Desde Buenos Aires, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos de seis empleados del Registro Civil de la provincia de Córdoba y de seis vecinos acusados en la causa por la falsificación de pasaportes y de DNI.
Casi dos años después de que el juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, sobreseyó por falsedad ideológica a los trabajadores María Eugenia González Vega, Ivana Scoccia, Mariela Inés Vélez, Carlos Damián Ocroglich, Carina Elizabeth Vélez y Maximiliano Ezequiel Aguilar, el máximo tribunal penal del país anuló y revocó el beneficio.
El fallo de Casación también anuló el sobreseimiento de los vecinos Jorge Alberto Soria, Lucas Matías Goyenechea, Carlos Sebastián Capdevilla, Alberto José Ovando y Guillermo Adrián Domínguez, y al gestor Gerardo Gabriel Winter.
A partir de resolución de los jueces porteños, Sánchez Freytes deberá profundizar la investigación que tenía una única procesada, la empleada del Registro Erlinda Sonia Villarroel (expareja de Ovando).
Alerta Rostro y la investigación
La investigación se inició cuando el sistema “Alerta Rostro”, del Registro Nacional de las Personas (Renaper), detectó varios casos de toma fraudulenta de los trámites, ya que las fotos de los solicitantes de documentos con el mismo número de DNI no coincidían.
Las irregularidades consistían en la tramitación de DNI y de pasaportes con datos biométricos y decadactilares verdaderos, pero con fotos y firmas de otras personas. Así se generaban documentos falsos.
El Renaper explicó que, al tomar de los datos, el sistema exige la “toma en vivo”, por lo que el titular de los datos originales debe estar presente para aportar su huella, la foto y la firma. Los datos son categorizados inicialmente como “presuntos”, pero su validación concluye con un análisis de huella y de rostro.
Tras la denuncia, el entonces fiscal federal N° 2, Gustavo Vidal Lascano, imputó por falsedad ideológica a los siete empleados del Registro y a seis vecinos. Sin embargo, el juez sobreseyó a 12 personas y procesó a la trabajadora Erlinda Sonia Villarroel, cuya medida fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones cordobesa.
Las dudas
Para el fiscal, las 17 irregularidades tenían siempre una misma modalidad de falsificación: un operador del sistema web del Renaper tomaba los trámites de DNI y de pasaporte, otra persona aportaba su número de documento, los datos y la huella, mientras que a un tercero (no identificado) le sacaban la foto y firmaba. En total, se habrían falsificado siete pasaportes y nueve DNI en la sede del Registro (Caseros 356).
Sin embargo, el juez consideró que era probable que las falsificaciones no se hubieran cometido según la hipótesis original del fiscal, sino de otra forma.
Se comprobó que si bien el Renaper entregaba las claves personales e intransferibles a los operadores que intervenían en su sistema para la toma de trámites –debían firmar un acuerdo de confidencialidad–, las autoridades del Registro autorizaron el “préstamo indiscriminado” de las claves –incluso entre personal de otras áreas– cuando se “caían” las claves individuales y se necesitaba continuar con los trámites para evitar congestionamientos.
Eso impidió a los investigadores del Juzgado Federal N° 2 individualizar al o a los verdaderos falsificadores. Las computadoras en sí no tenían claves ni contraseñas de acceso, sólo bastaba con encenderlas. Podían usarse libremente para generar las boletas de pago por el DNI y el pasaporte.
En cambio, para utilizar el sistema online del Renaper, cada empleado con la función de operador debía loguearse con un usuario y una contraseña. Un peritaje informático determinó que con una misma clave (ya que las compartían) varios de ellos podían loguearse en el sistema del Renaper simultáneamente desde múltiples computadoras. También podían abrir múltiples sesiones del Renaper en la misma PC y con idénticos usuario y contraseña.
De esta manera, cualquiera de los administrativos –sostuvo el juez– tenía la posibilidad de acceder a los datos biométricos de los solicitantes de DNI o de pasaporte, y realizar combinaciones o manipulaciones de todo tipo. Los datos llevaban un número de identificación (ID) y se almacenaban en unas carpetas informáticas denominadas “CDR”. Luego podían subirlas al Renaper, cerrar la cesión y enviar encriptada la información para la generación de los DNI apócrifos.
Paralelamente, algunos empleados realizaban un procedimiento llamado “ensamble de datos”, al parecer descubierto accidentalmente, consistente en la carga de datos biométricos obtenidos fuera de la sede del Registro (en cárceles, hospitales y barrios) por medio de las computadoras “valijas”, provistas por el Renaper.
Los datos biométricos podían ser copiados a un pendrive y, desde él, agregados al sistema del Repaner hasta 24 horas después, desde las PC del Registro o desde la PC “valija”, vía internet. Los datos se encontraban accesibles para todos los empleados.
En definitiva, el juez consideró que no se probó que los empleados González Vega, Scoccia, Mariela Vélez, Ocroglich y Carina Vélez falsificaran los documentos porque las claves para entrar al sistema web del Renaper no eran utilizadas exclusivamente por ellos, sino, también, por muchos otros. De esta forma, los sobreseyó en 2020.
Sin embargo, la empleada Villarroel fue procesada.
Qué dijo Casación Penal
El Renaper presentó un recurso de casación contra los sobreseimientos dictados, pero la Cámara Federal de Córdoba (que había confirmado el beneficio a los acusados) se lo denegó. Acudió entonces en queja ante Casación Penal, que le hizo lugar, y ahora anuló los sobreseimientos y los revocó.
El organismo nacional calificó de prematuros los sobreseimientos, debido a que no se había agotado la inclusión de las medidas de pruebas necesarias para determinar la responsabilidad de los imputados, y que debió ordenar otras diferentes.
Los camaristas porteños consideraron que los sobreseimientos efectivamente eran prematuros y que la investigación no profundizó en aspectos puntuales o no verificó ciertos datos.
“Lo expuesto (…) permite considerar que la prueba (…) no autoriza a descartar, por el momento, la posibilidad de acreditar una conexión jurídica penalmente relevante entre los hechos de la causa y la participación dolosa que les habría correspondido a los imputados en la falsificación”, señaló el camarista Gustavo M. Hornos en su voto.
