Dos exjefes de la Subdelegación La Quiaca, Jujuy de la Policía Federal Argentina, Cristián Bejarano y Milton Cano, fueron detenidos luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara sus condenas a 4 años y 8 meses de prisión por intento de contrabando agravado.
La decisión del máximo tribunal, comunicada el 20 de agosto pasado, dejó firme la sentencia por el intento de traficar insumos sanitarios y mercadería a Bolivia durante la pandemia de Cpvod-19, cuando la frontera se encontraba cerrada.
Los exjefes fueron condenados como coautores del delito de contrabando de exportación agravado por el número de intervinientes y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, en grado de tentativa. Actualmente, Bejarano y Cano, junto con los otros condenados, se encuentran alojados en el Escuadrón La Quiaca de la Gendarmería Nacional Argentina, a la espera de ser trasladados al Complejo Penitenciario Federal NOA III.
El caso se remonta al 22 de abril de 2020, cuando personal del Escuadrón 21 de La Quiaca de la Gendarmería Nacional interceptó un camión Mercedes Benz 710 cargado con insumos sanitarios y mercadería en el paraje “Ojo de Agua”, una ruta utilizada frecuentemente para cruzar a Bolivia.
El vehículo formaba parte de un convoy junto al móvil oficial de la Policía Federal, en el que viajaban los exjefes y Fabián Saiquita, uno de los hermanos implicados. El operativo se realizó a unos 500 metros del límite internacional. La mercadería incautada superaba los 840.000 pesos argentinos, y el camión fue valuado en aproximadamente 900.000 pesos.
La investigación penal también resultó en la condena de los hermanos Luis, Paul y Fabián Saiquita a 4 años y 3 meses de prisión, y la de Eduardo Laime, chofer del camión, a 2 años en suspenso como partícipe necesario. El fiscal federal Federico Zurueta, de la Unidad Fiscal de Jujuy, fundamentó las acusaciones basándose en registros de llamadas, libros institucionales y testimonios.
Durante el juicio, el fiscal presentó pruebas de comunicaciones entre Bejarano y Cano con efectivos de Gendarmería y funcionarios de alto rango, buscando anticipar resultados de peritajes clave. El análisis de teléfonos y la existencia de un segundo libro de registro, elaborado para simular una comisión conjunta con Gendarmería, desvirtuaron la teoría de rivalidad u operativos confusos defendida por los abogados.
El primer fallo, emitido el 6 de agosto de 2021 por el tribunal compuesto por Alejandra Cataldi, Marta Snopek y Mario Héctor Juárez Almaraz, absolvió a los policías y a los hermanos Saiquita por beneficio de la duda, mientras que Laime fue absuelto por unanimidad. Esta sentencia fue impugnada.
La Cámara Federal de Casación Penal, con los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, declaró la responsabilidad penal de los seis acusados en noviembre de 2021, siguiendo el planteo fiscal y las pruebas presentadas.
La Sala III de Casación ratificó esta resolución en febrero de 2022. Tras la incorporación del juez Abel Fleming en reemplazo del fallecido Juárez Almaraz, el Tribunal Oral Federal de Jujuy sentenció finalmente a los exjefes y sus cómplices el 7 de marzo de 2022.
Las defensas de los policías recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que rechazó el recurso extraordinario. El último intento, un recurso de queja, fue desestimado el 14 de agosto, lo que dejó firme la sentencia y habilitó las detenciones que se concretaron en los días siguientes.
