Al comenzar su tarea de este martes, el fiscal de Distrito 1, Turno 2 de la ciudad de Córdoba, Guillermo González, dictó la prisión preventiva de los siete detenidos como presuntos integrantes de una asociación ilícita que cobraba ilegalmente por otorgar certificaciones falsas de Bomberos para la habilitación de comercios y otros establecimientos.
La medida cautelar “de carácter excepcional” es por un lapso de 60 días, para garantizar la investigación.
La prisión preventiva es para Julio Zárate, Eduardo Arturo Rivadero, Marcos Fernando Lúquez, José Leonardo Gorocito, Roque Javier Olmedo, Mario Javier García y Félix Rafael Calama, como supuestos autores de la organización ilegal. A Zárate, el fiscal lo señala como presuntos jefe de la banda y a los otros seis los considera supuestos miembros.
El instructor de la causa que se destapó con los allanamientos del 27 de setiembre pasado destaca la tarea de los ayudantes fiscales Carolina Carranza y Pablo Bazán más todo el equipo de Delitos Económicos que con su investigación lograron poner al desnudo el proceder ilegal de la banda que buscaba sacar dinero a titulares de “diversos e importantes establecimientos comerciales de diferentes rubros como supermercados, complejos deportivos, consultorios médicos”, entre otros, para que “pudieran en los hechos funcionar y operar comercialmente infringiendo la normativa vigente en materia de higiene y seguridad” y en regla con las exigencias de Bomberos para estar adecuados a la prevención de incendios.
Medida excepcional
González aclaró que esta medida cautelar “tiene la particularidad que será acotada temporalmente por un plazo de 60 días, puesto que se trata de una medida excepcional, en cuyo transcurso se recabaran elementos de prueba útiles para dar fin a la investigación penal relativa a la línea ‘Bomberos’, sin perjuicio de que se encuentran activas otras líneas investigativas en secreto de sumario”.
“Estamos en presencia de una media excepcional y provisoria” –dice González–, quien advierte que hay “contra indicios que favorecen a los encartados”. Al respecto, menciona que tienen “arraigo y residencia fija” y que “cada uno de ellos es sustento económico de sus vínculos familiares”. También menciona que los siete “carecen de antecedentes penales computables”.
La fundamentación de esta medida finaliza diciendo: “Así se advierte un equilibrio entre lo excepcional e indispensable de la medida coercitiva para asegurar los fines del proceso y el respeto de las garantías constitucionales en favor de los encartados”.
Roles en la asociación
En sus fundamentos para dictar la cautelar, el fiscal González describe cuáles eran los presuntos roles y tareas de cada uno de los siete supuestos integrantes de la agrupación. Quien está señalado como presunto jefe del grupo, Julio Zárate, es personal de Bomberos de la Policía de Córdoba retirado. Se indica que él presuntamente “puso al servicio de esta agrupación sus vínculos y contactos, a su vez sus conocimientos en la materia por haberse capacitado en la misma y por desempeñarse como gestor de tales actividades”.
El fiscal dice que Eduardo Rivadero, personal policial dentro de Bomberos, presuntamente se encargaba de la confección material de los certificados apócrifos, si bien luego fue suplantado por Marcos Lúquez cuando aquel se retiró. A su vez, Lúquez firmó varios de los certificados con su rúbrica personal.
Gorocito, según la acusación, como chofer en la subjefatura de Policía presuntamente usufructuó sus contactos e influencias para que la organización delictiva pudiera obtener con mayor celeridad los certificados ilegales.
A Roque Javier Olmedo, como mandatario de la firma Cyre SA (que contiene los supermercados Cordiez y Mercamax) y con conocimientos en higiene y seguridad, se le atribuye presuntamente gestionar los certificados para dichos establecimientos en convergencia con toda la organización delictiva.
A su vez, se acusa a los ingenieros Mario García y Félix Calama, con conocimientos específicos en higiene y seguridad, haber falseado “la realidad de los locales comerciales, confeccionando múltiples informes de higiene y seguridad de contenido mendaz, los que fueron utilizados por la banda ilícita para darle visos de regularidad y aparente formalidad”.
Se indica que con este proceder, “se logró que los locales comerciales en cuestión –de grandes dimensiones y de masiva concurrencia social– continuaran en actividad en palmaria vulneración a la normativa de higiene y seguridad nacional, y en conclusión perjudicando la seguridad pública, y para ello, dicha asociación ilícita habría percibido grandes sumas de dinero”.
El fiscal aclara que en esta resolución sólo se analiza el presunto delito de asociación ilícita, pero no los “hechos particulares” (delitos) que esa agrupación pudiera haber cometido “respecto de cada local comercial en que la mencionada organización delictiva intervino”.
Señala que por esos hechos todavía deben ser intimados estos acusados, para quienes no se descarta nuevas imputaciones. De igual modo, también se indica que podría haber otros acusados por estos delitos autónomos, en contra de personas ajenas a la asociación ilícita.
