El juez federal N°3 de Mendoza, Marcelo Fabián Garnica, y la Gendarmería detuvieron el miércoles a los expolicías Néstor Ramón Falcón, Adolfo José Siniscalchi Arizmendi y Ramón Ignacio Ahumada Rodríguez, sospechados de la desaparición forzada de Paulo Christian Guardati, el 24 de mayo de 1992, luego de que fuera detenido en la calle.
Las detenciones se produjeron a pedido de la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos de Mendoza, que encabeza el fiscal general Dante Vega e integran los auxiliares fiscales Daniel Rodríguez Infante y Analía Quintar, y que intervienen en el caso por disposición del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, según informó el Ministerio Público.
El miércoles, tras ser detenidos, el juez indagó al exoficial subinspector Falcón -como coautor-, y a los excomisario mayor y subcomisario -respectivamente- Ahumada Rodríguez y Siniscalchi Arizmendi como autores mediatos del delito de desaparición forzada. También había ordenado la detención del exprincipal Roberto Rubén Sisterna López, pero se determinó su fallecimiento.
El caso de Paulo Christian Guardati
De acuerdo a las pruebas recolectadas por la Oficina de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos, en la noche del 23 de mayo de 1992, Guardati asistió con unos amigos a un baile en la escuela Atilio Anastasi, del barrio La Estanzuela, de la localidad de Godoy Cruz.
Durante el baile, en el que había presencia policial, la víctima tuvo un entredicho con un oficial quien, horas más tarde, en la madrugada del 24 de mayo, emprendió una persecución contra el grupo. En ese contexto, a la altura de la manzana 32, el oficial -que estaba armado- detuvo a Guardati, lo esposó y lo trasladó -a pie- al Destacamento Policial de La Estanzuela, ubicado a pocos metros de allí, y donde el joven fue visto con vida por última vez.
El 25 de mayo, la madre del joven, Hilda Gladyz Lavizzari, denunció su desaparición en la comisaría séptima de Godoy Cruz. En ese contexto, el fallecido exprincipal Sisterna López instruye el sumario y designa como secretario al exoficial subinspector Falcón.
Si bien dieron intervención al Segundo Juzgado de Instrucción de Mendoza, dos días después, el excomisario mayor Ahumada Rodríguez remitió un informe que daba cuenta de la investigación, aunque recién elevaron el sumario 23 días después de recibida la denuncia. En ese periodo, los imputados habrían desarrollado una serie de diligencias que permitieron sustraer el hecho del conocimiento de quienes debían intervenir en el inicio.
El 9 de febrero de 1993, la jueza subrogante del juzgado local procesó a cuatro oficiales del Destacamento de La Estanzuela por los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio calificado, al tiempo procesó por encubrimiento a otras diez personas vinculadas al ingreso y egreso de un cadáver -que se suponía era Guardati- al Hospital Lagomaggiore y al Cementerio de la Capital de Mendoza.
En abril de ese año, por mayoría, se dictó la falta de mérito en favor de los efectivos policiales y, seis meses después, al no haberse incorporado nueva prueba, se dictó su sobreseimiento.
En octubre de 1993, la madre del joven denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Finalmente, en octubre de 1997, la CIDH emitió su informe y recomendó al Estado argentino la publicación y difusión amplia del informe de la comisión (ad hoc) del 16 de agosto de 1996. Además, decidió supervisar las medidas que adoptara el Estado hasta que se alcanzara el pleno cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Investigación.
En noviembre de 2021 comenzó a intervenir el Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, que delegó la instrucción del caso en la Fiscalía Federal N° 2, que solicitó la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic). Asimismo, mediante resolución MP 115/22, la Procuración General de la nación dio intervención a la Oficina Fiscal de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Mendoza.
Así, la Oficina Fiscal emprendió una serie de medidas que incluyeron la exhumación de un cuerpo para extraer una muestra ósea para su cotejo con muestras hemáticas de la familia de Guardati. Sin embargo, tal medida arrojó resultado negativo al descartarse que los restos fueran del joven.
En septiembre pasado, el Ministerio Público requirió la nulidad de los sobreseimientos dictados por la Justicia provincial en favor de los policías del Destacamento de La Estanzuela y su detención junto a la de los oficiales de la comisaría séptima de Godoy Cruz.
Esa solicitud derivó en la orden judicial -que hizo lugar parcialmente al pedido- de allanamiento de una serie de domicilios y de detención de los efectivos de la comisaría séptima, que fueron indagados ayer.
Con relación a los efectivos del Destacamento la Estanzuela, el Ministerio Público adelantó que recurrirían la decisión que rechazó el pedido de nulidad y las imputaciones respectivas.
