Tras radicarse más de un millar de denuncias de particulares en el fuero penal en contra de los principales directivos de Márquez y Asociados, este viernes el juez Civil y Comercial de 52ª Nominación de la ciudad de Córdoba, Sergio Gabriel Ruiz, dictó la quiebra de MRQZPABAR Desarrollos SA, una de las firmas del grupo empresario.
El magistrado respondió con la Sentencia 36 a un “pedido de quiebra” que había efectuado un abogado que obtuvo judicialmente el cobro de honorarios en una demanda principal a esta firma del grupo Márquez.
En este fuero, las empresas que trastabillan suelen estar sujetas a tres tipos de proceso: el concurso preventivo es cuando un empresario se presenta en la Justicia y sostiene que tiene un pasivo que no puede afrontar y ofrece un plan de pagos; otro es aquel que no puede pagar y pide la quiebra, y el tercero es la quiebra pedida por un acreedor, como el abogado que disparó este proceso en contra de Márquez.
Mientras tanto, como viene informando La Voz, miles de personas siguen reclamando desde Córdoba y distintos lugares del país la construcción de la casa que habían contratado con el grupo empresario. Las denuncias penales se acumulan a gran ritmo desde marzo, cuando se publicó la situación comprometida de Márquez y Asociados. Desde el Ministerio Público asignaron al fiscal de Delitos Complejos para investigar las primeras presentaciones, lo que derivó en una serie de allanamientos y en la detención de los principales directivos de la firma, Ariel y Juan Pablo Márquez, otros dos hermanos y el contador Ramiro “Capi” Nieva, cuñado de Ariel.
Ahora, desde sede Civil y Comercial, el juez Ruiz habilita la quiebra de la desarrollista, si bien hay otras firmas que integran el grupo, como una empresa de salud y otra de emprendimientos agropecuarios.
En su resolución, Ruiz dispone que el próximo martes 13 de mayo sea sorteado quién oficiará de síndico de la quiebra (entre los inscriptos en el listado de Tribunales) y convoca para que en 24 horas se presenten quienes estén en condiciones de verificar créditos y títulos a su favor, con plazo hasta el 11 de noviembre.
El magistrado prohíbe pagos de terceros e indica que estos deben canalizarse a través de una cuenta judicial que se abre en la sucursal Tribunales de Bancor.
De igual modo, quedan inhibidos los bienes de esta firma e inhabilita a los titulares, Juan Pablo y Ariel Márquez, presidente y vice del grupo.
Formalmente, se comunica a Migraciones que los directivos de la empresa no pueden salir del país (hoy están detenidos) y deben fijar domicilio.
Lo que se viene
En relación con la verificación de créditos, hay que aclarar cómo es ese proceso de la fallida: los acreedores “comunes” o quirografarios van últimos en la cola. Primero tienen prioridad la Afip (hoy, Arca); luego, Ingresos Brutos de la Provincia; después, Comercio e Industria de la Municipalidad; en siguiente término, los empleados de Márquez, y finalmente el simple acreedor quirografario.
¿Qué efectos puede tener este proceso de quiebra? El abogado Gastón Arrambide Carroll explica a este medio que el síndico designado por el juez debe “rearmar” el patrimonio de Márquez utilizando un “período de sospecha” de dos años hacia atrás desde que se dicta la quiebra (9 de mayo de 2025).
En este trámite debe analizarse el movimiento de bienes sospechados, los cuales son llevados a la quiebra para indagar si hubo desprendimientos, si esos fueron legítimos o si existió un vaciamiento de empresa. Esto podría derivar, como hipótesis, en una quiebra fraudulenta. Cabría la posibilidad de que se hubieran trasladado bienes hacia otras empresas o hacia personas.
En procesos más “ordenados”, la quiebra puede convertirse en un concurso preventivo, capaz de afrontar las deudas que se tienen con los particulares. Pero según observan algunos abogados que están litigando, resulta dudoso que exista la posibilidad de que el proceso no termine en la liquidación de esta empresa.
Los damnificados pueden aspirar a cobrar su crédito en una subasta de los bienes -muebles o inmuebles- que tiene Márquez. Según sostienen, no sería mucho lo que queda en una firma sospechada de vaciamiento.
Bienes empresarios y personales
Este viernes al mediodía se produjo una protesta frente a la sede de Tribunales 2, en barrio Observatorio, donde está situada la fiscalía de Gavier, a cargo de la investigación que tiene imputados a los Márquez por “asociación ilícita” y “estafas”.
Decenas de damnificados por las estafas de Márquez y Asociados, horas antes de conocerse la quiebra dispuesta por el juez Ruiz, realizaron la manifestación cuyo principal reclamo es que se acelere la causa en la que hay cinco detenidos.
Con carteles y pancartas en los que se exhibían los números de contratos, los manifestantes se presentaron ante las puertas de la sede del fuero penal para exigir justicia ante los miles de casos.
Horas más tarde, muchos de estos clientes que se consideran estafados se preguntaron qué ocurrirá con sus pretensiones teniendo en cuenta que se dictó la quiebra. En principio, presumen que la distribución de los bienes a organismos públicos y empleados los dejará con las manos vacías.
Pero mientras se liquidan los bienes de la empresa, hay que hacer la distinción que en el proceso penal los directivos imputados responden con su patrimonio.
Arrambide Carroll despejó parte de esas dudas al indicar que “el objeto del proceso falencial (quiebra) es la liquidación de la sociedad para distribuir los bienes a fin de que cobren los acreedores”. Luego, agregó que el objeto del proceso criminal es “la condena de los culpables de los delitos que se hayan cometido”.
Lo que suele vincular a ambos procesos es la quiebra fraudulenta.
El denunciante Arrambide Carroll procura la imputación de las esposas de Pablo y Ariel Márquez, quienes son cotitulares de muchos bienes personales de estos directivos.
Los Márquez y familiares tienen sociedades y bienes en Córdoba y en el extranjero (Estados Unidos) y se estima que este acervo patrimonial podría destinarse a satisfacer lo que exigen los damnificados.
Por eso, el abogado -que actúa junto a Agustín Goldzser- opina: “Mientras más partícipes en los eventuales delitos tengamos en la bolsa, más patrimonio tendremos para cobrar”. Y añade: “El patrimonio de la empresa es casi cero y los titulares tendrían algunos bienes de donde cobrar”.
