Un auto de lujo envuelto en presuntas maniobras de lavado de dinero del narcotráfico a través de una concesionaria de Villa Carlos Paz, en Córdoba, se ha transformado en objeto de disputa en la Justicia federal, por el reclamo de un novel abogado de Buenos Aires.
El BMW 330i figura a nombre registral de Enrique Adalberto Struck, imputado en la investigación por supuesto lavado de activos del narcotráfico que lideran el fiscal federal N° 3 de Córdoba capital, Maximiliano Hairabedian, y el juez N° 1 del mismo distrito, Alejandro Sánchez Freytes.
“Narcocamión”: casi 300 kilos de marihuana en Córdoba
El tramo del lavado que sigue bajo pesquisa se desglosó de la causa principal, en la que fue condenado el narcotraficante Eugenio Andrés Cavas, falsamente autodenominado “Javier Cañete”.
Cavas fue detenido tras un gravísimo siniestro en 2021 en la autopista Córdoba-Rosario cuando viajaba en un Mercedes Benz GLC300 (de un abogado), acompañado por Ramón Antonio “el Zurdo” Asís, quien falleció. Asís se hizo conocido por integrar una banda dedicada a importantes robos en la acomodada zona de Nordelta, en Tigre, provincia de Buenos Aires.
Cavas, que arrastraba en ese momento un pedido de captura internacional por otra causa, ordenado por la Justicia de aquel distrito, en paralelo estaba bajo investigación por su rol en la trama narco en Córdoba.
Dos días antes de su detención, la Gendarmería había secuestrado un camión con casi 300 kilos de marihuana valuados en U$S 294 mil, en barrio Villa Páez, de la Capital provincial, perteneciente a la banda de Cavas. Eso permitió a los investigadores entrelazar fechas, hechos y nombres, entre ellos el de Fernando Daniel Cainzo, quien trasladó la droga desde Carlos Paz a Villa Páez.
Cavas fue enjuiciado por la organización y financiación de estupefacientes para su venta, transporte de estupefacientes agravado, tenencia con fines de comercialización, violación de medidas sanitarias, uso de documento público falso y uso de documento ideológicamente falso.
Cavas se habría abastecido de los estupefacientes provenientes de Salta –a través de Pedro Porfidio Pérez (se lo investiga)– y luego mediante sospechosos de origen boliviano (no identificados).
También fueron sentenciados su mano “derecha”, Fernando Jorge Peralta; los supuestos financistas de Cavas, Ramón Eduardo Barrionuevo y su esposa Mariela Rosa Couly; Cainzo, y Facundo Adrián Ríos. Fueron absueltos Lucas Luciano Agüero (pareja de la concejala cordobesa Jessica Tamara Rovetto Yapur) y Tomás Sarmiento.
El tramo del lavado
Como es habitual en las causas por narcotráfico, las ganancias ilícitas son lavadas mediante operaciones de compraventa de inmuebles, vehículos, inversiones y hasta el juego, para intentar darle licitud.
Cavas habría blanqueado fondos propios y del matrimonio Barrionuevo-Couly, producto de las drogas, a través de la concesionaria QS Automotores, ubicada en Villa Carlos Paz, dedicada a la compraventa de vehículos de alta gama. También habría comprado numerosos inmuebles y vehículos con dinero proveniente del tráfico ilegal y mediante prestanombres, para encubrir su origen y su dominio sobre ellos.
Enrique Adalberto Struck (abogado y exempleado de Epec) y Gastón Ignacio Quevedo habrían fungido como prestanombres titulares de la concesionaria para dificultar su vinculación con Cavas con conocimiento de sus actividades ilegales, o al menos de su imposibilidad para justificar el origen de los fondos utilizados para montar la concesionaria.
No habría sido el único negocio de Cavas: ya habría comprado la verdulería El Loco, a unas 13 cuadras de QS. Pero no habría perseguido su utilización como “pantalla” para blanquear dinero, por lo escaso del rubro, sino más bien como excusa para trasladar verduras y frutas desde Córdoba hasta Villa Carlos Paz en un Ford 350 con espacio para la carga de drogas en medio de las restricciones de circulación en ese tiempo.
Ante la ex-Afip, Cavas señaló que se dedicaba al lavado de vehículos, pero al declarar manifestó que trabajaba en la compraventa de autos, con ingresos de unos $ 100 mil.
El BMW de Struck
El fiscal Hairabedian mantiene su sospecha de que el BMW 330i, a nombre de Struck, habría sido utilizado en las operatorias de lavado. Originalmente, un hombre vendió el BMW a Cavas, quien le entregó en parte de pago un Ford Mondeo sin la respectiva documentación.
El auto fue transferido a Struck el 3 de mayo de 2021, es decir, dentro del período del lavado de activos bajo sospecha.
Lo novedoso en la causa es que apareció en escena el novel abogado Facundo Daniel Ramón Abregú, representado por su colega, Carlos Alberto Telleldín (absuelto en la causa por el atentado contra la Amia). El padre de este último, el fallecido Rául Pedro Telleldín, fue uno de los jefes del temible Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Córdoba, que en 1979 participó del brutal crimen del subcomisario Ricardo Albareda, al que le cortaron los testículos, se los introdujeron en la boca y se la cosieron.
Tanto Abregú como Telleldín (h) son codefensores de Brenda Uliarte, una de las imputadas por el intento de asesinado de Cristina Kirchner, en 2022. El exnovio de la mujer, Fernando Sabag Montiel, y el jefe de ambos, Nicolás Carrizo, se encuentran presos y procesados por tentativa de homicidio (Montiel le apuntó con el arma a la expresidenta).
En la causa por el BMW en Córdoba (sin conexión con la de Uliarte), Abregú solicitó al juez Sánchez Freytes que lo nombrara depositario judicial del auto que –según su versión– sus padres le regalaron por haberse recibido de abogado.
Siempre de acuerdo con sus dichos, Abregú “adquirió” el costoso vehículo valuado en miles de dólares a un hombre (presentó el boleto de compraventa) el 7 de junio de 2021, pocos días antes de que fueran secuestrados los casi 300 kilos de marihuana.
Abregú explicó que si bien se lo “adquirió” a aquel vendedor, la titularidad del rodado pertenece a Struck, procesado por lavado junto con Quevedo. Abregú mencionó que en aquel mes de 2021 solicitó la verificación policial e informe de dominio y que el 27 de junio (dos días después del secuestro de la marihuana) le entregaron el formulario 08 certificado para realizar la transferencia de dominio.
Cuando se comunicó con un gestor de su confianza para realizar la transferencia de dominio, este le informó que el BMW (modelo 2016) tenía pedido de secuestro ordenado por el juzgado de Sánchez Freytes (en su momento, a cargo de Ricardo Bustos Fierro), según su relato.
El abogado entonces solicitó al juez que lo nombrara depositario judicial del rodado. El fiscal se opuso porque el vehículo se encuentra con orden de secuestro y solicitó que Abregú entregara el auto, bajo apercibimiento de iniciar acciones penales en su contra.
El juez rechazó el pedido de Abregú debido a que el rodado no estaba en poder de la Justicia y continuaba con pedido de secuestro vigente desde noviembre de 2021 (sigue registrado a nombre de Struck).
El magistrado resaltó que, incluso, el Registro del Automotor N° 2, de Villa Carlos Paz, informó que en junio de 2021 “no se peticionó ningún trámite de informe de dominio”. En ese sentido, Sánchez Freytes detectó una contradicción entre lo sostenido por el Registro y los dichos de Abregú, quien mencionó que el 7 de junio de 2021 (cuando adquirió el vehículo) había solicitado la verificación policial e informe del dominio.
Tras la intimación judicial para entregarlo, Abregú finalmente entregó el rodado el 1° de marzo en la ciudad de Morón. Como es habitual en el caso de rodados secuestrados fue inventariado. Si bien solicitó trasladarlo a Córdoba, el auto quedó retenido en Morón. La Voz pudo saber que el abogado buscará recuperar lo que él consideró una compra de buena fe.
Circulación a pesar del pedido de captura
De acuerdo al análisis que La Voz hizo, Abregú u otra persona (porque, según lo manifestado por el propio abogado, él ya había adquirido el rodado) manejó el auto libremente, a pesar de pesar sobre él un pedido de captura.
Esto fue comprobado por la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, del Ministerio de Transporte bonaerense, debido a que el vehículo fue captado a través de fotomultas. Las infracciones fueron cometidas el 20 de enero de 2022 en Campana, 29 de marzo (Cañuelas), 8 de abril (General Las Heras) y 28 de septiembre de 2022 (Vicente López), todas por exceso de velocidad.
