A 28 años de prisión fue condenado este viernes en Villa Dolores Roberto Clavero (65), un importante político y dirigente institucional de esa ciudad. Fue hallado culpable de abusar sexualmente, durante años, de una hijastra que por entonces era menor de edad.
Su exmujer, y madre de la víctima, Analía Montenegro, recibió una pena de 16 años, al ser considerada partícipe necesaria de los hechos. Tres hijos de la expareja también fueron condenados por falso testimonio durante el juicio.
Escenas de dolor, nervios y agresiones se registraron durante y tras la lectura de la sentencia en los tribunales de Villa Dolores.
Se trata del desenlace más esperado de los últimos años en Traslasierra, el final traumático de un caso que implicó un escándalo por la notoriedad de los protagonistas y la gravedad de los hechos. Pero también porque estuvo demorado más de 15 años en la Justicia, factor que será motivo de otro proceso, donde se acusa a exfiscales de no tramitar la causa, cuya denuncia inicial se remonta a 2005. En 2022, incontables manifestaciones masivas se realizaron pidiendo Justicia por la joven denunciante.
En lo civil, se estableció un resarcimiento económico de 119 millones de pesos, por daño moral y otras figuras en favor de la víctima, hoy de 33 años. Según los peritajes presentados en el juicio, la joven fue abusada entre los 3 y los 19 años por Clavero, con el encubrimiento de su progenitora. Ese factor habría generado secuelas irreversibles en la chica, que hoy madre de una niña de tres años.
Antonella Ricci salió públicamente a acusar a Clavero y a su madre en marzo de 2022, con el apoyo de su ex psiquiatra, Ingrid Angela. Días antes había renovado una denuncia que su propia madre había hecho en 2005 ante una fiscalía de Villa Dolores. Esa causa nunca avanzó en la Justicia. Montenegro luego no insistió en la denuncia y el documento fue ignorado durante 17 años. El principal acusado habría incurrido el riesgo procesal, por lo que fue detenido a los pocos días por orden de la fiscal interviniente: Eugenia Ferreyra, quien también actuó recientemente como fiscal de cámara en el juicio.
La funcionaria imputó más adelante a la madre de Antonella, que esperó el juicio en libertad.
Condenas graves
Técnicamente, Clavero fue encontrado responsable de “abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por ser encargado de la guarda y por resultar un grave daño en la salud de la víctima, con promoción a la corrupción de menores y aprovechamiento de la convivencia preexistente”. Así reza el veredicto de los jueces Santiago Camogli, Carlos Escudero y Facundo Gil.
En 2022, la víctima le dijo a La Voz; “Clavero me convirtió en su esclava sexual, y mi madre encubrió todo por dinero”.
La progenitora de la víctima fue condenada por “partícipe necesaria” de los hechos descriptos y por falso testimonio en el proceso. La lectura de su sentencia fue desgarradora para los hijos que la apoyaban. Las reacciones incluyeron gritos, reclamos y crisis de nervios entre sus familiares.
En cuanto a lo civil, se condenó a la ex pareja a pagar 119 millones de pesos de resarcimiento a la víctima. La Incapacidad Vital pasada y futura, el daño moral y los costos terapéuticos son algunos de los conceptos que suman para llegar a esa cifra.
Testimonios
“Ha sido una condena ejemplar, se ha demostrado que todos somos iguales ante la ley, que tomos podemos ser tocados aunque tengamos poder” dijo Germán Romero Marcón, abogado de la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra y querellante en la causa. El letrado agregó: “Creo que hay condenas importantes, faltó un pedido públicas de disculpas a la víctima, adentro hoy nadie le pidió perdón a nadie, Antonella recibió la sentencia con mucha emoción”. Y destacó: “El fallo responde a que hubo un cúmulo de pruebas comprometedoras para los acusados, tanto para quien abusaba como para quien encubría, creo que la sentencia habla por sí misma”
En tanto Jorge Ricci, hermano de Antonella que no apoyó la denuncia de la chica, criticó duramente la decisión de los jueces: “Este ha sido un fallo totalmente injusto, soy hermano de padre y madre de Antonella, siempre respetamos los tiempos del proceso y no tratamos de influir en la prensa, cosa que sí hicieron los organismos de Derechos Humanos, o de algunos humanos”. El joven descalificó la postura de su hermana: “Ella dice que fue abusada con penetración desde los tres o cuatro años, eso es biológicamente imposible, y nadie de la familia nunca vio nada, no hubo ninguna historia clínica que diga que fue abusada, el tribunal no ha tenido pruebas para llegar a esta conclusión”. Y aclaró: “Mi relación con Antonella siempre fue buena, ella dormía al lado de mi cama, íbamos al jardín juntos, mi padre nunca denunció porque nunca hubo nada”.
Hombre del poder
Clavero fue detenido en marzo de 2022. En ese momento presidía (desde 2016) la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste (Cemdo Limitada), la empresa con mayor poder económico de Traslasierra, que con miles de asociados presta numerosos servicios en 13 localidades del valle. Como líder de la llamada Agrupación Lealtad, facción del peronismo local, manejaba los destinos de esa entidad, pero también influía en distintos espacios públicos y políticos. De hecho, era también presidente del Circuito San Javier del Partido Justicialista, siempre formando parte del entorno inmediato del exlegislador y ministro provincial Oscar González, caído en desgracia tras el siniestro vial en el que atropelló y mató a una docente y dejó gravemente heridas a dos adolescentes en el Camino de las Altas Cumbres.
Desde hacía décadas Clavero lideraba el gremio de empleados de comercio de Traslasierra. Y antes, había sido subdirector General de Municipios y Comunas de Córdoba, interventor en la Comuna de La Cumbrecita, director General de Acción Social en el Ministerio de Salud provincial y concejal en Villa Dolores, entre otros cargos.
Antes de que estallara este caso judicial, iniciada por la denuncia de la propia víctima, se lo mencionaba como probable candidato a intendente de Villa Dolores por el PJ para 2023.
Tensión entre las partes
Por tratarse de delitos de instancia privada, el juicio, que empezó el 18 de marzo, se desarrolló a puertas cerradas. Para el esperado día de la sentencia, este viernes, se dispuso una “sala espejo”. En ese recinto, con lugar para sólo 35 personas, ingresaron familiares y allegados de los acusados y de la víctima (que en este caso pertenecen a la misma familia), militantes de derechos humanos y trabajadores de prensa. En el lugar había pantallas donde se observaba la sala de audiencias. Fue ahí donde se produjeron algunos disturbios entre los familiares de los condenados y otros presentes.
