El joven que mató a balazos a Sebastián Villarreal, en el marco de un asalto callejero cometido por una banda de motochoros en el barrio Yofre Norte de Córdoba en 2024, fue declarado penalmente responsable del delito de homicidio criminis causae y encubrimiento agravado en el marco de una audiencia en el fuero penal juvenil.
J. M., quien tenía 17 años al momento de los hechos, admitió todo y fue hallado penalmente responsable (condenado) por la jueza Ileana Benedito, quien dispuso que volviera al Complejo Esperanza, donde deberá ser sometido a un tratamiento durante un año (con posibilidad de renovación por otro año) para recién entonces decidir qué pena impone; o si bien lo absuelve.
No es técnicamente una condena. Por haber sido menor, se lo declara penalmente responsable de los hechos.
La fiscalía penal juvenil y la abogada Daniela Castro Barreiro, quien representa a la familia de la víctima, habían reclamado que el joven homicida fuera trasladado a la Cárcel de Bouwer y no al Complejo Esperanza.
“Nosotros reclamamos y seguiremos reclamando que ese joven sea trasladado al penal (de Bouwer) y no al Complejo Esperanza y que sea tratado por personal técnico del Poder Judicial de Córdoba y no de la Senaf. La Senaf no funciona bien. No queremos que actúe en esta causa”, aseveró la abogada.
De esta manera, J. M. se convirtió en el primer condenado por el alevoso crimen.
Cabe recordar que otro chico (hoy de 16 años y multirreincidente) que participó del crimen fue declarado inimputable, aunque ya está en Complejo Esperanza por otros robos.
En paralelo, otros tres jóvenes ya mayores de edad comenzarán a ser juzgados a fecha a determinar por la Cámara 3ª del Crimen (en Tribunales II). Esos tres varones llegarán a juicio por homicidio en ocasión de robo.
En esa causa, otros siete varones serán juzgados por integrar la banda de motochoros, aunque no por el crimen en sí, sino por violentos asaltos.
Primero crimen, luego robo
El asesinato de Sebastián Villarreal ocurrió en la madrugada del 29 de febrero de 2024 en barrio Yofre Norte, de la ciudad de Córdoba.
Todo ocurrió frente al domicilio de la víctima, en calle Montemayor al 2300.
Eran cerca de las 6.20 de la mañana, cuando Sebastián, padre de familia, salió de su casa en moto para dirigirse a trabajar.
A poco de salir en moto, fue abordado por varios motochoros que le exigieron el vehículo.
Según la causa, fue ultimado a balazos y luego sufrió el robo. El hombre alcanzó a pedir que no lo mataran. Tras ser ultimado, los delincuentes escaparon a toda velocidad.
El alevoso asesinato motorizó a que cientos de personas salieran a reclamar justicia en apoyo a los familiares, amigos y vecinos de la víctima.
El fiscal Andrés Godoy coordinó una compleja investigación con pesquisas de Robos y Hurtos de la Policía.
Meses después, se logró dar con los cinco principales acusados: tres mayores y dos menores.
El que tenía 14 al momento de los hechos fue declarado inimputable. Su causa recayó en manos de la Justicia de Menores.
Fue derivado a una familia de Villa Carlos Paz de donde, sin control alguno de la Senaf ni de la Justicia de Menores, se escapó varias veces para protagonizar violentos robos armados.
Respecto al otro mejor, J.M., fue enviado al Complejo Esperanza.
Los otros tres acusados mayores -Axel Fabricio Escada (20), Luciano Gonzalo Busto (19), Héctor Alejandro Herrera (25)- fueron a Bouwer.
Confesión y “condena”
La abogada querellante Castro Barreiro indicó que el joven condenado ahora debería haber sido juzgado con el resto de los otros imputados en la Cámara 3ª.
“Debería haber estado sentado junto a los adultos en la Cámara 3ª. Y en caso de ser hallado responsable, que lo fue, su causa deberían haber sido girada al fuero Penal Juvenil. Pero sucede que, como se vencieron los plazos para juzgarlo (no puede ser más de 18 meses), se decidió que se hiciera esta otra audiencia en el fuero Penal Juvenil que nos dejó no del todo conformes”, expresó.
La tardanza en su juzgamiento, según trascendió, se debió a dos instancias: el Juzgado de Control 5 y luego la Cámara 3ª del Crimen.
Operadores judiciales coinciden que ese joven debería haber sido juzgado con los adultos. Pero no fue así.
Según trascendió, en la audiencia realizada ahora, el adolescente confesó el crimen y se mostró arrepentido de todo. Incluso pidió disculpas a la familia de la víctima.
La querellante y el fiscal penal juvenil (Marío García Tomas) habían solicitado que fuera a la Cárcel de Bouwer, lo que no sucedió.
Además, la abogada querellante reclamó “que la Senaf quede fuera de todo porque no funciona”. En su lugar, dijo, “debería actuar el equipo interdisciplinario del Poder Judicial”.
El joven será sometido a un tratamiento durante un año en el Esperanza. Recién entonces, la jueza Benedito deberá decidir qué pasará con él.
