Se conoció en las últimas horas que hace varias semanas la fiscal de instrucción de Villa Carlos Paz, Jorgelina del Valle Gómez, denegó un pedido de prisión domiciliaria que presentó el exfuncionario provincial Diego Gustavo Concha (51) para hacerse cargo del cuidado de su padre y de su madre enfermos. La funcionaria judicial dispuso, de este modo, que continúe detenido en la cárcel de Bouwer.
La fiscal Gómez tiene a su cargo al exdirector de Defensa Civil de la Provincia mientras resuelve su situación procesal tras dictarle la prisión preventiva por varios delitos enmarcados en un contexto de violencia de género, pero fundamentalmente por el de “homicidio con motivo del abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en ocasión de sus funciones”.
Concretamente, se le endilga la muerte de Luana Ludueña (26), la mujer de la que está acusado de violarla y de su posterior suicidio luego de un proceso de amenazas y coacción.
La joven que residía en Pilar había denunciado en noviembre de 2021 haber sido abusada sexualmente por Concha, y que, tras denunciarlo, quien era su pareja, el bombero Emiliano Conti, comenzó a hostigarla para que cambiara su declaración.
Luego de romper el vínculo con Conti, este comenzó a hostigarla visitándola a donde la encontrara y llamándola insistentemente a su celular a toda hora. Finalmente, el 21 de enero pasado Luana se suicidó. “Prefiero estar muerta antes que cambiar la declaración”, aseguran que les dijo Luana a sus padres.
Considerando que su muerte se relaciona con el presunto abuso sexual de Concha y de las acciones posteriores, la fiscal también le adjudica al exfuncionario otros delitos. Además del homicidio y de la violación, se le imputa a Concha otros hechos relacionados con una denuncia de violencia de género de su exesposa, como “lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego”, más “agresión con toda arma” y “coacción”.
La fiscal Gómez le dictó prisión preventiva a Concha, lo que fue confirmado por el juez de Control Daniel Strasorier.
En la causa actúan como querellantes los padres de la víctima, representados por el penalista Carlos Nayi.
Pedido y rechazo
La presentación de Concha ante Gómez fue patrocinada por quienes eran entonces sus defensores, Darío Vezzaro y Eduardo Gómez Caminos (quien hoy continúa como abogado). La solicitud de la detención domiciliaria se apoyaba en que los progenitores del exfuncionario, José Nazario Concha (74) y María Cristina Echenique (72), “adolecen graves problemas de salud, entre ellos problemas de motricidad”, por lo que este hijo “debería afrontar sus obligaciones familiares de cuidado como hijo respecto de ellos, quienes estarían a su cargo y no pueden valerse por sí mismos”.
Entre otras afecciones acreditadas por certificados médicos, el padre sufre afecciones cardíacas y la madre, una diabetes tipo 2.
Para cumplir con esta necesidad de los padres, la solicitud indicaba que podía asegurarse la presencia de Concha en el domicilio de sus padres con el sistema de monitoreo del Ministerio de Justicia que utiliza tobilleras electrónicas.
Al analizar el pedido de la defensa, la fiscal Gómez sostuvo que “la prisión domiciliaria es una facultad del órgano judicial y no un imperativo legal”.
A la hora de decidir, la fiscal de Carlos Paz sostuvo: “La medida solicitada no es procedente”. Fundamentó, según la ley 24.660, indicando que “podrá decidirse el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria al interno que tenga a su cargo ‘a una persona con discapacidad’”, lo que no sería el caso de los progenitores de Concha.
La fiscal dijo que las patologías que padecen ambos “son tratadas por los facultativos de acuerdo con los certificados que la defensa adjunta”.
Pero, acaso lo más significativo de la denegatoria de Gómez es cuando señala que Concha “cuenta con tres hermanos, quienes pueden hacerse cargo” de sus padres.
Para agregar más razones, la fiscal de Carlos Paz recordó que, cuando fue detenido en noviembre pasado, Concha tenía domicilio en La Cumbre (en barrio Villa del Sol) y que sus padres no convivían con él ni tampoco estaban a su cargo.
Luana, la víctima
El sueño de Luana era ser bombera, tenía un perro entrenado para situaciones de catástrofes y trabajaba como voluntaria en el vacunatorio del Orfeo Superdomo. A fines de 2021, manifestó su intención de ingresar al Equipo Técnico Anticatástrofe (Etac), un nuevo departamento de la Policía que estaba bajo la órbita de Concha.
En ese marco, tuvo una reunión con el funcionario, que, según lo que indicó Luana en su declaración, fue “demasiado amable” al ofrecerle equipamiento que la joven rechazó y donde le habría dejado claro que “él decidía quién entraba y quién salía” del lugar y que avanzarían con el análisis de su currículum.
En ese contexto, Concha la habría convocado a una nueva reunión, el 14 de noviembre, y en la que habría ocurrido el abuso que luego la mamá de la bombera denunció.
Según fuentes de la causa, en ese momento, Luana no se animó a denunciarlo, dado el lugar de poder que Concha ocupaba y porque sintió que nadie le creería frente a la imagen positiva que el funcionario tenía en la sociedad.
Luego de que se conoció que la exesposa denunció a Concha en noviembre por violencia de género, el funcionario fue imputado –en esa causa, que se acumuló a la de Luana– por amenazas, coacción, tenencia de armas y lesiones leves calificadas en el contexto de violencia de género.
Allí, Luana se animó a contar lo que le había sucedido y su madre hizo la denuncia que luego fue ratificada por la propia víctima. Semanas después, se quitó la vida.
