Mientras dos policías comenzaron a ser juzgados por haber matado a José Ávila, en julio de 2020 en barrio Villa El Libertador, y marcharse sin informar nada, y mientras avanzan los preparativos para el futuro juicio contra 13 uniformados por el asesinato de Valentino Blas Correas, ocurrido en agosto de ese mismo año, se conoció una resolución por otro caso de “gatillo fácil” en Córdoba.
Se trata del asesinato de Joaquín Gabriel Paredes, el pibe de 15 años ultimado por efectivos de la Policía de Córdoba durante una feroz represión en la plaza de la localidad de Paso Viejo, en el norte cordobés, en octubre del mismo 2020.
Seis policías deberán ir a juicio oral por el caso de Joaquín, según lo resuelto en las últimas horas por el Juez de Control de Cruz del Eje, Rogelio Archilla.
Por un lado, sobresalen cinco policías: el agente Enzo Ricardo Alvarado (28), el agente Iván Alexis Luna (24), el agente Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26), el sargento Jorge Luis Gómez (33) y el agente Maykel Mercedes López (24).
Todos están acusados por: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de policías; tentativa de homicidio calificado; y abuso de armas.
López sobresale del resto ya que es el autor material del crimen. De su pistola partió el disparo que dio muerte por la espalda a Joaquín.
A todo esto, el sexto acusado de esta historia es el subcomisario Alberto Daniel Sosa Gallardo, quien deberá responder por supuestas amenazas calificadas.
La resolución del juez de Control ratificó en un todo la elevación a juicio que ya había formulado la fiscalía de instrucción de Cruz del Eje.
¿Esto significa que se hará el juicio en breve? No.
Según pudo confirmar La Voz, varios defensores apelarán la resolución, por lo que el expediente volverá a la Cámara del Crimen de Villa Dolores para que resuelva finalmente.
De los seis uniformados, sólo dos están presos: López, el autor del disparo mortal, y Alvarado.
Este se encuentra detenido por supuesto entorpecimiento procesal. Sucede que vive en el mismo pueblo y su padre habría amenazado a familiares de la víctima.
Los otros cuatro, si bien están libres, se encuentran en pasiva.
Claves de un asesinato policial
Juntada de jóvenes. Todo sucedió en los primeros minutos del pasado 25 de octubre de 2020, plena cuarentena obligatoria, en Paso Viejo, una población de unos mil habitantes.
Aquella jornada, varios jóvenes (principalmente varones) se encontraban bebiendo alcohol y escuchando música cerca del dispensario local. Hubo quejas.
Amenazas. Al lugar llegó una camioneta de la subcomisaría del pueblo. Iban tres policías. Sobresalía el subcomisario Sosa Gallardo (el máximo jefe en el lugar), quien, según la causa, se bajó del móvil, extrajo una escopeta reglamentaria y, tras consultar si estaba cargada a sus subordinados, hizo ademanes de dispararla. Todo, mientras amenazaba a los jóvenes para que se fueran.
El suboficial fue enviado a juicio por supuestas amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.
Encerrona. La peor parte ocurrió ya a las 4.30 de ese domingo.
Al lugar llegó no sólo la camioneta policial, sino que arribaron además dos móviles de refuerzo. De acuerdo a la causa, la presencia policial era legítima. Debían controlar a los jóvenes e insistirles con que se fueran.
Lo concreto es que el operativo policial, según la causa, se hizo de manera brutal. Fue una “encerrona”.
Acción violenta y hostil. Mientras unos móviles se frenaron en una calle con las luces encendidas en la oscuridad, otro coche se ubicó en otra esquina. Se bajaron policías con escopetas y pistolas.
En la causa se precisa que el accionar fue violento y hostil para jóvenes desarmados e indefensos.
Algunos chicos comenzaron a insultar a los uniformados.
Balacera. Fue entonces que el policía Aliendro comenzó a disparar con su escopeta cartuchos con postas de goma. Algunos jóvenes escaparon por un descampado; otros empezaron a arrojar piedras.
“Váyanse o los ‘quemo’”. En esas circunstancias, los agentes López y Luna sacaron sus pistolas y comenzaron a hacer disparos.
En la resolución se señala que fue un acuerdo tácito de los uniformados y con autorización del superior.
Se indica también que se hizo “abuso” de la condición de policías debido a sus conocimientos como tales y en el manejo de armas. Precisamente, se remarca en la causa que “no se respetó el principio del arma como recurso extremo y último”.
Según la causa, López gritó: “Vayanse de acá o los ‘quemo’”.
Crimen. Uno de los balazos de López dio en Joaquín, quien huía corriendo. El balazo dio en el hemitórax izquierdo. Cayó muerto.
Joaquín casualmente pasaba por el lugar con unos amigos cuando quedaron en medio de la represión.
Un amigo suyo (Brian V.) recibió un balazo en brazo derecho y salvó su vida providencialmente.
Disparos indiscriminados. En la elevación a juicio se remarca que fue una “indiscriminada cantidad de disparos” la efectuada por los policías. Y se señala que 14 jóvenes “corrieron riesgo cierto de morir producto del violento accionar”. “No hubo más decesos porque los jóvenes estaban en movimiento y no pudieron ser alcanzados por los disparos”, se remarca.
Luego, los policías se guarecieron en la subcomisaría y un grupo de jóvenes la emprendió a pedradas contra ese edificio y los móviles.
Esa agresión fue respondida por los efectivos con más disparos, tanto de pistola como de escopeta.
En la elevación a juicio se remarca que fue una acción desmedida teniendo en cuenta la “formación policial y conocimientos” en el empleo de armas.
“No soy un loquito”. Los seis policías enviados a juicio negaron las acusaciones en su contra. López, el principal acusado, dijo que es inocente y que no es “un loquito que ande tirando tiros por la vida”. Respeta la vida y que tiene “valores como hombre y persona desde la cuna, mucho antes de ser policía”.
Indicó que en la revuelta, varios jóvenes lo golpearon, lo amenazaron y hasta le robaron el arma. Luego, según dijo, la recuperó, volvió a ser atacado y en esas circunstancias efectuó los disparos al suelo.
Armas disparadas. La investigación fue compleja y se basó en un arduo trabajo de campo en busca de testigos, como así también de pruebas como vainas, balas y perdigones. Varios pobladores aportaron pruebas. Se hizo un trabajo por parte de pesquisas de la Policía Judicial. “Todas las armas de los policías fueron disparadas”, se lee en la causa.
Críticas de la defensa. Varios defensores se han opuesto con serias críticas a la requisitoria. Pedro Despouy, defensor de tres acusados, remarcó que sus clientes no pueden responder como coautores de homicidio, porque no mataron y no hubo un plan previo para salir a matar.
Se esperan apelaciones a la reciente elevación a juicio.
