El vocal Carlos Palacio Laje, de la Cámara 10ª del Crimen de la ciudad de Córdoba, dictó la absolución de los empresarios Julio César Murga y Marcelo Eduardo Finkelberg, quienes durante unos 15 años estuvieron acusados de una supuesta “defraudación fiduciaria” a un grupo de inversores que habían colocado su dinero en un fideicomiso destinado a un pool de siembra.
Ambos venían soportando una extensa persecución penal que se remonta a la segunda mitad de la década de 2000, cuando presentaron un balance adverso a una siembra realizada en la campaña de 2008. Según comentó el defensor de Murga, el penalista Gustavo Franco, en aquella oportunidad los titulares de la firma Amanal SA reunieron a los más de 80 fiduciantes y les explicaron que las pérdidas estaban relacionadas con la sequía histórica que se había producido en aquel año. En principio, todos los inversionistas se retiraron satisfechos con la explicación y lo asumieron como parte del riesgo del negocio.
Como se dice siempre, no es lo mismo una estafa que un incumplimiento de contrato. En los casos de pools de siembra, la posibilidad de una mala campaña agropecuaria sustenta la posibilidad de eludir la acusación de estafa.
Pero insatisfecho con las explicaciones, uno de los aportantes de capital, Bernardo María Llorens, se presentó en denuncia ante el entonces fiscal Anticorrupción y Penal Económico del 1° Turno, Hugo Amayusco, quien inició una investigación y terminó imputando a Finkelberg y Murga.
Cuando fue notificado del juicio, Finkelberg estaba radicado en España con su familia y con actividades comerciales. Extraditado por Interpol, llegó a Córdoba y estuvo detenido por la cámara. Pero tiempo después recuperó la libertad y llegó en esa condición al juicio.
El defensor Franco indicó que la contabilidad era satisfactoria y que así lo indicaban los peritajes, no obstante lo cual el fiscal descreyó esos informes e, igual, elevó la causa a juicio a comienzos de la década pasada.
“Los imputados no llevaban una contabilidad en regla y tampoco registraban separadamente los negocios realizados por la empresa a título propio con los que hacían para el fideicomiso. Esa situación de “promiscuidad” comercial y documental les permitió realizar la maniobra delictiva”. En términos sencillos, se indicaba que había una doble registración contable: las ganancias de las cosechas se incluían en Amanal SA, que les pertenecía a Finkelberg y Murga, y los gastos y pérdidas eran imputados a los fiduciarios.
El largo recorrido del expediente incluyó hace pocos años un principio de acuerdo de los acusados con Llorens y el entonces fiscal Gustavo Dalma para llegar a una instancia de suspensión de juicio a prueba, pero finalmente fracasó, aparentemente por diferencias económicas.
Finalmente, el juicio se realizó en la primera mitad de este año, con el fiscal de cámara Gustavo Arocena como acusador, quien pidió pena para ambos acusados. Luego, Palacio Laje entendió que no se habían probado con el grado de certeza los términos de la acusación, lo que se tradujo en la sentencia absolutoria.
A pesar de que Llorens presentó casación para discutir la decisión en el Tribunal Superior de Justicia, no lo hizo el Ministerio Público, lo que fortalece la posibilidad de que la sentencia quede firme.
Satisfecho con la resolución, Franco comentó a La Voz que su cliente fue “un emprendedor que demostró en su actividad de desarrollo de un fideicomiso agropecuario una prolijidad absoluta, al punto tal de recibir frente a las contingencias climáticas el apoyo total de sus inversores, salvo un advenedizo que quiso sacar provecho frente a una situación en la que hubo total respeto a las reglas de la economía”.
