La profunda topografía de los barrios de Córdoba suele albergar algunas historias que no sólo suceden en Macondo o en alguna remota aldea del otro extremo del mundo. A pocas cuadras de la plaza central de barrio San Vicente, en el este de la ciudad de Córdoba, un grupo de narcomenudistas copó el Club Social y Biblioteca Popular San Vicente Sud y desarrolló un insólito emprendimiento comercial.
En mayo de 2022 los efectivos antinarcóticos les cayeron encima a los “emprendedores” y pusieron fin a las actividades irregulares que se desarrollaban en el buffet del club y en unas canchas de césped sintético en las que organizaban partidos de fútbol por fuertes sumas de dinero. El procedimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) dejó un saldo de dos detenidos y el secuestro de unas 300 dosis de cocaína.
Hacia 2011 el club barrial ubicado en el pasaje Robles 2750 fue tomado de hecho por Gustavo Gabriel Gutiérrez, quien aprovechó un estado de vacancia dirigencial por fallecimiento o retiro por desinterés de algunos miembros de la comisión directiva. Ante este vacío, bajo una ficción de “concesión” del espacio se adueñó de las instalaciones y comenzó una explotación comercial.
Gutiérrez aprovechó unas canchitas de tierra e instaló un solado de césped sintético para alquilar esos campos de juego y organizar torneos en los que se disputaban elevados premios en dinero. El negocio “cerraba” con la explotación del buffet y con el expendio de drogas a algunos asistentes.
Pronto se vio a un grupo funcionar como una organización de entre tres o cuatro personas con prolija distribución de tareas, que tenía un vendedor que cobraba a los clientes y una persona que luego hacía la entrega de las dosis de cocaína. Los clientes de los “ravioles” eran jóvenes y no hubo constatación de expendio de droga a menores de edad.
Ya sin ningún tipo de actividad de la biblioteca o de algo que se parezca a lo cultural, el club de Gutiérrez comenzó a generar un movimiento que generó ganancias sin gastos. No había quién cobrara la “concesión” ni control de ningún tipo. Además, la “empresa” no tributaba ni a Rentas ni a Afip, como si se tratara de una entidad exenta.
Según se ventiló en las audiencias de Tribunales 2, las ganancias fueron tales que Gutiérrez comenzó a registrar un cambio en su nivel de vida significativo que no podía justificar porque sus ingresos no tenían trazabilidad alguna.
Al poco tiempo, de la explotación del club el “gerente” adquirió una casa cerca del club y le hizo reformas que la convirtieron en una propiedad de valor inmobiliario. Además, compró una camioneta SUV Ford Kuga en la que se movilizaba. Su nivel de vida era muy superior al de años atrás.
Las fuentes judiciales sostienen que a tal punto fue el grado de impunidad con la que se movió la empresa clandestina que llegaron a colocar una reja que “cerró” el pasaje público.
En la segunda mitad de la década pasada, los vecinos comenzaron a sentirse molestos ante algunas evidencias que molestaban de una entidad que realizaba actividades alejadas del fin social del club social y de la biblioteca.
Las denuncias a las autoridades dispararon una investigación que tuvo su punto culminante en el allanamiento del 6 de mayo de 2022, en el cual se secuestraron más de 290 dosis de cocaína y se detuvo a Gutiérrez y a su “socio” José Luis Alfaro.
Se conoce como parte de las actividades al menos a dos personas más, uno que aún no fue identificado y otro que se mantiene prófugo desde hace 13 meses: Marcelo Germán López.
A juicio y condenados
Tras la instrucción de la fiscal Paulina Lingua, la causa llegó juicio con prueba abundante.
El debate oral se celebró este miércoles en la Cámara 5ª del Crimen de Córdoba, con el juez unipersonal Alfredo Villegas.
El fiscal de Cámara Marcelo Fenoll acusó con la prueba reunida y pidió condenas por comercialización y tenencia de estupefacientes agravada.
El juez Villegas impuso 4 años y 10 meses de prisión a Gutiérrez por comercialización de estupefacientes agravada por el lugar de comisión del delito, una institución deportiva. En tanto, Alfaro recibió una pena de 4 años y nueve meses de prisión como autor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, con el mismo agravamiento.
El juicio “breve” puso en evidencia la realidad del club y la explotación inescrupulosa de los condenados.
El fiscal Fenoll formuló en su alegato otras solicitudes que fueron admitidas por el camarista Villegas. Por un lado, se decomisó la camioneta Kuga de Gutiérrez y, como pidió el acusador, se destinará para el uso de los efectivos de la Policía Judicial.
Por otro lado, para solucionar la irregular situación institucional del club, se dispuso cursar notificaciones a la Secretaría de Deportes de la Municipalidad y a la Agencia Córdoba Deportes provincial.
Trascendió que también se notificará a la comuna para que restablezca la circulación en el pasaje, que aún estaría vedada por una reja.
