80 gramos de cocaína. El hallazgo de la droga en la celda de una mujer detenida en la cárcel de Bouwer en una causa importante por narcotráfico fue el disparador de dos posturas antagónicas entre el fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari, y el juez Ricardo Bustos Fierro, que terminó con el sobreseimiento.
Aydee “la Gorda” López Rocha, de nacionalidad boliviana, es una de las 14 personas procesadas y detenidas en el marco de una investigación por dos hechos de organización, uno de confabulación y dos de transporte de estupefacientes. En total, se incautaron casi 51 kilos de cocaína y 80 kilos de marihuana procedentes del norte del país con destino a Córdoba.
En la causa “madre”, Bustos Fierro la procesó en 2020 como partícipe necesaria de organización para el aprovisionamiento, transporte y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; autora de comercialización de estupefacientes agravada; partícipe necesaria de transporte de estupefacientes agravada, y coautora de confabulación para la comercialización y el transporte.
La mujer –con doble domicilio, en Córdoba y en Salta– arrastra ya dos condenas. En 2006 fue condenada a cuatro años y dos meses de prisión en Jujuy por transporte de estupefacientes y falsificación de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas.
La descubrieron en Salta cuando viajaba hacia Tucumán porque el asiento del colectivo en el que iba, acompañada por una hija, presentaba la costura agrietada. Al revisar, los gendarmes encontraron seis paquetes con casi tres kilos de cocaína. Su prontuario se amplió cuando, unos meses después, fue sentenciada a cuatro años por tráfico de drogas en Salta.
La particularidad es que se movía por distintos sectores de Argentina con otras identidades falsas.
La cocaína en Bouwer
Durante la requisa del pasado 9 de junio, los guardiacárceles detectaron que López Rocha tenía en su dormitorio en Bouwer un envoltorio con 17 gramos de cocaína. En otro sobre atesoraba 63 gramos de la misma droga en el pantalón.
El fiscal de Lucha Contra el Narcotráfico Segundo Turno, Sebastián Romero, la imputó por el delito de tenencia simple de estupefacientes, pero se declaró incompetente y remitió la causa a Bustos Fierro, a cargo de la causa “madre”.
Al revisar el expediente, el fiscal federal Senestrari calificó el hecho como tenencia de estupefacientes y le pidió al magistrado su sobreseimiento por extinción de la acción penal por la aplicación del criterio de oportunidad (si la eventual pena “careciera de importancia en consideración a la que deba esperarse por los restantes hechos investigados en el mismo proceso”).
Senestrari argumentó que si al resto de las imputaciones en el expediente principal que pesa sobre la detenida se sumara una nueva por los 80 gramos de cocaína, se generaría un obstáculo en la causa “madre” en términos de tramitación, ya que se requeriría realizar una nueva indagatoria, eventualmente un procesamiento y una posible apelación.
También consideró que sin la interrupción que supondría en la causa la tramitación de la imputación por los 80 gramos, se podría tener una expectativa de condena por los delitos por los que López Rocha fue procesada. Y solicitó el sobreseimiento.
Planteo opuesto
El juez se mostró contrario al planteo y consideró que resultaba “inaceptable” que se naturalizara el tráfico de drogas en una cárcel.
“Que una persona tenga en su poder droga (…), un teléfono celular y dinero en efectivo hace presumir que (…) continúa con la misma conducta que realizaba antes de ser detenida” y procesada, sostuvo. “Resulta ilógico que sea imputada por hechos relacionados con estupefacientes cuando estaba en libertad y no así cuando se encuentra detenida en un establecimiento penitenciario en el que se encuentra terminantemente prohibido el uso, el comercio y la tenencia de sustancias estupefacientes”, opinó.
En esa línea, el magistrado afirmó que “resignar la potestad del Estado por un hecho que es independiente de los otros por los que la imputada resultó procesada implica asumir el riesgo que, si por una circunstancia procesal o error in iudicando (error de fondo de un juez al aplicar el derecho en un pleito) en el Tribunal Oral pudiere quedar absuelta, esta prematura disposición de la acción penal podría acarrear que la nombrada termine definitivamente desvinculada de cualquier tipo de reproche penal”.
El juez indicó que se decidió “descartar de plano” la investigación sin analizar el contenido del teléfono celular que se le secuestró en la celda. “En ese sentido, una de las hipótesis –que jamás se va a poder explorar o investigar– tal vez hubiese llevado a identificar al cómplice de la imputada que colaboró con la introducción de droga en un establecimiento carcelario”, señaló el juez al cuestionar al fiscal.
Y recordó otra causa, publicada por La Voz, en la que se secuestró una cantidad de droga que escasamente supera a la que se le secuestró a López Rocha en la celda –en la que también interviene Senestrari– para “demostrar la incoherencia en la intensidad de persecución punitiva entre una causa y la otra”.
Bustos Fierro señaló que debido a que el fiscal no impulsó la acción penal contra la mujer, no le “queda otra salida” que declarar extinguida la imputación y sobreseerla.
La causa “madre”
López Rocha está sospechada de haber integrado una banda narco con dos presuntos líderes, Juan Carlos Gómez (investigado en otro expediente como supuesto proveedor de un hombre que cayó con 35 kilos de marihuana en el baúl del auto cuando la Caminera lo controló por un foquito quemado) y José Ramón Álvarez, con múltiples roles.
Así, entre enero y abril de 2019, ambos habrían organizado la venta de drogas en Salta y su transporte a la ciudad de Córdoba (lugar de residencia de ambos), para luego comercializarla a diferentes distribuidores.
En la estructura, “la Gorda”, Vicente Horacio Vargas y “Chimba” Butrón se habrían dedicado al aprovisionamiento de estupefacientes; la adquisición y la reparación de los distintos vehículos utilizados, y el almacenamiento y la posterior comercialización del estupefaciente.
Para lograrlo habrían contactado telefónica a Santos Nicolás Nieva (en Tartagal, Salta) para adquirir cocaína y marihuana (a cambio de vehículos o de dinero). En la mecánica habrían contratado a Vicente Horacio Vargas (en Salta) para custodiar la droga en un taller mecánico en Salvador Mazza, donde se habría puesto a punto un vehículo específico para entregárselo a un transportista que lo trasladaría a Córdoba.
Los supuestos cabecillas habrían contactado a “la Gorda” López Rocha (residente en Córdoba) y a Daniel Humberto “Chimba” Butrón (de Salta) para que adquirieran una porción de las drogas y se sumaran al traslado del cargamento. De ese modo, los líderes, la mujer y “Chimba” habrían comprado 50,9 kilos de cocaína y 25,6 kilos de marihuana a Nieva.
El camionero Sergio Damián Granero y otra mujer, María Basilia Alarcón Romero, habrían trasladado la droga desde un lugar no precisado hasta el paraje Senda Hachada (Salta) para, luego, partir en un Scania modelo R112 rumbo a Córdoba. Pero la Gendarmería detectó la droga en la ruta nacional 34.
López Rocha no pudo ser capturada por entonces y se mantuvo prófuga.
Los supuestos líderes narco (Gómez y Álvarez) también quedaron implicados en el secuestro de 57,6 kilos de marihuana proveniente de Paraguay que habrían comprado. Federico Gamarra (de La Leonesa, Chaco) la habría adquirido a un proveedor no identificado.
Otro sospechoso, Santiago Aníbal Romero, entre febrero y marzo de 2019 habría hecho un “doble fondo” en una camioneta Chevrolet D20 para colocar la droga compactada. Cuando estaba a punto de viajar para Córdoba desde una estación de servicio en La Leonesa, fue detenido por la Policía.
López Rocha no fue imputada por ese hecho, pero sí por otros, todos investigados por Senestrari y Bustos Fierro. Entre mayo y septiembre de 2019, López Rocha, Atilio Vázquez Alpiri (doblemente condenado en otras causas de drogas) y Antonio Marcelo Ávila Núñez habrían tramado la compra de estupefacientes en Salta para transportarlos hasta Córdoba. “La Gorda” se habría encargado de venderlos en la Docta.
Mientras se encontraba prófuga, López Rocha se hospedaba en Mendoza, desde donde al parecer realizaba tratativas para proveerse de la droga a través de ocho líneas telefónicas. Sus llamados con Vázquez Alpiri (de Salta) habrían tenido como finalidad contactar a los proveedores y concretar las transacciones.
Una vez adquirida la droga de Salta, la transportaba hacia Mendoza y de allí a Córdoba, o bien desde Salta hasta Córdoba a través de “mulas” o transportadores que viajaban en colectivos. El expendio siempre se habría efectuado en Córdoba y en Mendoza.
Con el aparente doble objetivo de vender la droga y ocultar el dinero de las ventas en Mendoza, viajaba frecuentemente desde esa provincia hasta Córdoba, utilizando la identidad de Amalia Berta Vázquez (hermana de Vázquez Alpiri).
Identidades falsas y su caída
De las escuchas telefónicas, surgió que “la Gorda” empleaba identidades apócrifas para adquirir los pasajes de colectivos de línea y así poder transitar por el país, ya que había sido expulsada por Migraciones. Para camuflarse, Amalia Vázquez le prestaba su DNI para que pudiera comprar los pasajes.
Un viaje de López Rocha a Mendoza con sus hijos –Osvaldo Rodrigo Gutiérrez y otro menor de edad– para cerrar un acuerdo por un vehículo terminó con la detención de la mujer. Al intentar comprar un boleto de colectivo para regresar a Córdoba, el personal de la empresa de transporte le solicitó la partida de nacimiento del hijo menor.
“La Gorda” debió adquirir entonces el pasaje con su propio DNI, a diferencia de los otros viajes en los que usaba el DNI de Amalia Vázquez. La carga de los datos de ella generó una “alerta temprana” en el Comando Unificado Federal de Recaptura (Cufre).
Al llegar a Córdoba, fue apresada, en medio de presuntas gestiones con un sospechoso para el transporte de estupefacientes desde Salta hacia Córdoba. El nivel socioeconómico de ella y de sus hijos resultó llamativo, debido a que no podía acreditar una actividad laboral.
