La Justicia Federal de Córdoba terminó por darle impronta definitiva a la causa de la secta de “los sanadores egipcios”, grupo que había nacido en la capital provincial y que terminó radicada en una chacra en cercanías de Villa Cura Brochero, departamento San Alberto.
El expediente original fue abierto en 2021 por la fiscal de esa localidad del oeste provincial, Analía Gallarato, quien imputó a 11 personas conducidas por el líder de la organización, el uruguayo Álvaro Juan Aparicio Díaz (64), junto a su esposa Laura Carolina Cannes (52). En el grupo había otras nueve personas que estaban señaladas dentro de una asociación ilícita que cometía estafas.
Además, al líder de la secta se le adjudicaba el delito de ejercicio ilegal de la psicología.
Pero las otras personas que habían sido acusadas de desapoderar de bienes o dinero a terceros, en realidad comenzaron a ser consideradas víctimas, no sólo por haber hecho disposición de bienes personales y valores en favor de Aparicio, sino porque habrían sido alienadas por este.
Además de ser explotados sexualmente, todos habían sufrido explotación laboral y algunas mujeres explotación sexual, lo que configuraba un claro cuadro de trata de personas.
Algunos defensores de los integrantes de este grupo, encabezados por Mario Ponce junto a Carlos Hairabedian, Miguel Juárez Villanueva y Lucas de Olmos, se dirigieron a la Justicia federal, donde encontraron acogida favorable en el juez federal N° 3 Miguel Hugo Vaca Narvaja. El magistrado pidió la causa a la fiscal provincial, pero esta se negó a inhibirse. Ante esto, el juez de Control de Cura Brochero José María Estigarribia definió a mediados de 2022 el diferendo y entregó la causa al juez federal.
Hasta ese momento, la fiscal Gallarato había mantenido detenidas durante meses a esas víctimas de trata y había enviado la causa a juicio en marzo de 2022, a pesar de los planteos de los defensores y del pedido de inhibición de Vaca Narvaja.
Nuevo enfoque
De este modo, nueve de los 11 acusados, pasaron de ser “imputados” a la condición de “víctimas”. También salieron de la cárcel y pasaron a ser tratados como personas que habían sufrido la explotación laboral de la secta y abusos sexuales de Aparicio Díaz.
Vaca Narvaja, además de mantener procesados a Aparicio Díaz y su esposa, luego agregó entre los imputados al hijo de ambos, Máximo Aparicio Díaz (23).
Estas víctimas habían caído en las manos de esta secta que “vendía” a quienes concurrían allí la “sanación” con “terapias egipcias”.
Promoción de acción
Ya con la causa en la órbita federal, en la segunda mitad de 2022, conforme fue avanzando la instrucción, el fiscal federal Carlos María Casas Nóblega pidió la promoción de acción penal contra Álvaro Juan Aparicio Díaz -que se hacía llamar “maestro Sahú Ari Merek”-, su pareja y el hijo de ambos.
El fiscal le pidió al juez Vaca Narvaja que instruya la causa contra estas tres personas, con la óptica de una secta que ejercía la trata de personas, con explotación laboral, ejercicio ilegal de la psicología y abusos sexuales, entre otros delitos.
En su presentación, el fiscal describió el “hecho 1°″, donde incluye trata de personas y reducción a la servidumbre en perjuicio de quienes antes estaban imputados en la provincia: Carolina Altamirano, Maximiliano Iciksonas, Liliana Dariomerlo, Flavia Stefanich, Gabriela García, Liliana Marcial, Noelia López y Verónica Floridia.
En el “hecho 2°″, sindica a la pareja como jefes de asociación ilícita y presunto ejercicio ilegal de la psicología en contra del uruguayo que decía ser psicólogo.
Los hechos “3° y 4°″ señalan al “maestro” como autor de abuso sexual simple, con dos víctimas mujeres.
El “hecho 5°” habla de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de otra mujer.
Finalmente, el “hecho 6°” sostiene que habría un delito de cohecho de parte de Aparicio Díaz en perjuicio de los miembros damnificados.
