El fiscal de Instrucción del Distrito I Turno 2° Guillermo González ordenó la detención de Gustavo Folli Pedetta, exjefe de Bomberos, ex subjefe de Policía y exdirector de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba, por un caso de violencia de género contra su expareja y también por ser considerado parte de la asociación ilícita que proveía de certificaciones “truchas” de Bomberos a comercios, grandes superficies y otras locaciones.
También fue detenido otro exjefe de Bomberos, Sergio Sosa, por la asociación ilícita y se allanó –una vez más– el cuartel central de Bomberos de la Policía de la provincia, “secuestrándose documentación relevante para la causa”, consigna el informe judicial.
A Folli se lo imputó también por “instigación al aborto y supuesta autoría de los delitos de abuso de autoridad y amenazas en perjuicio su expareja, hechos que habrían ocurrido en un contexto de violencia de género en la cual la víctima se vio inmersa durante muchos años, evidenciándose en la actualidad presumiblemente un daño psicológico en su persona”, dice el informe de la fiscalía.
La asociación Ilícita que se está investigando es la que se conoce como la causa Bomberos, por la que están detenidos y con prisión preventiva Julio Zárate, Eduardo Rivadero, Marcos Luquez, José Gorocito, Mario García, Felix Calama y Roque Olmedo.
“Esa banda se conformó para la confección y utilización de certificados apócrifos de bomberos como informes técnicos ideológicamente falsos, para lograr que grandes establecimientos comerciales, continuaran funcionando en palmaria infracción a la Ley de Higiene y Seguridad como a su decreto reglamentario, generando por dicho accionar un peligro a la seguridad pública y cobrando para ello, importantes sumas dinerarias”, consigna el resumen de esa acusación.
Según la nueva investigación, “el origen estructural de la organización ilícita habría sido diagramado años anteriores por el mencionado Folli en la época en que fuera director de Bomberos y secundado por Sosa cuando aquel fuera designado subjefe de Policía. Actualmente la causa en la que se investiga el accionar tanto de Folli como de Sosa se encuentra en estado de sumario –a diferencia de la causa principal de Bomberos aludida en el presente–, y restan por lo tanto otras medidas investigativas en virtud de las cuales no se descartan nuevas imputaciones”.
Además de estos funcionarios imputados, la Justicia investiga a los locales comerciales que pagaron por estos certificados irregulares. La fiscalía nombró algunos de ellos, como parte de los 60 allanamientos sobre locales comerciales de diferentes rubro (boliches, bares, fábricas o laboratorios).
Según el texto de la fiscalía, se corroboraron irregularidades edilicias en los boliches Impala de calle Larrañaga, Unplugged y Fruta en zona del Cerro de las Rosas, y en el establecimiento Mega Park de avenida Monseñor Pablo Cabrera y avenida Circunvalación. La lista no es excluyente, dice la fiscalía que sólo se citan como ejemplos.
“El proceso continuará –luego de recabar los elementos de prueba necesarios–, con la declaración de ambos imputados, y seguidamente se resolverá la situación procesal de los nombrados, debiendo determinarse si corresponde dictar la prisión preventiva o en su defecto, el recupero de libertad, para finalmente arribar a la clausura de la investigación penal y consecuente elevación de la causa a juicio”, consigna el parte judicial.
