Una visita rutinaria al médico terminó en una investigación penal en Córdoba. Una afiliada presentó una denuncia ante el Pami (INSSJP), luego de que su médica de cabecera le advirtió que otro colega, un cardiólogo al que la paciente desconocía, había emitido recetas electrónicas de medicamentos a su nombre.
La irregularidad desencadenó una investigación en 2017, impulsada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). Ahora, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó los procesamientos de los responsables de dos farmacias y le ordenó al juez federal N° 1, Ricardo Bustos Fierro, que siguiera investigando el rol de otros dos imputados, entre ellos, un médico.
A fin de determinar posibles maniobras defraudatorias en perjuicio de la obra social nacional a través del sistema de provisión de medicamentos, el fiscal federal UFI-Pami, Javier Arzubi Calvo, solicitó a la Gerencia de Medicamentos del Pami el historial de recetas de la denunciante. Del análisis surgieron 29 registros de recetas electrónicas confeccionadas por el médico Ariel Gustavo Gaón (53), entre enero de 2017 y mayo de 2018, de 46 medicamentos dispensados.
El sistema de receta electrónica fue establecido para los agentes del Pami, médicos de cabecera y prestadores mediante la utilización de una clave única Pami, con número de usuario y contraseña, el nombre del beneficiario y la receta con la firma y el sello del médico.
La sospecha sobre farmacias y un médico
A partir del análisis de la UFI-Pami y los elementos reunidos, el N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, imputó a Gaón. En su carácter de prestador médico de Pami, el cardiólogo habría utilizado el usuario o clave única Pami (CUP) para emitir recetas electrónicas con la supuesta utilización ilegítima de los datos de afiliados que no habrían ido a su consulta.
Así, emitidas las recetas en un número que superaba ampliamente la posibilidad de recepción de consultas por día (Gaón habría atendido varios pacientes en pocos minutos), se las habría entregado a Silvana Carolina Molina (45), responsable de la farmacia Guadalupe. Molina les habría incorporado el código del establecimiento para registro de Pami y los troqueles identificatorios de cada medicamento falsamente recetado.
Una vez consumada la mecánica, la farmacéutica habría simulado la venta, agregando en el reverso del documento los datos personales y las firmas de supuestos terceros autorizados para retirar los fármacos.
Luego, habría generado un ticket no fiscal con los datos comerciales de la farmacia, los datos del empleado que supuestamente habría efectuado la venta, el detalle de los medicamentos, el importe bruto, el gasto que debía asumir el afiliado y el porcentaje a cargo del Pami. Por último, habría incorporado en la parte inferior del ticket la rúbrica del supuesto tercero autorizado para retirarlo.
De esta manera, habrían sido presentados los tickets ante el Pami para su cobro, obteniendo el pago de medicamentos que no habrían sido comercializados.
El juez Bustos Fierro puntualizó que las recetas confeccionadas por Gaón a nombre de la denunciante fueron dispensadas por la farmacia Guadalupe y firmadas por un tercero no autorizado.
Por su parte, Gaón habría efectuado la misma maniobra en connivencia con Alejandro Espada (60), responsable de la farmacia Farmadosis, y Mariana del Valle Dezotti (50), de la farmacia Dezotti.
Respecto a la posible intervención de Espada en las maniobras, al analizar las recetas originales y los datos del Registro Nacional de la Personas, el juez puntualizó que varios de los beneficiaros de los medicamentos, cuyos datos figuraban en las recetas, estaban muertos. Y que, incluso, varios afiliados negaron haber sido atendidos por Gaón y ser clientes, a su vez, de Farmadosis.
Asimismo, quienes habrían retirado los medicamentos prescriptos por Gaón habrían sido empleados de Farmadosis, presuntamente desconocidos por los afiliados-beneficiarios de los fármacos. La defensa planteó que no se había investigado en profundidad la gran mayoría de las ventas en perjuicio del Pami, limitándose a exiguos casos no representativos de la totalidad.
El Pami habría abonado el porcentaje fijado para cada medicamento, subsidiado por la industria farmacéutica, y, además, el porcentaje que paga el afiliado, sin estar autorizado. De este modo, los imputados habrían estafado a la obra social por 403.833 pesos en total, divididos en las farmacias Guadalupe (73.418 pesos), Farmadosis (101.190 pesos) y Dezotti (229.225 pesos).
Bustos Fierro procesó a Molina y a Espada como presuntos autores de los delitos de defraudación contra la administración pública y recepción de recetas médicas falsas; y a Gaón, como presunto autor de la falsificación de recetas médicas y defraudación.
Sin embargo, sobreseyó a Dezotti y a Gaón por recepción de las recetas apócrifas y estafa.
Apelaciones en Córdoba
Senestrari apeló la medida al considerar que los sobreseimientos fueron apresurados, ya que estaba pendiente la incorporación de medidas probatorias solicitadas y la profundización de la investigación sobre otros elementos (testimonios, y la falta y la acumulación de troqueles, etcétera).
Un dato llamativo que surgió, por el que el fiscal solicitó su ahondamiento, es si Gaón atendió a muchos pacientes en un corto espacio de tiempo, tras lo cual emitió recetas electrónicas (desde su domicilio particular), luego presentadas al cobro por Dezotti.
Por su parte, las defensas de Molina y de Espada sostuvieron que la prueba no era suficiente para concluir –al menos por ahora– la existencia del hecho y la participación de ambos en él. La defensa de Dezotti, en tanto, pidió mantener el sobreseimiento.
El fallo de la Cámara
Elevados los planteos, la camarista Liliana Navarro sostuvo que los responsables de las farmacias habrían simulado la provisión y la dispensa regular de medicamentos, presentando la facturación y troqueles al Pami, que “habría abonado el total de porcentajes estipulados en la creencia errónea de que los medicamentos estaban autorizados”.
Solicitó al juez la confección de un informe sobre cada una de las recetas y la declaración testimonial de los afiliados de los supuestos compradores de medicamentos o quienes los hayan retirado en su nombre para diferenciar las ventas lícitas de las que ilícitas, y cuantificar así el perjuicio fiscal exacto.
Sobre Dezotti y Gaón, la vocal fue coincidente con Senestrari al evaluar como insuficientes los argumentos de Bustos Fierro para sobreseerlos.
Para Navarro, la prueba no logró desvirtuar la sospecha sobre el rol que habrían tenido: Gaón, presuntamente por el uso ilegítimo de datos de los afiliados para emitir recetas usadas por las farmacias. En este último punto, Dezotti.
“Gaón habría emitido una cantidad de recetas por minutos que supera la posibilidad humana de atención del médico al paciente. En consonancia con ello, considero que las razones expuestas en la resolución (del juez) resultan insuficientes, porque aun cuando surja (…) de las recetas que los afiliados (…) fueran clientes de la farmacia Dezotti, ello no asegura que hayan asistido a una consulta con Gaón, que efectivamente hayan sido sus pacientes y que los remedios prescriptos se correspondan con el acto médico veraz”, advirtió.
“Es posible también conjeturar que los nombres de la cartera de clientes de la farmacia podrían haber sido utilizados para falsificar las recetas, en cuanto no se encuentra comprobado si estos afiliados eran reales pacientes de Gaón, como tampoco se ha verificado si efectivamente concurrieron a la farmacia”, señaló.
Y mencionó que el juez debió analizar –antes de sobreseer a Dezotti– las 12 copias de carnet del Pami de distintas personas que se encontraron en la farmacia junto con los 3.800 troqueles y las cajas de medicamentos sin troqueles, sin que la imputada diera una “explicación plausible de credibilidad de su hallazgo”.
También requirió que declaren los beneficiarios consignados en las recetas o los terceros firmantes, y se dilucide por qué había miles de troqueles en poder de Dezotti.
Así, con su par, el vocal Abel Sánchez Torres, confirmaron los procesamientos de Molina y de Espada, y revocaron los sobreseimientos de Geón y de Dezotti.
