La Justicia Federal desarticuló una estructura criminal que operaba desde la finca “Karina”, a solo dos kilómetros del paso fronterizo formal de Aguas Blancas, Salta, Argentina. Este operativo reveló un entramado de contrabando que movía hasta 300 vehículos diarios, generando ganancias anuales estimadas en casi $ 3.000 millones. Once personas fueron detenidas, incluida una policía provincial.
Ubicada estratégicamente a la vera de la ruta nacional 50 y a unos dos kilómetros del paso fronterizo formal de Aguas Blancas, la finca “Karina” se había transformado en una estación de tránsito improvisada para el contrabando entre Bolivia y Argentina, según lo informado por La Nación.
El predio contaba con una playa acondicionada sobre el río Bermejo, utilizada para el arribo de gomones cargados de mercadería y vehículos que cruzaban desde el país vecino. Medios de comunicación incluso llegaron a registrar el cruce de una camioneta por este paso clandestino.
La propiedad, compuesta por dos matrículas catastrales, tiene un historial complejo: una parte fue adquirida por Gladis Salazar en febrero por una cifra millonaria que no se condice con su perfil patrimonial, mientras que la otra está bajo litigio de sucesión tras el fallecimiento de su propietaria, Blanca Cortez.
La investigación: drones y tecnología contra el contrabando
La investigación, iniciada de oficio el 26 de mayo por la Justicia Federal, fue impulsada por la Fiscalía de Distrito de Salta, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, y la Fiscalía Federal de Tartagal, liderada por Marcos Romero.
Una herramienta clave para desentrañar la operativa fue el uso de un dron, que sobrevoló el predio días antes de los allanamientos, registrando lo que las cámaras a nivel de tierra no podían captar: la playa repleta de vehículos y los cruces de gomones desde Bolivia. Además, la actividad ilegal fue confirmada mediante la intervención de un agente revelador, dispuesto por la Fiscalía de Distrito, cuya evidencia fue presentada en la audiencia judicial.
El operativo de allanamiento, concretado el lunes 4 de agosto, fue autorizado por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, e involucró una comisión mixta de 170 efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Salta, DGA y Arca.
Detectaron contrabando en finca “Karina”
La Justicia Federal, a cargo de la jueza Ivana Hernández, formalizó una causa penal contra once personas, imputadas por asociación ilícita y contrabando de importación agravado por el número de intervinientes y el valor en plaza de la mercadería.
Entre los detenidos se encuentran José Suárez, los hermanos Francisca, Carmen y Jorge Cardozo, Gladis Salazar, Pedro Rivero, María Basco, Virginia Orellana, Cintia Gutiérrez, María Segundo y María Laura Tintilay. Un detalle alarmante es la imputación con agravantes de María Laura Tintilay, quien fue identificada como policía provincial con funciones en la Subcomisaría 9 de Julio de Orán y fue hallada en uno de los puntos de cobro durante el operativo.
Las autoridades identificaron a Alfredo Salazar, hermano de Gladis y residente en Bolivia, como el presunto operador de los envíos ilegales desde el país vecino. Su detención aún está pendiente, y hay otras capturas pendientes en la causa. José Suárez, junto a los Cardozo y Pedro Rivero, habrían sido los principales responsables de la administración de la actividad ilegal desde Argentina, supervisando el ingreso de vehículos y el cruce de mercadería hacia y desde Bolivia.
Contrabando en la frontera con Bolivia: un negocio multimillonario
La magnitud del contrabando queda evidenciada en las ganancias millonarias que generaba esta red. Se habían establecido dos puntos de cobro estratégicos: se exigían $ 2.000 por vehículo en el acceso a la finca y $ 1.000 por bulto de mercadería en la playa.
Adicionalmente, dentro del predio operaban seis puestos de comida regentados por los imputados, cuyos responsables debían pagar $ 20.000 diarios para operar. Con un estimado de 300 vehículos ingresando por día, cada uno con un promedio de diez bultos de mercadería, la recaudación diaria ascendía a $ 3.720.000, con excepción de los domingos, cuando la finca permanecía cerrada.
Un informe conjunto de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y la Dirección General de Aduanas (DGA) estimó el movimiento económico anual en $ 2.975.392.851,56, con un promedio mensual de casi $ 229.000.000.
Medidas judiciales y el futuro de la frontera
La jueza federal de Garantías de Tartagal, Ivana Hernández, rechazó los planteos de las defensas y dictó la prisión preventiva de los 11 imputados, argumentando riesgo de fuga y entorpecimiento procesal, además de la gravedad del hecho y el perjuicio al Estado.
Como medida crucial, se ordenó la clausura de la finca “Karina” y la instalación de una consigna permanente de Gendarmería Nacional en el lugar, no solo para evitar el contrabando, sino también para prevenir otros delitos como asaltos.
La causa sigue abierta, y la Justicia Federal subraya que este caso no es aislado, sino parte de una estructura organizada con complicidad local y conexiones internacionales. Se esperan nuevas medidas probatorias y posibles imputaciones, lo que podría derivar en un fortalecimiento de los controles en la zona.
