La fiscal de Delitos Complejos N° 2 de Córdoba, Valeria Rissi, pidió la elevación a juicio de una causa en la que 26 cordobeses están imputados por una serie de estafas cometidas desde el interior de la cárcel de Bouwer, pocos kilómetros al sur de la Capital.
Según la pesquisa, en épocas de cuarentena, mediante un trabajado ardid, los delincuentes se hacían pasar como empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y así lograron embaucar a decenas de personas por un monto que supera el millón de pesos.
No se trata de la primera organización delictiva que actúa desde el interior de un establecimiento penitenciario de la provincia, tras hacerse de celulares, chips y otros instrumentos.
A continuación, las claves de una compleja pesquisa.
Base de datos. Al comunicarse telefónicamente con sus víctimas, los estafadores preguntaban por personas concretas, con nombre y apellido, por lo que se presume que trabajaban con una base de datos vinculada principalmente a personas de edad avanzada. De acuerdo con la pesquisa, se hacían pasar como empleados de la Anses.
Asociación ilícita. Tres de los imputados son personas que se organizaron en el interior de la cárcel y realizaban los llamados a través de un celular y tres chips de líneas telefónicas diferentes. Los tres se encuentran imputados por asociación ilícita, estafas reiteradas y estafas reiteradas en grado de tentativa.
A todo esto, una persona en el exterior de la cárcel sería quien servía para realizar las extracciones bancarias, para finalmente repartir el dinero. Este acusado también se encuentra imputado por asociación ilícita y estafas reiteradas.
Cuatro hombres más habrían sido los responsables de conseguir las cuentas bancarias y billeteras electrónicas mediante engaños, supuestamente para la compra de dólares. Los cuatro fueron imputados por estafa reiterada en calidad de partícipe necesario: es decir, sin su intervención el delito no se hubiera concretado.
Cómplices de afuera. Finalmente, el resto de los imputados eran los titulares de las cuentas por las cuales pasó el dinero de las estafas, a quienes se considera partícipes necesarios, ya que sin su colaboración el delito no se hubiera podido consumar. Estas personas están imputadas por estafa en calidad de partícipes necesarios.
Más de un millón de pesos. Solamente de los hechos que pudieron ser acreditados por la fiscalía, se desprende que los delincuentes habrían obtenido más de 1.100.000 pesos.
Se descarta que la suma definitiva es mucho mayor. Las víctimas no pudieron recuperar lo perdido.
Complejo ardid. De acuerdo con la pesquisa, los presos buscaban tomar control de las cuentas bancarias de las víctimas. A partir de allí, solicitaban préstamos que después eran transferidos a otras cuentas en el marco de complejas operatorias. Finalmente, cómplices de muros afuera realizaban las extracciones y se repartían el dinero.
Para lograrlo, llamaban a personas mayores, presuntamente a partir de una base de datos telefónica, haciéndose pasar por representantes de la Agencia Nacional de Seguridad Social (Anses), y les indicaban que había una diferencia de haberes a su favor o la posibilidad de acceder al Fondo de Reparación Histórica de Anses.
Una vez que construían un diálogo de confianza, les indicaban a las víctimas que debían acercarse a un cajero automático para, una vez allí, continuar la llamada y recibir el resto de las instrucciones. Una vez que las víctimas les llamaban desde el cajero, las confundían con procedimientos, para obtener así número de tarjeta de débito y clave de seguridad, u obtener la clave token bancaria, lo que les permitía tomar el control de la cuenta.
13 hechos acreditados. Si bien el expediente acredita 13 estafas, la fiscalía estima que la organización cometió muchos más hechos. Habrían ocurrido en los meses previos a octubre de 2020 y la mayoría de los damnificados fueron mendocinos, de la capital o del interior de esa provincia.
Víctimas o cómplices. Al menos 18 de los imputados están acusados de estafa en calidad de partícipes necesarios. De acuerdo con la investigación, es por haber facilitado las cuentas bancarias o billeteras electrónicas por las cuales transitaba el dinero que se robaba a las víctimas.
Sin embargo, muchos de estos imputados sostienen que no eran parte de la maniobra.
Afirman que habían sido engañados para prestar las cuentas con el argumento de que ayudaban, a veces a cambio de una suma de dinero, a comprar dólares más allá del cupo establecido por la Afip a los que, no sabían, eran los organizadores de la estafa.
Celulares muros adentro. La fiscal de instrucción no pudo determinar cómo ingresó el teléfono a la cárcel, cuál era la base de datos telefónica que utilizaban los detenidos, ni quién se la proveyó. Fuentes judiciales sostienen que de la prueba surgen muchas más maniobras delictivas y, por ello, la fiscal Rissi conformó otras actuaciones para continuar la investigación.
