El tiroteo que terminó con la vida de una joven empleada de limpieza (su nombre era Gabriela Mónica Stefi Pérez, de 24 años) volvió a colocar en el primer plano el problema que tiene Córdoba con los sindicatos que funcionan con modalidades que algunos no dudan en calificar como mafiosas. Y es que una mafia es un grupo sin escrúpulos que se organiza para defender sus intereses particulares.
Eso es, según la Justicia, lo que ha venido pasando en los últimos años en el sindicato de recolectores Surrbac.
No obstante, sus principales líderes no purgan penas en la cárcel aunque tampoco fueron sobreseídos, y la causa es la generosa tardanza de la Justicia Federal de Córdoba, que todavía sigue sin poner fecha al juicio oral y público.
Los jueces siguen usando argumentos y excusas que no atienden la urgencia que tiene la sociedad cordobesa de acabar con estos bolsones de ilegalidad y violencia que terminan contaminando a la política.
No deja de resultar paradójico este enfrentamiento entre Surrbac y Soelsac, entre recolectores de residuos y empleados de limpieza, porque se trata de sindicatos y de líderes sindicales que crecieron en espejo. Son dos gremios de la limpieza ahora envueltos en una historia sucia.
Sergio Fittipaldi era, sindicalmente hablando, como la versión “mini” de Mauricio Saillén, a quien le fue imitando sus grandes fiestas para empleados en los 1° de Mayo, su rama juvenil, el culto a la personalidad, el mantenimiento de grupos de vigilancia y de choque.
Fittipaldi hasta se hizo de un club deportivo, Argentino Peñarol, que milita en la primera división de la Liga Cordobesa de Fútbol al igual que el Amsurrbac, el club de los Saillén. Ambos planteles se trasladaban en colectivos que tenían ploteadas las caras de los secretarios generales de cada gremio.
Apoyo
Ambos sindicalistas tuvieron el apoyo político del abogado peronista Ricardo Moreno, quien los ayudó alternativamente a liderar sectores importantes del movimiento gremial cordobés.
El Surrbac es objeto de media docena de procesos penales. En el más importante de todos, sus líderes Saillén y Pascual Catrambone, junto con sus hijos y otra docena de personas, están procesados por lavado de dinero, asociación ilícita, defraudación y usura. Los delitos se habrían cometido en el gremio, su obra social y su mutual usando el dinero de los afiliados.
Como la Justicia federal lleva un año y medio demorando el juicio contra los sindicalistas, Saillén y sus socios pudieron hacerse reelegir hasta 2026, en unas elecciones cuestionadas.
Antes de apuntar al Soelsac, el gremio de los Saillén había intentado ramificarse creando sindicatos para empleados de peajes y para empleados del área de seguridad, en ambos casos sin suerte.
El Soelsac es un botín muy interesante, por la cantidad de empleados que agrupa, cuyo número multiplica al de los recolectores y los barrenderos del Surrbac.
Se lo considera un gremio amigable con las empresas del rubro, muchas de las cuales tienen como principal contratista al Estado y llevan décadas violando las leyes laborales y ganando compulsas de precios amañadas, que les aseguran buenos ingresos por la tercerización de los servicios de limpieza en las dependencias estatales.
Este tiroteo en el club Yapeyú, con la madre que acabó asesinada, es sólo el último capítulo del enfrentamiento entre Fittipaldi y los Saillén. Ya había habido escaramuzas, denuncias judiciales cruzadas por amenazas, instigación a cometer delitos y hechos de violencia.
En el caso del Surrbac, sus sonados enfrentamientos con el líder camionero Hugo Moyano más de una vez incluyeron balaceras. Y opositores a los Saillén que quisieron disputarle el gremio terminaron echados de sus trabajos en las empresas de recolección, atacados de manera violenta y algunos de ellos fueron internados en terapia intensiva.
Otro, Pablo Carrasco, se salvó milagrosamente del ataque de un sicario que ingresó a su domicilio en barrio Villa El Libertador, en el sur de la Capital provincial y le disparó tres veces. Ese caso tampoco fue dilucidado por la Justicia.
