A pesar del relato inicial de las autoridades de la Policía, cuando horas atrás respaldaron el procedimiento del pasado lunes en una estación de servicio de barrio Villa Páez, franja oeste de la ciudad de Córdoba, tras el cual murió Guillermo Alberto Bustamante a causa de un presunto paro cardiáco, este martes la fiscalía instruyó cinco detenciones contra uniformados de la fuerza.
El hombre había llegado al lugar alrededor de las 3 y solicitó una carga de combustible. Tras una aparente discusión con el playero del lugar, el operario decidió pedir asistencia a la fuerza. Esto derivó en las actuaciones de la fuerza que ahora son objeto de investigación.
La decisión fue oficializada este martes por el fiscal Guillermo González, que tiene la causa en sus manos. La determinación, según informó el propio fiscal, se basó en el análisis de los testimonios y videos incorporados y en el resultado parcial de la autopsia.
Los imputados son el subinspector Marcos Guzmán Altamirano, el oficial ayudante Nicolás Bulacio y el cabo Juan Martín, todos por el delito de “Homicidio calificado por abuso de sus funciones en calidad de miembros de las fuerzas policiales, en calidad de co-autores”.
En tanto, el oficial inspector Walter Perfumo fue acusado bajo la figura de “Encubrimiento por no denunciar la perpetración de un delito, doblemente agravado por el hecho precedente y por su calidad de funcionario público en concurso ideal, y en calidad de autor”.
El quinto implicado es el sargento Mariano Córdoba, que carga con la imputación de “Omisión de los deberes de funcionario público en calidad de autor”.
A su vez, González aclaró que aún quedan pendientes actos procesales de incorporación de pruebas que podrían sumar, agravar o morigerar las imputaciones.
En total, del procedimiento que tuvo lugar en la estación de servicio, ubicada en avenida Octavio Pinto y Mariano Castex, participaron 15 uniformados de distinto rango. Los pesquisas tienen en su poder los teléfonos celulares de cada uno. Será clave saber si alguien hizo alguna llamada desde su móvil una vez que se constató la muerte del hombre y si entonces crece o no la imputación.
Además, todos los policías fueron sometidos a pruebas toxicológicas. Según fuentes con acceso a la causa, dieron negativo para el consumo de alcohol. Se espera el resultado para otras sustancias.
El mismo análisis se realizó con la víctima, pero tampoco se conoce el resultado de este estudio. Vale resaltar que las medidas adoptadas por González se dan durante un periodo incipiente de la prueba. Los mismísimos pesquisas son cautos: “Aún falta conocer el resultado completo de la autopsia”.
Pero la alarma en Tribunales sonó fuerte: “Algo no cierra”, repiten las fuentes por los pasillos. Creen que los registros de las cámaras de seguridad de los establecimientos ubicados en las proximidades de la estación de servicio podrían ser claves.
Violencia institucional
En tanto, la viuda de Bustamante, Agustina Daiana Escotorin, se mostró conforme con el avance de la investigación, aún abrumada por la conmoción. Sin embargo, dijo que no descansará hasta tanto no “paguen todos los culpables”.
Por su parte, el abogado de la mujer, Carlos Nayi, caracterizó el caso como un “grave hecho de violencia institucional”. Y aseguró que la familia solicitó ser querellante en la causa dado que tiene el firme propósito de que se descubran las responsabilidades del caso, para “que ninguna otra persona deba padecer apremios y abusos ilegales de parte de la fuerza pública”.
“Esta querella solicita que la muerte cruel, injustificada a partir de un claro abuso de fuerzas de la Policía de Córdoba sea enmarcado en un contexto de violencia institucional; y los familiares directos, concretamente la viuda, deben ser un punto de referencian para entender la circunstancia de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos”, sostuvo Nayi.
Para el abogado, es imprescindible determinar la función que ocupaba cada uno de los uniformados, junto con las actividades concomitantes y posteriores al evento.
“Debe tenerse en cuenta que forman parte de la estructura del Gobierno y del ministerio de Seguridad, y deben ser enmarcadas en ese contexto”, consideró.
A su vez, recalcó que las fuerzas de seguridad deberían servir para “crear mayores libertades”.
“Tienen una obligación impostergable e indelegable que consiste en fomentar medidas que nos permitan como ciudadanos vivir más libres. En este contexto entiendo que la primera violencia que debe controlarse, combatirse, es la institucional”, solicitó.
10 mil pesos
Una y otra vez, la esposa de la víctima fatal extrajo de un monedero 10 mil pesos y volvió a guardarlos: “A este billete lo voy a conservar para toda la vida. A mi marido lo mataron por 10 mil pesos”, repite aún atribulada por los acontecimientos.
Mamá de un hijo de 4 años, la mujer asegura que su pareja era un excelente padre y mejor compañero. “El trabajaba muchísimo y esa noche volvía de colocar unos techos de Durlock en una panadería. Cuando me di cuenta que se estaba demorando más de la cuenta, le llamé por teléfono y de fondo podía escuchar los gritos de la Policía”, relata.
Eran las 3. Ella se había dormido junto a su hijo. Estaban en la casa de la suegra, porque habían llegado hasta allí a cuidarla, pero no era el domicilio de ellos. La estación de servicio está ubicada a pocas cuadras de la vivienda.
Alarmada por los alaridos de su pareja, llamó a un taxi y se apersonó en el lugar. Antes de subir al auto, había sacado 10 mil pesos y al llegar le avisó al playero que traía el billete.
“Pero no me lo quiso recibir. Antes de que llegara, Guillermo había cargado nafta y no tenía cómo pagar porque no le funcionaba el wifi, no tenía datos y no podía utilizar la aplicación que habitualmente utiliza para pagar”, contó Escotorin, y cuestionó: “Ese mismo playero llamó a su amigo policía; no llamó al 911. Lo vino a socorrer a su amigo”.
Además, dijo que al llegar al lugar suplicó varias veces que la dejaran ver a su marido. “Le estaban pegando. Una policía mujer amenazó con detenerme si seguía gritando. Finalmente, vi como mi pareja caía al suelo con todo su peso muerto”, se angustió.
“Lo ahorcaron. Le pegaron en el auto. El pedía socorro a los gritos y ellos no dejaban de pegarle. A mi marido lo mató la Policía, siendo que ellos están para cuidar a la sociedad”, planteó.
La mujer ahora espera que todos los uniformados que participaron del operativo sean investigados y reciban las condenas que correspondan. Y también realizó un pedido más: “No está bien que hayan salido a decir que el procedimiento policial fue correcto, cuando el cuerpo de mi pareja está lleno de golpes. Los quiero presos a todos”.
