En abril de 2022, causó estruendo la detención de Edgar Adhemar Bacchiani, quien se hacía llamar “God trader” y era titular de la financiera Adhemar Capital, con sede en el barrio cordobés Cerro de las Rosas.
Luego, en diciembre de 2024, “bajaron” de un avión que salía del Aeropuerto Ambrosio Taravella a la influencer Candela Salazar.
El viernes pasado le ocurrió lo mismo a Gabriel Enrique Cabrera (36) un trader cordobés que comparte la misma acusación de los dos casos anteriores: estafar a particulares con la promesa de invertir sus ahorros para comprar criptomonedas, a cambio de jugosos intereses mensuales en dólares y la devolución del capital al final del contrato, según la Justicia.
Los tres han caído por órdenes de la fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno de Córdoba, Valeria Rissi, quien en este último caso allanó la casa de Cabrera en barrio Colón –Murcia al 2100– y se lo llevó con la imputación de “estafas reiteradas”.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de Córdoba, con la coordinación de Delitos Económicos.
La modalidad, según los primeros datos que se conocen de la causa, es que Cabrera habría engañado a miembros de su entorno –amigos y familiares– recibiendo montos de dinero que alcanzaban los U$S 15 mil, U$S 20 mil y hasta U$S 30 mil para la adquisición de criptomonedas, a cambio de “inmovilizar” el capital en plazos variables (generalmente un año) con la promesa de pagar, mes a mes, un interés muy elevado, según la sospecha judicial.
El primer cálculo de la presunta defraudación indica que el monto global asciende a U$S 108.021 y $ 16.700.000.
El hecho de haberse aprovechado de la confianza de miembros de su entorno de amistades y familiar puede ser utilizado como un agravante. A esto se le añade que el “boca a boca” de los primeros “éxitos” le habría generado nuevas contrataciones.
Fuentes relacionadas con la causa sostienen que Cabrera prometía un interés del 60% al 70% nominal anual, pagado mes a mes. Otras fuentes indican que ese rendimiento era del orden del 8% efectivo mensual.
La moneda que recibía Cabrera, según fuentes judiciales, era principalmente el dólar, o bien pesos que se convertían a dólares para fijar la operación con ese monto en la moneda norteamericana. También hubo algún caso de USDT, la criptomoneda cuyo valor es de prácticamente de una unidad digital por dólar.
Fuentes relacionadas con la investigación señalan que las operaciones eran muy sencillas, sin contratos y en una sede “informal”, ya que Cabrera trabajó hasta setiembre pasado en oficinas de un coworking de barrio General Paz.
En ese sentido, se movió sin demasiada estructura, como lo hicieron en su momento Bacchiani o los integrantes del Grupo Roma, que montaron una sede formal en el mismo barrio que Cabrera.
Lo que sostienen fuentes de Tribunales 2 es que en septiembre pasado Cabrera dejó de frecuentar esas oficinas, dejó de pagar los intereses mensuales y no atendió más los llamados de sus clientes.
Fuentes del caso señalan que se tratraría de una estafa con un esquema Ponzi, porque Cabrera habría utilizado el dinero (del capital) de los propios inversores para pagar al menos los primeros rendimientos, siempre según las sospechas.
En general, no existiría ningún reintegro del capital entre los denunciantes.
Por el momento, la causa está en fase primigenia de investigación.
Se señala que Cabrera usaba el “discurso” de las criptomonedas, pero todavía no se sabe que haya “invertido” de esa manera.
Los presuntos damnificados son 12, por ahora.
No obstante, al conocerse la detención y la apertura de una causa, pueden comenzar a presentarse en la Justicia eventuales víctimas.
Por el momento, no se conoce la posición del acusado.
Denunciante
El abogado penalista Carlos Cardeilhac redactó las 12 denuncias y se presentó ante la Justicia para patrocinar a los presuntos damnificados. Manifestó a La Voz que espera que los abogados de Cabrera estén dispuestos a negociar para reparar el daño y resarcir a las víctimas, como un modo de evitar una sanción penal más grave.
De todos modos, señaló que ya trabó embargo sobre la vivienda de Cabrera y un automóvil de su pareja.
Cardeilhac sostiene que la mujer –también denunciada por él, pero por el momento no imputada– “conocía todos los movimientos” de Cabrera y “hasta recibió algunas transferencias” monetarias de los clientes.
No se conoce la versión de la mujer.
El abogado querellante dijo que lo reclamado civilmente por sus 12 clientes supera los U$S 180 mil y que, además, se reclaman $ 14 millones en concepto de daño emergente, moral y psicológico.
Cardeilhac representa a 12 damnificados que se han constituido como querellantes particulares y actores civiles.
El letrado declaró a este diario que “la estafa consistía en captar fondos en dólares y en pesos de particulares, en especial de aquellos con quien tenía relación de amistad, bajo la promesa de abonar en concepto de interés un porcentaje de entre el 5% y el 8% mensual del capital invertido, dinero que podían retirar al año y sin ningún riesgo”, según las promesas.
“El ardid utilizado era el aprovechamiento de la estrecha relación de amistad con sus víctimas”, completó Cardeilhac.
Sobre la posibilidad del uso del dinero para inversores, el abogado querellante expresó: “En realidad, todas las inversiones eran falsas porque los intereses eran solventados con los aportes efectuados por otras víctimas”.
El letrado destacó la investigación de Rissi y el papel que jugó Delitos Económicos, que “en poco tiempo avanzaron con la prueba y las medidas”.
Fuentes de la fiscalía indicaron que el imputado aún no había designado abogado defensor.
Se espera que lo haga en las próximas horas y que sea indagado la semana próxima.
La causa había recaído inicialmente –con las denuncias a fines de 2024– en la Fiscalía de Distrito 3, Turno 3 de Córdoba, a cargo de Silvana Fernández. Luego, por la complejidad del caso, la Fiscalía General se la envió a Rissi el pasado 31 de marzo.
