La causa por la desaparición y presunto asesinato de Silvia Gloria Gallardo sumó este viernes un nuevo capítulo tras el inesperado giro ocurrido en julio. La fiscalía de Instrucción del segundo turno de Villa Dolores, a cargo de María Eugenia Ferreyra, dictó la prisión preventiva para los dos principales acusados.
Se trata de la hija de la víctima, Micaela Yamila Gallardo, y de su yerno, Hugo Alberto Suárez. Para la Justicia, ambos habrían actuado como coautores del homicidio de la mujer, ocurrido en circunstancias todavía no reconstruidas por completo
El presunto crimen se habría cometido en febrero de 2014 y se habría concretado en la localidad de Yacanto, departamento de San Javier.
Ferreyra imputó a la joven como presunta coautora de “homicidio calificado por el vínculo”, mientras que Suárez quedó señalado como presunto coautor de “homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio)”.
Para los investigadores, existen suficientes elementos indicativos de que ambos imputados sostuvieron durante años un elaborado intento por simular que Silvia había abandonado su hogar por voluntad propia, lo que condujo a desviar la causa y obstaculizar su esclarecimiento.
De confirmarse las sospechas sobre esta potencial maniobra, los investigadores consideran que se habría adoptado con el único fin de prolongar por más de una década un estado de impunidad.
De acuerdo con lo dispuesto, Suárez continuará alojado en el Establecimiento Penitenciario de Villa Dolores, mientras que Gallardo permanecerá detenida en el Complejo Carcelario de Bouwer.
La medida de prisión preventiva había sido anticipada como una posibilidad luego de las detenciones realizadas semanas atrás en Córdoba capital, que sorprendieron a la familia y a los organismos de derechos humanos de Traslasierra.
Desde hace años, se mantiene un reclamo para que el caso avance, tras largos períodos que fueron calificados por los afectados como un “estancamiento”.
La desaparición de Silvia y las sospechas de la Justicia
La desaparición de Silvia fue fechada el 12 de febrero de 2014. Por aquel entonces, la víctima tenía 34 años y debía viajar a Córdoba capital, donde trabajaba, tras haber pasado dos semanas de vacaciones junto a sus hermanas y su hija adolescente.
Sus familiares creyeron en un primer momento que había regresado a la ciudad; sin embargo, días después supieron que nunca había vuelto a su empleo.
Desde entonces, nada más se supo de ella.
Las tensiones dentro del hogar eran conocidas por el entorno de la víctima. Silvia convivía con su hija y con Suárez, quien según relataron las hermanas de la mujer mantenía una actitud autoritaria y hostil hacia ella.
Silvia había comentado que pensaba pedirle al joven que se fuera de la casa, lo que habría incrementado el clima de conflicto.
La familia sostiene que, tras el hecho, Suárez mató a las mascotas de la mujer (cuatro gatos y tres perros), una acción que interpretan como un intento de evitar que los animales buscaran el cuerpo o dieran indicios de lo sucedido.
También denuncian que el joven vendió objetos personales de Silvia y modificó sectores de la vivienda, comportamientos que consideraron sospechosos desde el inicio.
Una investigación lenta y sin resultados, que cambió
Pese a las reiteradas denuncias de los familiares, la causa avanzó durante años con escasos resultados.
Intervinieron sucesivamente tres fiscales, y los operativos de búsqueda realizados en un pozo cercano a la vivienda fueron calificados por las hermanas de Silvia como insuficientes.
La investigación incluso estuvo a punto de prescribir, lo que generó múltiples manifestaciones y reclamos públicos de organizaciones de derechos humanos.
Mónica Piñeyro, referente de la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra, había celebrado el reciente impulso de la causa, aunque lamentó el tiempo perdido:
“No vamos a dejar de pedir justicia. Queremos que se investigue a fondo después de tantos años de silencio”, había manifestado oportunamente.
En la misma línea se había expresado Germán Romero Marcón, abogado querellante, quien cuestionó la falta de avance en más de una década y sostuvo que “desde el primer momento la familia dijo que los culpables eran quienes ahora están detenidos, pero parecía que sólo se investigaba a la víctima”.
La nueva fiscala, Ferreyra, asumió la causa recientemente y ordenó en pocas semanas las detenciones que modificaron el panorama de un expediente que llevaba años sin definiciones.
Los investigadores sostiene ahora que existen elementos suficientes para indicar que Silvia fue víctima de violencia familiar y de género, y que su hija y su yerno habrían actuado de manera conjunta para cometer el crimen y posteriormente encubrirlo.
