Como de manera premonitoria, Jimena Villarreal, hermana del joven trabajador que fue asesinado en barrio Yofre, ya había dicho que fracasaría la estrategia de dejar en libertad, bajo la “estricta tutela” de una familia, al presunto asesino de Sebastián Villarreal.
Ahora recibió en su celular la foto que el adolecente de 15 años difundió el miércoles por la noche en sus propias redes sociales: se lo ve subido a una motocicleta, con dos armas en la cintura.
En su posteo de Instagram se muestra en cuero y lleva una bermuda de jean. Escribe: “Al mal tiempo una sonrisa”.
Según la investigación que llevó adelante el fiscal Andrés Godoy, cuando aún tenía 14 años el adolescente fue coautor del crimen, cuando otro adolescente de 17 años disparó un arma de fuego contra Sebastián, en ocasión del robo de la motocicleta XR 190 de color negro, en la barriada ubicada en zona noreste de la ciudad de Córdoba. Todo sucedió el 29 de febrero.
Sebastián salía hacia su trabajo. Al menos dos adolescentes le interceptaron el paso. Desde el suelo pidió clemencia. Ya no tenía su vehículo en mano, se lo habían quitado, e igual le dispararon. Lo asesinaron.
Godoy llevó a cabo una minuciosa investigación que indica la existencia de una banda con una aceitada modalidad para el delito.
El mismo adolescente, proveniente de la ciudad de Villa Carlos Paz, actuaba a menudo con el resto de sus cómplices. Arrastra antecedentes en la misma localidad turística, donde fue señalado y denunciado por robar.
En Córdoba, y junto con una banda cuya base operativa se encuentra en barrio Ciudad Evita, zona sudeste de la Capital, se dedicaban a robar motocicletas.
Luego de despojar a los propietarios entregaban los vehículos a otros miembros de la banda que se ocupaban de reducirlas, enfriarlas o esconderlas.
En el camino desechaban sus armas, cambiaban de vehículos y de vestimenta.
“Se volvían invisibles porque trabajaban en cadena. Cuando los seguían por cámaras, los perdían porque en el medio de las imágenes desaparecía la moto, el que la manejaba y todos”, dicen los investigadores.
El adolescente fue aprehendido y finalmente su guarda fue asignada a una familia. La jueza de menores, Nora Giraudo, decidió el destino para el principal sospechoso de haber asesinado a Sebastián.
Por ser menor de 16, es inimputable ante la Ley penal.
Ante esta situación, la experimentada jueza le otorgó la guarda a una familia que, según trascendió en los pasillos de Tribunales II, sería oriunda de Carlos Paz.
Además la jueza le habría prohibido el uso de las redes sociales. Ahora investigan cómo se generó el posteo en la cuenta personal del adolescente y si incurrió en el incumplimiento de alguna de las indicaciones de la jueza.
Godoy citó a la abogada de la familia de Sebastián, Daniela Castro, y mantuvo una extensa reunión que giró en torno a los últimos acontecimientos, según pudo conocer este medio.
No obstante, ni el fiscal ni la letrada dieron detalles sobre lo hablado. Aunque fue difícil ocultar para todos la gran tensión que rodea la causa desde la aparición de los posteos del adolescente.
Indignación en la familia
Cuando conoció lo que estaba ocurriendo, Jimena también usó las redes sociales para expresar el descontento familiar con lo que está ocurriendo en torno a quienes serían los asesinos de su hermano.
“La jueza Giraudo dijo siete veces por lo menos en la audiencia que ella tenía 41 años de profesión, 20 como jueza en lo penal juvenil. Dijo que el joven estaba listo para salir, que podía ir a una casa de una familia en un pueblito lejos de su hogar, porque su madre y su padre también delinquen. Le dijimos que eso iba a fracasar”, comentó en un largo posteo
En el mismo descargo comentó que le planteó a la jueza que el adolescente iba a terminar envuelto en un procedimiento sin recursos asignados, ni un equipo profesional que intervenga. Según aseguró la hermana de Sebastián, la jueza le contestó que “es lo posible”.
“Mi mamá, con 47 años de trabajadora social y de diversos recorridos vividos en los barrios e instituciones, le insistió en que no iba a resultar bien. Nuestra abogada le preguntó por qué no había tomado otras medidas posibles para estos casos, por la gravedad que tenía el hecho y dado que según la jueza, el joven ‘venía bien’”, escribió en su posteo.
Y siguió. “Anoche (por el jueves a la noche) me enteré por un periodista que aparentemente habría delinquido nuevamente, que subió fotos a instagram con armas”.
Al mismo tiempo se manifestó en contra de la baja en la edad de imputabilidad. Y apuntó contra la “corresponsabilidad legal” que habría, según su punto de vista, entre la jueza Giraudo y el juez de Carlos Paz, Daniel Strasorier, a quien también señaló por haber tramitado acusaciones contra el adolescente.
“Pienso en lo injusto del vaciamiento del Estado. Una y otra vez siento el llanto de mis sobrinos cuando mataron a su papá y en la salud destrozada por el dolor de mis padres, envejecieron 20 años de golpe”, lamentó la mujer.
Sobre la idea de bajar la edad de imputabilidad, opinó que tal medida sólo perpetúa “más violencia, aumenta la reincidencia y profundiza la desigualdad”. “La posta está en que personas con todos los privilegios, como son los jueces, trabajen como deben trabajar; que los ministros, con todos los privilegios, qué están a cargo de los recursos, hagan lo que tienen que hacer”, dijo, y pidió “prevención”.
Finalmente hizo un pedido: “Destinen recursos al antes, durante y después de la institucionalización de las infancias. Quizás se sorprendan, pero más policías no mejoran la cosa. La justicia social si”.
