En el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el marco de habilitaciones de negocios en Córdoba, conocida como “la causa de los bomberos”, fue detenido un inspector municipal. Héctor Jayo (51) fue detenido por el presunto delito de extorsión.
El municipal fue detenido en su vivienda de barrio Villa Argentina, de la ciudad de Córdoba. En el allanamiento se secuestró importante documentación probatoria para la causa.
Allí se encontraron varios vehículos, algunos de alta gama, entre ellos un Mercedes Benz. Pero además trascendió que el trabajador municipal sería titular de varias propiedades en distintos lugares de Córdoba.
A las órdenes del fiscal de Distrito 1 Turno 2, Guillermo González, los miembros de la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial, además del domicilio de Jayo, también allanaron el Centro de Participación Comunal (CPC) de barrio Empalme.
El operativo fue en el área de Inspección General, donde el detenido se desempeñaba, como así también la dirección de ese CPC. En ambas oficinas se secuestró “evidencia de relevancia para la causa”, comentaron los efectivos.
Al tiempo que se indica que se están recolectando testimonios de numerosos comerciantes que habrían sufrido la acción indebida de Jayo, al inspector municipal se lo acusa de haber “exigido ilegal y coactivamente al dueño de un negocio el pago de una importante suma de dinero para no clausurarle su establecimiento”, cuya habilitación se encuentra en trámite y pronta a ser concluida. Se desconoce por ahora su posición exculpatoria.
Desde la Justicia indican que la investigación se inició con la denuncia formulada recientemente por la Dirección de Habilitaciones de la Municipalidad de Córdoba y se encuentra en pleno desarrollo.
Este caso forma parte de las distintas líneas de investigación que integran la “megacausa” en la que se analizan múltiples habilitaciones ilegales que se habrían producido sobre varios establecimientos comerciales de la ciudad de Córdoba.
En este expediente, continúan detenidas (otras) siete personas imputadas por el delito de asociación ilícita, entre ellos, actuales y exintegrantes de la Dirección Bomberos de la Policía, profesionales especialistas en materia de higiene y seguridad y un policía que se desempeñaba en la Jefatura de la Policía.
La Justicia de Córdoba profundiza la investigación contra la presunta asociación ilícita que al parecer vendía certificaciones falsas de habilitación de negocios. Cada documento trucho costaba al menos $ 200 mil, según la investigación. Se estima que hubo 27 habilitaciones de negocios truchas, con el cobro de millones de pesos pagados.
La causa prosigue a paso firme.
