Cada uno con su estilo, ambos son implacables.
Uno es el fiscal del Primer Turno de Delitos Complejos y desde hace más de tres lustros viene motorizando investigaciones que llevan a juicio a personalidades de todo tipo, aquellos ligados con el poder, empresarios, profesionales encumbrados o estafadores con alta capacidad de daño. Todos, generalmente, de “guante blanco”.
El fiscal instructor Enrique Alberto Gavier tiene 56 años, es hijo de dos reconocidos magistrados y tiene una capacidad de trabajo que ignora respiros y arroja resultados con altísimo número de condenas. Encabeza un numeroso equipo de investigadores judiciales, que se va renovando y de donde ya surgieron varios funcionarios o fiscales destacados bautizados como los “Gavier boys”.
Este instructor comenzó haciéndose notar en casos resonantes, como el que llevó a juicio a Franco Moratta por atropellar y dejar inválido a otro joven con un Mini Cooper con el que se dio a la fuga. Luego comenzó a participar en la instrucción y del enjuiciamiento de numerosos expedientes de la megacausa del Registro de la Propiedad, que acumuló entre los condenados al entonces director de esa institución, Jorge Belmaña Juárez; a otros funcionarios de ese organismo; a abogados; a escribanos; a martilleros, y a empresarios como Jorge Petrone, sólo por citar algunos.
También llevó a juicio a varios emprendedores inmobiliarios que estafaron –según la sentencia– a decenas de incautos inversores que se quedaron sin su casa o departamento, a pesar de haberlos pagado.
Desde 2023, Gavier está mayormente ocupado en combatir la corrupción en cárceles de la provincia, en expedientes que “barrieron” con la cúpula del Servicio Penitenciario de Córdoba y que también tienen detenidos a guardiacárceles jefes, a abogados penalistas y hasta a punteros políticos.
Casualmente, de los penalistas recibe muchas quejas, porque, según señalan, Gavier “abusa” de la prisión preventiva. Aseguran que esta cautelar debería ser la excepción y que los indicadores de peligrosidad procesal no están debidamente justificados a la hora de fundar el encierro.
Todo esto le ha ganado a Gavier no pocos enemigos, o al menos están aquellos que quisieran que dejara de cumplir sus funciones con la tenacidad con que lo viene haciendo y con el rigor que aplica a sus procesados. Muchos de estos antagonistas (no necesariamente enemigos) lo han bautizado “el Perro”. Acaso porque, cuando muerde, no suelta.
Este fiscal es el mismo que la madrugada del pasado 14 de marzo fue detenido por la Policía Caminera en la ruta E-55, entre La Calera y Córdoba, para constatar que tenía un dosaje de 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre, según indica el parte de la fuerza de seguridad.
Quien hizo público este episodio es el abogado Marcelo Touriño, de 60 años, un conocido penalista que desde los años 1990 viene protagonizando denuncias resonantes que cobraron la carrera y la libertad de no pocos funcionarios, de los judiciales y de los otros.
Se hizo conocido como abogado de la Asociación Bancaria y de la Junta Gremial Interna del Banco Social de Córdoba, patrocinando las denuncias que llevaron a juicio a funcionarios de los dos bancos provinciales, con decenas de condenas de prisión efectiva y entre ellos al mismísimo Jaime Pompas.
De ese proceso se derivó la denuncia por enriquecimiento ilícito a quien fue tres veces gobernador de la provincia, Eduardo César Angeloz, y a todo su entorno familiar. El juicio se realizó con una absolución que dejó algunas dudas, aunque el propio acusado principal reconoció que su carrera política estaba agotada por este proceso.
Luego continuó haciendo numerosas y periódicas denuncias contra no pocos funcionarios judiciales y políticos, entre los cuales se cuentan Darío Vezzaro, Marcelo Falo, Alfonso Mosquera, Gustavo Nievas, Luis Nazar, por mencionar sólo algunos. También la emprendió contra empresas, como Aguas Cordobesas o Kolector, y hasta contra periodistas, como Tomás Méndez.
Su aporte de prueba es minucioso y contundente. Siempre se ha inscripto en denuncias contra el poder y ha desafiado esas estructuras. Por rechazar el caballo del comisario y atacar esos estamentos, no es admitido entre los lugares donde se toman decisiones. Allí es considerado molesto. En Tribunales están quienes lo respetan y quienes le tienen miedo. Algunos que lo aprecian eligieron el apodo “la Cobra”, sin que sea necesario explicar el porqué.
Al presentar esta denuncia que aún no tiene designado fiscal que investigue, Touriño pretende llevar la discusión más allá del terreno de la contravención y dejar expuesto a Gavier por cuestiones más serias. De oficio, la Secretaría de Sumarios Administrativos ya abrió una investigación.
Muchos se preguntan cómo terminará este duelo que se ha planteado en varios escenarios de Tribunales.
La confrontación es entre “la Cobra” y “el Perro”. Los dos son implacables en lo suyo. Uno, por su forma de investigar; el otro, por la manera en que lleva adelante sus denuncias.
