Como una bola de nieve que crece a medida que rueda pendiente abajo, la situación judicial del hijo del titular del Registro Automotor de la localidad de Oliva se complica con el transcurrir de los días. La Justicia federal de Villa María acumuló ahora la investigación que había iniciado la Fiscalía de Oliva y amplió la imputación.
Se cree que el joven, en total, habría desviado poco más de $ 2,1 millones de las arcas nacionales.
La fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, imputó meses atrás a Nicolás Marchisio como autor de presunta estafa a la administración pública, a raíz de la denuncia de su padre, el titular del Registro (DNRPA), Rafael Marchisio.
A finales del año pasado, el titular del DNRPA denunció ante la Justicia federal de Villa María que le estaban vaciando las cuentas que el Registro tenía asignadas en el Banco Nación y en el Banco Macro, y que desconocía por qué y cómo.
A partir de los testimonios de los empleados y del pedido de informes a Mercado Pago, la fiscal logró determinar quién habría desviado los fondos: el hijo del denunciante, Nicolás. El joven estudia una carrera relacionada con la computación y vive con sus padres.
El juez federal de Villa María, Roque Ramón Rebak, ordenó secuestrar el teléfono celular del sospechoso, en el que los investigadores pudieron establecer que, en junio de 2020, Nicolás había creado un usuario en la aplicación Mercado Pago, propiedad de Mercado Libre.
El punto clave fue que lo habría hecho no con sus datos, sino con los del padre.
Luego, Nicolás habría vinculado ese usuario con su correo electrónico privado y con su número de celular. De esa forma, habría tenido acceso a los datos de las cuentas bancarias y a las tarjetas de débito o de crédito que el DNRPA tenía asignadas en el Banco Nación y en el Banco Macro antes o a mediados de noviembre del año pasado.
Entre esa fecha y fines de marzo de este año, Nicolás habría utilizado su usuario de Mercado Pago para realizar 43 transferencias –mediante débito inmediato (Debin)– del dinero que estaba en las cuentas del Registro en el Nación y en el Macro. Así, habría consumado la defraudación por un total de $ 1.120.808, que fueron transferidos desde esas dos cuentas bancarias hasta Mercado Pago.
Nuevos hechos en Oliva
La fiscal Schianni acumuló la causa que la Fiscalía de Oliva, a cargo de Mónica Biandrate, había iniciado en el fuero provincial, ya que el titular del Registro había denunciado en la comisaría del pueblo, en marzo de 2022, un faltante de dinero en la cuenta del DNRPA.
La fiscal provincial advirtió que se realizaron cinco transferencias durante febrero y marzo de 2022 (una por $ 185 mil y cuatro de $ 200 mil cada una, totalizando $ 985 mil) a nombre de Nicolás Marchisio, titular de una cuenta en el banco digital Brubank. De esta forma, la suma total desviada ilícitamente superaría $ 2,1 millones.
Al denunciar el faltante, Rafael Marchisio dejó asentado que los únicos autorizados para efectuar transferencias en la cuenta del Registro eran él –como su titular responsable– y una empleada. Al exhibirle a su hijo los datos de las operaciones, el joven respondió que sus datos personales de las operaciones eran correctos (nombre, DNI y correo electrónico), pero que los referidos a la cuenta en Brubank no eran precisos o correctos.
La Fiscalía de Oliva pidió informes a distintas entidades, comparó los resúmenes y luego remitió la causa al fuero federal cuando Schianni solicitó información sobre la investigación que habían iniciado a principios de 2022.
Schianni pidió al juez Rebak ampliar la imputación por cinco nuevos hechos de presunta defraudación contra la administración pública nacional, sosteniendo así la misma hipótesis: que Nicolás, por el vínculo estrecho con su padre, habría accedido a los datos de las cuentas bancarias del Registro y, valiéndose de esa información, transfirió los fondos a su cuenta personal en Brubank.
El joven deberá ser indagado nuevamente el mes próximo.
Qué dijo el abogado del joven
Marcelo Martín Silvano, abogado defensor de Nicolás, dijo a La Voz que no está al tanto de los nuevos hechos que se le endilgan al joven. “La Fiscalía le atribuye un delito de estafa a la administración pública. No hay defraudación a la administración pública, porque la cuenta bancaria donde falta el dinero no es propiedad del Registro del Automotor, sino que el titular es su padre”, opinó.
“Porque si se ha pagado al Registro Nacional de la Propiedad Automotor, ¿cuál es el delito contra la administración pública? La fiscal argumenta que como esa cuenta corriente sirve para pagar algún trámite o transferir algún dinero al Registro para que este haga la transferencia, eso sería una cuenta de la administración pública. Considero que no”, dijo.
Y agregó que “la cuenta está a nombre del padre de Nicolás Marchisio, quien es el titular del Registro de Oliva. Si tenés que hacer una transferencia y pagás un millón de pesos por la transferencia del auto, de ese millón hay un porcentaje, pongámole un 20%, que le corresponde al titular del Registro. El resto del dinero son impuestos, transferencias, todo lo que va al Registro Nacional de la Propiedad Automotor”.
“Si de esa cuenta mandás $ 800 mil al Registro Nacional en Buenos Aires, vos con los $ 200 mil que te sobran hacés lo que te da la gana, porque es dinero del dueño del Registro. Mientras al Registro se le haya pagado todo, no hay defraudación al Registro”, añadió.
“El denunciante no es el Registro, sino el mismo padre que denuncia que le falta dinero y que le están quitando dinero. Si fuera el hijo, el hijo será imputable por eso. Si fuera imputable por eso, no le corresponde responsabilidad penal en virtud del artículo 185 del Código Penal, inciso 1. No tiene responsabilidad penal″, indicó.
El texto penal estipula que “están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren: 1) los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en la línea recta”.
“De hecho, hasta podría discutir si es una competencia federal o provincial. Porque, desde mi punto de vista, se parece más a un concurso provincial, que es una defraudación común, una cuenta regular, que una defraudación a la administración pública”, cerró.
