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Motos Ducati, Kawasaki, Yamaha, Honda, Suzuki y hasta una Harley Davidson Sportster. La denuncia anónima por supuesto contrabando en Córdoba encendió las alarmas en la Justicia federal y derivó en la investigación y posterior imputación de ocho personas que habrían pergeñado un perjuicio fiscal de 6,5 millones de dólares.
El expediente ahora llega a juicio el próximo martes en el Tribunal Oral N° 1, integrado por Julián Falcucci (presidente), Carolina Prado y Jaime Díaz Gavier. Se prevén 10 audiencias entre abril y julio, con la acusación del fiscal general Maximiliano Hairabedian, y la querella a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y de la Aduana.
La nómina de imputados por 67 hechos de contrabando por 4,6 millones de dólares incluye a los empresarios Gerardo Enrique “Conejo” o “Capitán” González (53 años, varias veces detenido por supuesto contrabando calificado y contrabando) y su hermano, Gustavo Humberto Ángel “Alambre” González (57 años; contrabando calificado).
También al comerciante y despachante de aduana Patricio “Pato” Joghems (49) y a su padre, el despachante de aduana Julio Cristóbal Joghems (81); Alberto García y el uruguayo Luis Gerardo Sequeira (53), y el empresario boliviano y excorredor del Dakar Juan Carlos “Chavo” Salvatierra Vilagut (40), todos por contrabando calificado.
Por otro lado, por la causa acumulada, se suman también las posibles participaciones de los propios García y Sequeira, y de María Elena Veiga, por otros 47 hechos de supuesto contrabando por casi 1,9 millones de dólares.
El perjuicio fiscal total por los tributos no abonados por el ingreso ilícito al país de las mercaderías documentadas habría llegado a casi 6,5 millones de dólares (al cambio oficial actual, unos 726 millones de pesos).
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La causa se destapó a partir de una denuncia anónima contra los integrantes de la firma Fly Machine SRL, de Córdoba, por el supuesto contrabando de mercadería. Como titulares de la firma, aparecían Gerardo González (socio y gerente) y su madre.
Según la investigación del fiscal N° 1, Enrique Senestrari, “Capitán” González, debido a la imposibilidad que tenía desde 2006 para exportar por encontrarse suspendido, se habría valido de los Cuit de su hermano, “Alambre” González, y de Gustavo Gabriel Dos Ramos Verónica (no será parte del juicio), así como de las “SA” Speed & Wheels y The Word of ATV.
Las maniobras habrían consistido en ingresar a la Argentina mercadería extranjera, como motos, cuadris, jet ski, repuestos e indumentaria deportiva (cascos, pecheras, botas, etcétera.), declarando ante la Aduana valores FOB ostensiblemente inferiores a los efectivamente abonados en el extranjero.
Así, habrían obtenido un tratamiento aduanero y fiscal más favorable del que realmente le correspondía a la mercadería, lo que perjudicó al fisco y burló el control aduanero normado.
La mecánica se habría repetido en numerosas ocasiones durante cinco años, y mediante ella se habrían importado, incluso, productos de la marca Alpinestars, pero documentados como mercadería diferente, debido a que los González estaban impedidos de importarla y comercializarla en el país por no ser los representantes o los distribuidores de la marca en Argentina.
Para aceitar las maniobras que se le adjudican, “Capitán” conformó en California, Estados Unidos, la firma Fly Machine Cargo, con la función de agencia de cargas y consolidación de precios.
A través de ella, despachaba mercadería desde Estados Unidos hacia Argentina, y así habría consolidado, en facturas distintas a las originales (supuestamente apócrifas), los falsos precios de las mercaderías por importar.
Posteriormente, los productos eran comercializados mayormente por Fly Machine SRL, de la que él y su madre aparecían como titulares. En una de las intervenciones telefónicas, surgió un diálogo entre “Capitán” y clientes, en la que habrían mencionado la importación de cascos subfacturados o directamente “en negro”.
Sin embargo, para montar los supuestos ardides, se habría valido de la ayuda de otros actores. Así es que emergieron varios nombres, entre ellos, el de su hermano, “Alambre”. Este comerciante, dueño de la empresa Mototech, habría efectuado las importaciones en la mayoría de los despachos y comercializado parte de las mercaderías en su local.
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“Pato” Joghems (suspendido como despachante) se habría encargado de llevar el estado de cuenta de las operaciones de compra efectuadas en el extranjero por “Capitán” y de entregarle a su padre, Julio Joghems, la documentación complementaria para presentar en los distintos despachos de importación.
Joghems (padre) actuaba como despachante de aduana en las destinaciones de mercadería importada a través de los Cuit de “Alambre” y de Dos Ramos Verónica (con domicilio en la firma Dompa, cuya titularidad ostentaba un socio de “Pato” Joghems).
Un expiloto de Dakar, en el medio
El empresario boliviano “Chavo” Salvatierra Vilagut, famoso corredor de Dakar, quedó bajo sospecha. Como representante de Visal Import Export SRL, despachaba desde Bolivia motos, cuadris y jet ski para “Capitán”.
Lo habría realizado con facturas apócrifas de Visal Import o de la empresa Nosiglia Sport Ltda. En las boletas habría hecho figurar (previo acuerdo con González o con “Pato” Joghems) precios falsos. Luego, Joghems (padre) habría presentado la documentación ante la Aduana para importarlos.
Alberto García y el uruguayo Sequeira habrían facilitado a “Capitán” los números de Cuit de las SA Speed… y The World… –que representaban– para concretar (junto con González) las importaciones procedentes de Bolivia.
Luego, otro comerciante habría vendido la mercadería en el local MotoRace, de Villa María.
La diferencia entre los valores FOB reales y los FOB declarados en la documentación presentada en la Aduana es de unos 4,6 millones de dólares y surgió del análisis de los 67 hechos que afectaban así al fisco.
Causa acumulada en Córdoba
A la causa principal se sumó otra acumulada y con dos nombres conocidos: los de García y Sequeira, y un tercero, nuevo: el de María Elena Veiga.
Los tres –y Claudio Calabria, sobreseído por fallecimiento– figuraban como directores, socios o representantes de hecho y de derecho de las compañías The Most Powerful SA, Pro ATV Motorsports SA, The World… y Speed…
Desde 2004 y hasta 2011, habrían ingresado motos y cuadris de forma ilegal.
La operatoria habría sido la misma empleada en la causa principal con la declaración de valores inferiores a los reales, mediante la presentación de facturas aparentemente apócrifas.
En este caso, el perjuicio fiscal habría llegado a casi 1,9 millones de dólares.
