En el marco de la investigación por el crimen de la pequeña Aralí Vivas, ocurrido semanas atrás en Brinkmann, el fiscal de San Francisco Oscar Gieco decidió agravar las imputaciones contra el padrastro de la nena y el amigo de este. Matías Ezequiel Simeone y Cristian Hernán Varela, los dos principales acusados, quedaron imputados como supuestos autores de homicidio criminis causae (cuando se mata para lograr la impunidad). La decisión fue adoptada por el fiscal Gieco tras la confirmación de que la niña de Brinkmann fue abusada sexualmente.
Así se desprende del estudio forense que arrojó la presencia de material genético masculino en su cuerpo. El informe llegó en las últimas horas a la oficina judicial de la Fiscalía.
Esta pieza del rompecabezas le faltaba a Gieco para endurecer las imputaciones de los dos hombres y para ratificar la hipótesis de que Simeone y Varela, de 33 y 40 años respectivamente, habrían matado a Aralí para ocultar un delito previo, que en este caso sería el abuso sexual.
En el inicio de la investigación habían sido imputados de homicidio simple y luego pasaron a ser acusados de homicidio calificado.
De todos modos, el fiscal Gieco se apartó de la causa y remitió todo el expediente a su par de Morteros, Yamila Di Tocco, quien retornó de su licencia.
Junto a ellos hay otra detenida, la madre de la víctima, Rocío Milagros Rauch, quien está imputada por supuesto homicidio calificado por el vínculo (omisión de cuidado).
Rauch fue indagada el pasado viernes y negó los cargos en su contra y se abstuvo de seguir declarando.
Simeone y Varela, aún no fueron indagados. Todos permanecen detenidos en el Complejo Carcelario Padre Lucchese (la cárcel de Bouwer).
Un incendio para despistar
Aralí fue asesinada, se sospecha, en la madrugada del sábado 2 de noviembre en su casa de Brinkmann. Fue entre la 1 y las 6 de la mañana.
Cámaras de seguridad de la zona habrían captado a Simeone y a Varela en la vivienda donde se encontraban Aralí y sus hermanos. Según testigos, se los ve yendo y viniendo en determinados horarios.
La madre se habría ido el día anterior a Morteros y nunca regresó a la casa.
Ya a la siesta de ese día, la casa de Brinkmann comenzó a incendiarse. Alertados por vecinos, arribaron bomberos voluntarios que, a poco de apagar las llamas, hallaron el cadáver de una nena que se encontraba sola en la vivienda. Se trataba de Aralí.
Lo que parecía un incendio trágico tuvo un giro inesperado: por un lado, los peritos de la Dirección Bomberos de la Policía descubrieron que el fuego había sido intencional en la habitación; por otro lado, los forenses descubrieron que la pequeña no presentaba monóxido de carbono en su organismo. Había sido asesinada previamente.
El fiscal Gieco, quien estaba a cargo circunstancialmente de Morteros, se puso a trabajar en la causa y ordenó una serie de distintas medidas procesales, entre peritajes y toma de testigos y de pruebas. En ese marco, el estudio forense determinó, a priori, que Aralí había sido víctima de abusos y que presuntamente había muerto a causa de golpes.
Simeone había sido condenado en septiembre de 2023 en un juicio por amenazas y violencia de género y estaba con prisión condicional. La sospecha fiscal es que la pequeña había sido víctima de abusos y fue asesinada. Para ocultar el crimen, se incendió su casa.
Organismos públicos, en la mira
Por otro lado, en relación al porqué Aralí y sus hermanos menores vivían en un contexto peligroso para su integridad física, Gieco reiteró días atrás que los informes que recibieron hace unos meses fueron de parte de la Senaf a través de la Uder de San Francisco “para el cese de medidas de tres menores que estaban retirados de su vivienda”, hermanos de la niña.
“Lo que estamos haciendo es pedir informes a los distintos organismos que estaban a cargo de ese reintegro para determinar si hubo o no negligencia, todo depende de los antecedentes que se están reuniendo”, señaló el fiscal, quien ya derivó el caso.
Es ahora Di Tocco la que deberá continuar la investigación y, además, determinar las responsabilidades respecto a la Senaf y a la Uder de San Francisco por la reinserción de los niños a la casa donde ocurrió el homicidio.
