El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF) echó por unanimidad al fiscal general Julio César Castro por “mal desempeño” y por no haber obrado con buena conducta, particularmente por su relación con las mujeres.
El exfuncionario estaba a cargo de la Fiscalía General Nº 13 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales de la Justicia nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).
Entre los cargos que esgrimieron los acusadores (fiscales) Indiana Garzón y Federico Reynares Solari se cuentan hechos de acoso laboral y sexual y también de maltrato dirigidos contre empleados y empleadas, funcionarios y funcionarias del MPF y del Poder Judicial de la Nación.
La noticia se conoce luego de producirse en la ciudad de Córdoba la cesantía del exayudante fiscal Ernesto Martín Morales, quien fue expulsado de la Justicia provincial por el maltrato laboral y sexual a hombres y mujeres que estaban a su cargo en la Unidad Judicial 21 de barrio Los Naranjos.
Remoción de Castro
En el caso de la Caba, los hechos resultaron probados por el tribunal integrado por Adriana Donato (presidenta, en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), César Grau (Senado de la Nación), el fiscal general Juan Carlos Paulucci y la fiscal federal Alejandra Obregón (MPF), Francisco Javier Panero (Federación Argentina de Colegios de Abogados), Laura Giosa (Consejo Interuniversitario Nacional) y Héctor Recalde (Poder Ejecutivo Nacional).
El cuerpo envío a la Procuración General de la Nación (PGN) una serie de recomendaciones de los acusadores con medidas de reparación para las víctimas. Además, el tribunal puso a disposición del procurador general interino Eduardo Casal una serie de medidas para continuar fortaleciendo la política de género que viene desarrollándose en este organismo.
En el debate se analizaron los episodios de acoso laboral, sexual y de maltrato hacia sus empleadas y empleados, así como también una serie de intercambios que el fiscal mantuvo por la red social Twitter con una adolescente, menor de edad.
Por otra parte, también se ventiló la denuncia que le realizó su expareja por violencia de género y que derivó en una condena penal a seis años y seis meses de prisión que ahora está en etapa de revisión en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.
El tribunal dictaminó que existieron “numerosos hechos de suma gravedad” cometidos por Castro, que se repitieron a lo largo del tiempo y que mostraron un ensañamiento hacia las mujeres: “Los hechos comprobados en este juicio demuestran que el magistrado no satisface los requisitos que la Constitución Nacional y las leyes dictadas en consecuencia imponen a todo fiscal para permanecer en el cargo y, por ello, corresponde su remoción”, concluyó el cuerpo.
Tratados internacionales
En su resolución, mencionaron la importancia del respeto a los principios, derechos y garantías consagrados tanto en la Constitución Nacional como en tratados y convenciones internacionales.
En este jury se citó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Se indicó además que los acosos sexuales laborales, comportamientos inadecuados en Twitter y los hechos en perjuicio de su ex pareja son manifestaciones de todos los tipos de violencia contra las mujeres: física, psicológica, sexual, económica y simbólica.
Con relación a las medidas pedidas por la acusación en el alegato, consideró el Tribunal que si bien resultaba inviable aplicarlas directamente, correspondía comunicar a la Procuración las peticiones de reparación. Destacaron que la reparación integral es una responsabilidad del Estado al igual que implementar políticas encaminadas a eliminar la violencia contra la mujer.
Entre otros puntos interesantes de este juicio, se destacaron una serie de recomendaciones para optimizar las respuestas de la PGN en casos de acoso laboral y sexual. Propuso el tribunal además de las medidas adoptadas ya dentro del organismo que se intensifique la prevención de los acosos sexuales y su identificación temprana.
