El exsubjefe de Policía de Córdoba Gustavo Folli Pedetta, quien está acusado de haber creado y liderado una supuesta asociación ilícita en la Dirección Bomberos de la Provincia, y donde él fue titular por años, volvió a negar ante la Justicia los cargos en su contra.
Y fue más allá: Folli Pedetta presentó con sus defensores una denuncia ante el fiscal Guillermo González, quien instruye la causa, en contra del exbombero que denunció toda la supuesta maniobra delictiva.
Folli Pedetta reclamó que el comisario Guillermo Giraudo sea imputado y que, por tal, deje de ser querellante.
La causa se inició luego de que Giraudo se presentó en la Justicia y denunció que había descubierto que bomberos usaban su firma para habilitaciones truchas de negocios.
Folli permanece internado en el Policlínico Policial de Córdoba luego de ser sometido a una serie de estudios por problemas coronarios. Se encuentra con custodia del Servicio Penitenciario de Córdoba, ya que está en condición de detenido.
Sus nuevos abogados, José D’Antona y Marcelo Villafañe, pidieron la prisión domiciliaria alegando cuestiones de salud del excomisario general, lo cual fue negado por el fiscal.
Ante ello, los letrados apelaron y todo pasó a un Juzgado de Control, cuya titular dispuso la realización de estudios médicos los cuales, según la defensa, no fueron realizados. Por todo ello, acudieron a la Cámara de Acusación.
El fiscal González está terminando la instrucción y se apresta a mandar a juicio la causa. De todas maneras, trascendió que restan pasos “importantes”.
Por ahora, no se conoce la respuesta del denunciante Giraudo.
“Bomberos SA”
Según la investigación, entre 2008 y 2023 funcionó en Córdoba, una supuesta asociación ilícita que habilitaba negocios de manera irregular en la Capital, mediante el cobro de dinero por fuera del esquema legal.
Según la fiscalía, la maniobra tenía cuatro “patas”: la Dirección Bomberos de la Policía, donde algunos efectivos cobraban; la Municipalidad de Córdoba, donde algunos empleados colaboraban; gestores particulares y, empresarios inescrupulosos que, pese a tener negocios sin la debida seguridad, pagaban para poder funcionar.
El monto de la maniobra sería varias veces millonario.
En ese esquema de sospechas hay ya al menos 16 imputados por distintos delitos, principalmente asociación ilícita. La mayoría están presos.
El principal acusado es Gustavo Folli Pedetta.
El fiscal González lo acusa como supuesto jefe de asociación ilícita y lo mantiene con prisión preventiva. El otro acusado de peso es Sergio Sosa, quien fue también jefe de Bomberos.
En el lote de acusados, hay bomberos, exbomberos, ingenieros civiles que oficiaban como gestores, algunos municipales y hasta empresarios de comercios.
Hasta ahora, gran parte de los actos procesales de la fiscalía fueron apelados pero terminaron siendo ratificados por el Juzgado de Control y la Cámara de Acusación.
Contraataque de Folli
El abogado D’Antona, quien reemplazó a Alejandro Pérez Moreno (pasó a ser fiscal adjunto) en la defensa de Folli, señaló que “no hay pruebas suficientes” y que “se ha demostrado que la firma de Folli fue falsificada según lo determinado por peritajes caligráficos”.
En el escrito presentado, Folli y sus defensores insistieron que el denunciante debe ser imputado por el fiscal y dejar de ser querellante.
Desde la fiscalía, no hubo respuestas a las consultas. Se adujo que se está trabajando en la causa a paso sostenido.
Una versión da cuenta de que podría haber novedades en pocas horas.
D’Antona arremetió: “Si el juicio fuera hoy, la endeblez de la prueba recabada en la instrucción, no alcanzaría para cumplir con los estándares necesarios para una condena, ni mucho menos”. Y añadió: “Se ha querido hacer de Folli un Diego Concha 2, lo cual no sólo no lo vamos a permitir nosotros, sino que tampoco lo va a permitir la prueba orante”.
Violencia de género
Cabe señalar que Folli está acusado también por supuesta violencia de género en contra de su expareja, policía. Desde la fiscalía se lo imputó, además de presunta asociación ilícita, por supuesta instigación al aborto y abuso de autoridad.
