Una condena elevada se llevó de Córdoba el trader catamarqueño Edgar Adhemar Bacchiani (48), máxime teniendo en cuenta que todavía le restan resolver varios centenares de reclamos de particulares que se consideran estafados en esta jurisdicción, en Catamarca, en Tucumán y en otros lugares del noroeste argentino.
La Cámara 10ª del Crimen de Córdoba le impuso una pena de nueve años de prisión como responsable de 50 estafas a particulares que habían colocado dinero en su compañía Adhemar Capital, ubicada en Luis de Tejeda al 4000, en barrio Cerro de las Rosas. Con la promesa de elevados rendimientos en dólares, los inversionistas se vieron defraudados al perder los intereses y también el capital.
En el juicio iniciado a mediados de febrero, el fiscal de cámara Gustavo Arocena logró un acuerdo de juicio abreviado con el defensor que el acusado conoció una vez que habían transcurrido dos audiencias, el penalista Eduardo Gómez Caminos. El entendimiento, a cambio del reconocimiento pleno del medio centenar de estafas (reiteradas), se pactó a cambio de una pena de 10 años de prisión, si bien la defensa en su alegato ante el tribunal pidió que se morigeren los años de encierro.
Los camaristas Carlos Palacio Laje (presidente), Mario Centeno y Juan José Rojas Moresi terminaron imponiendo nueve años de prisión, además del decomiso de los celulares y dispositivos que se le secuestraron al acusado que se hace llamar –así lo reconoció en la primera audiencia– “God trader” o “Trader dios” por sus supuestas habilidades para las inversiones.
El mecanismo con el que seducía a sus clientes era la inversión del dinero en diversas modalidades, entre las que estaban las criptomonedas. Contra la entrega de capital que solía contarse por decenas de miles de dólares por cliente, Bacchiani prometía un rendimiento mensual de entre 10 y 15 por ciento efectivo mensual, en la moneda estadounidense.
El derrumbe de lo que habría sido un esquema piramidal dejó el tendal de reclamos que la fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno de Córdoba, Valeria Rissi, contabilizó en cerca de 200.
De esos 200 ahorristas, llegaron 50 a este primer juicio a Bacchiani en todo el país. Esas víctimas encontraron sentencia penal –los años de prisión– pero se van con las manos vacías en cuanto a resarcimiento económico. Quedan pendientes los reclamos civiles no resueltos en esta sede, si bien se estima que el grado de solvencia del condenado no sería muy afianzado. Asegura tener varias propiedades inmuebles en Catamarca pero lo relativiza aclarando que son bienes gananciales de la sociedad conyugal que tenía con su ex. Además, Bacchiani se declaró en quiebra personal y empresaria, por lo que quienes quieran hacerle reclamos tendrán que ponerse detrás en la cola de quienes acreditaron deudas en el proceso concursal.
Esta última audiencia en la que se dictó sentencia, este miércoles, tuvo un primer momento cuando se escuchó la última palabra del acusado, que agradeció al fiscal Arocena, a su defensor y al tribunal de jueces. También solicitando que se baje la pena acordada, Bacchiani dijo que quería estar cuanto antes con su hijo de condiciones especiales y con su madre, de edad avanzada.
Tras finalizar la audiencia, luego de la lectura del veredicto de los jueces se informó que Bacchiani se vuelve a su provincia, donde estaba originalmente detenido y desde donde vino en febrero, cuando se inició este primer juicio.
Ahora, se vuelve con una condena elevada, que podrá incrementarse si se celebran más juicos por los 150 hechos pendientes de Córdoba y el grueso de los reclamos que se instruyen en la Justicia Federal de Catamarca. El pronóstico punitivo puede ser más elevado aún.
Rissi se transformó en la primera fiscal en el país en llevar a juicio al inversionista que acumula cientos de reclamos en diversos puntos del centro y noroeste del país. No pocos fueron sus esfuerzos para retener la competencia que pretendió disputarle la Justicia federal de Catamarca. También merecen destacarse los méritos de la Cámara 10ª del Crimen que se esforzó para arribar a esta condena antes de que en mayo se cumplan los tres años de la prisión preventiva.
Sin resarcimiento, pena alta
Como correlato, queda por afirmar que, si bien algunos consideran que nueve años de prisión es un monto elevado de pena para alguien que “no mató a nadie”, esto tiene que ver con la falta de resarcimiento económico a las víctimas de las estafas.
Similar castigo han sufrido en esta misma cámara aquellos estafadores que no mostraron dinero a la hora de los juicios. El caso paradigmático es el del arquitecto Jorge Ribeiro –de Ribeiro Construcciones–, condenado en junio de 2023 a 11 años de prisión por esta misma cámara, por unas 30 estafas inmobiliarias por unos tres millones de dólares de perjuicio global.
En el caso de Bacchiani, el perjuicio para 50 personas sumaría cerca de 1,5 millones de dólares.
Arocena, desde que es el fiscal de esta cámara ocupada de los Delitos Complejos, se ha esforzado por el castigo penal de prisión efectiva, pero especialmente se ocupa del aspecto restaurativo. En varias ocasiones, a cambio de una morigeración de la pena, ha logrado que los condenados se preocupen de resarcir totalmente a las víctimas, aun con montos actualizados.
La acusación puede tornarse más flexible si los acusados se ocupan de las víctimas de sus estafas y logran un resarcimiento total o parcial.
