Desde mediados de este año se vienen acumulando las denuncias penales por diferentes delitos que aparentan tener la misma lógica criminal: motos secuestradas por la Justicia que desaparecen del predio en el que quedan estacionadas.
Diferentes ciudadanos aseguran que han sido víctimas de una maniobra calcada: en la calle, son frenados cuando viajan en moto por la Policía, que termina por quitarles el rodado por alguna falta menor, pero, cuando van a buscar el vehículo en el predio de Potrero del Estado, se encuentran con que allí alguien se lo robó.
Un espejo roto o la falta de la documentación que acredite la propiedad de la moto suelen ser las causas principales. Cuando los policías secuestran el rodado en cualquier calle de la ciudad de Córdoba, la indicación es clara: la moto queda en custodia por orden judicial.
Ante esto, el propietario comienza un peregrinar por unidades judiciales o por el mismo edificio de Tribunales 2. Presenta papeles hasta que un funcionario despeja cualquier duda y ordena la restitución.
Con una hoja oficial y con un turno, el dueño tiene que dirigirse al predio de Potrero del Estado, en la comuna de Bouwer, donde quedan estacionados todos los vehículos secuestrados por la Justicia.
Y es allí donde ocurre lo insólito: pese a tener custodia policial las 24 horas de los 365 días del año, las motos han desaparecido.
El abogado Carlos Nayi ya patrocina a 11 damnificados de esta maniobra. Once casos calcados que desnudan no sólo un descontrol, sino una fuerte sombra de complicidades oficiales en torno a estas “desapariciones”.
Sin embargo, hasta ahora los casos no han sido investigados todos juntos por una sola fiscalía, sino que cada denuncia continúa desperdigada en la sede judicial que le tocó en su momento.
En las últimas horas del jueves, el fiscal de Distrito 1, Turno 6, José Bringas, ordenó imputar y detener a dos policías, a los que acusó del presunto delito de encubrimiento, en el marco de la investigación por una de las 11 denuncias que presentó en su momento el abogado Nayi.
Según trascendió de fuentes judiciales y policiales, ya que no hubo ninguna comunicación oficial al respecto, fueron detenidos una cabo primera, que depende del Cuerpo Técnico de la Policía, y un cabo primero, del que no se especificó su actual lugar de trabajo.
En los allanamientos practicados por personal de la unidad judicial 23, se secuestraron seis teléfonos celulares, dos bicicletas, dos cuadros de bicicletas y documentación.
“Hay denuncias dispersas en diversas fiscalías. Esto excede la figura penal de encubrimiento, acá hay asociación ilícita, ya que no se trata de una maniobra individual”, apuntó el abogado Nayi.
El letrado agregó que urge la intervención del predio de Potrero del Estado y que se conforme un grupo dentro de la Policía especializado en transparentar la cadena de custodia.
“Hurto”, “violación a los deberes de funcionario público”, “omisión de denuncia” y “abuso de autoridad” formaron parte de los posibles delitos que Nayi solicitó que fueran investigados cuando comenzó a observar la escalada de denuncias similares.
Pero la Justicia cordobesa aún no investiga la trama en común que une a cada uno de estos robos.
No obstante, altas fuentes policiales aseguraron que en los próximos días puede que se produzcan avances en una investigación similar, pero que apunta a responsabilidades superiores dentro de la custodia de Potrero del Estado.
Se trata, hasta ahora, de una pesquisa que se estaría realizando bajo un total hermetismo.
En paralelo, en Tribunales 2 comenzó a hablarse mucho de este tema en los últimos días, tras la difusión pública de esta seguidilla de casos. “La Justicia no puede desentenderse de lo que está ocurriendo porque cada vehículo que desaparece está a disposición de un fiscal o de un juez y es responsabilidad de ellos velar por estos automotores”, añadió una fuente judicial que conoce bien de cerca los entretelones del principal edificio penal de la provincia.
La detención de estos policías cayó como un baldazo de agua fría en Jefatura. Sucede que ayer se conoció que tres comisarios quedaron presos por el encubrimiento en el “gatillo fácil” que se cobró la vida de Blas Correas en agosto (ver página 26), mientras que hace una semana otro policía había sido detenido junto con una banda que realizaba estafas con la compra y venta de automotores.
