Una semana después de su sorpresiva detención en su despacho de Tribunales 2, La Voz confirmó que quien es investigado por “violación de secreto” y “abuso de autoridad” es el subcomisario Juan Manuel Velázquez (54).
En ese momento, se indicó que escuchas telefónicas de una causa de narcomenudeo habían establecido que “el topo” pasaba información de los procedimientos judiciales a algunos presuntos delincuentes. Además, se indicó que el policía detenido había prestado su uniforme y un chaleco antibalas a esos integrantes de una banda familiar con la que tenía intercambio de mensajes telefónicos.
La primera noticia, el día de su detención, señalaba que “un topo” había sido descubierto dentro de la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier, un funcionario judicial que instruye causas clave relacionadas con empresarios poderosos, pero también con funcionarios policiales y penitenciarios, entre otras figuras poderosas. Luego se conoció que el comisionado policial estaba a disposición de Delitos Complejos, pero no colaboraba con la otra fiscal de esa especialización, Valeria Rissi. Sí colaboraba con los fiscales de Cibercriminalidad (Franco Pilnik) y del fuero Anticorrupción y Penal Económico (Matías Bornancini y Franco Mondino).
Bornancini, quien recibió el expediente desde la causa narco, tomó todas las precauciones para que no se filtrara la información y se tomaran todos los recaudos para detenerlo. Recurrió al Tribunal de Conducta Policial, que concretó la detención con efectivos de la FPA (Fuerza Policial Antinarcotráfico). Al momento de ser detenido, sorprendido en su despacho por efectivos especiales, Velázquez alcanzó a pronunciar algunas palabras en su defensa. Habría dado a entender que él no había recibido dinero.
Lo poco que se puede obtener de la investigación señala que Velázquez se comunicaba con “Alejandro Ayala”, investigado en una causa por drogas por actividades que practicaría junto con su familia en la zona de la villa Richardson y del hospital Misericordia, de la ciudad de Córdoba. El allanamiento a la vivienda de Ayala dio con su aparato telefónico y allí se halló la evidencia que comprometería a Velázquez.
En esos intercambios de mensajería, se indica (de fuentes confiables) que Velázquez anticipaba procedimientos o allanamientos que su unidad iba a realizar por decisión de los fiscales que lo tenían como comisionado.
No obstante, las fuentes judiciales señalan que esos procedimientos no se vieron frustrados y que habrían dado resultados positivos. Tal vez esa evaluación sería otra si no hubiera existido el aviso.
Varios operadores judiciales de alto rango coinciden al señalar aspectos positivos de la personalidad y del desempeño profesional de Velázquez. Muy sorprendidos, no pueden creer que ese efectivo investigador y persona intachable sea un “topo”.
Pero su teléfono –con textos e imágenes contundentes– lo compromete con pasmoso patetismo, según fuentes judiciales. Los datos que pasaba a la familia y el préstamo del uniforme y del chaleco antibalas son lo más saliente.
Personaje especial
La sorpresa no pasó con el correr de los días, en los corredores y oficinas de Tribunales 2. Tampoco cedió el hermetismo para develar la identidad del detenido que trabajaba en “el riñón” de las causas más resonantes del fuero del Crimen.
Hay quienes muestran reparo cuando se publican nombres de imputados, acaso colegas que defienden intereses corporativos, pero no ponen el mismo énfasis todas las veces que el procesado es un ladrón de celular con escasos recursos. Sin hacer distingos, salvo en el caso de menores o de víctimas, este diario trata de publicar los nombres de todos los imputados.
Lo que sucede con los policías es un caso aparte: es mucho más difícil que se divulguen sus nombres y parece que estuviera prohibido hacerlo.
Recién en las últimas horas, con mucha dificultad, La Voz pudo acceder a la identidad del detenido. Al saberla, se confirma que su desempeño, realmente, ha sido ejemplar y ha estado presente en muchas investigaciones destacadas.
Como participó en la detención de verdaderas “figuras” de fuerzas de seguridad –Policía, Bomberos o Servicio Penitenciario– y como también lo hizo con detenidos de “guante blanco”, a Bornancini le resultó muy difícil ubicarlo en un pabellón de la cárcel de Bouwer donde no conviviera con algunos de ellos. Por eso, decidieron destinarlo a la cárcel de Cruz del Eje.
Dos causas
Tras hacerse cargo de Velázquez, Bornancini analizó lo que tenía entre manos y desglosó las actuaciones. Por un lado, retuvo lo que tiene que ver con el préstamo del chaleco y del uniforme; por el otro, se desprendió de la información que de manera infiel el imputado pasó a presuntos delincuentes.
La primera causa la encuadró dentro de la figura penal de “abuso de autoridad”, desechando la idea inicial de “peculado”.
La otra, la de los préstamos de elementos policiales, fue enviada para su sorteo a una fiscalía de turno y el azar indicó que debía tomarla la fiscal de Distrito 3, Turno 5, Patricia García Ramírez.
En este caso, la filtración de información fue traducida en una imputación a Velázquez por “violación de secreto”, un supuesto delito que parece haberse puesto de moda en Tribunales 2.
Esta causa no deja de ser “una brasa”, como suele tildarse a los expedientes que queman o que vienen con un plus de dificultad por la temática o por los actores involucrados.
Fuentes tribunalicias indicaron que la fiscal García Ramírez está analizando si retiene la causa o si se declara incompetente.
