento de los animales y demás actividades rurales vinculadas”.
El predio estaba “aislado de toda civilización”, según la acusación, y había sido “idealmente creado por los imputados para mantener a las víctimas al margen de la comunidad y poder así desplegar sus estrategias persuasivas y coercitivas”. El fiscal dice que los pastores prohibían a los residentes salir y para eso los amenazaban con castigos físicos y violaciones, muertes y golpes. Señalaban que eran “castigos de Dios” y hasta usaban un arma de fuego para amedrentar a los “fieles”.
Fuentes relacionadas a la causa indican que las víctimas de esta secta trabajaban totalmente gratis, vivían “como animalitos” porque residían en pocilgas y se alimentaban con desechos.
Tras la detención de LVF, se ordenó la captura de la “pastora” VCG, quien hasta el viernes no había sido ubicada.
Ahora, desde el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba procuran solucionar algunas cuestiones de las víctimas, entre ellas la tutela de las dos niñas rescatadas, de sólo 11 y 7 años de edad.
