El fiscal Enrique Gavier, a cargo de la investigación del denominado “camión narco”, brindó este lunes precisiones sobre la situación del empresario Alicio Dagatti (60) de Río Cuarto, quien permanece detenido con prisión preventiva junto a otras cuatro personas. Gavier explicó que la detención de Dagatti y los demás imputados se debe a su presunta participación en una “asociación ilícita” dedicada al ingreso clandestino de elementos prohibidos, como teléfonos celulares, drogas y alcohol, a los establecimientos penitenciarios de la provincia de Córdoba, particularmente la cárcel de Bouwer.
La corresponsalía de La Voz la semana pasada había sacado un pormenorizado informe sobre por qué Dagatti está preso.
Por su parte, la defensa de Dagatti pidió que se lo libere. El abogado Matías Pueyrredón reclamó ante el juez de control que se haga efectiva la disposición de la Cámara de Acusación, que determinó que todas las actuaciones de la causa “son nulas, desde la imputación en adelante”, según su visión. Para el fiscal, Dagatti debe seguir detenido y por eso dictaminó la prisión preventiva.
Acusación por asociación ilícita y el caso del “Camión Narco”
Según detalló el fiscal Gavier, Alicio Dagatti, propietario de frigoríficos como Livorno, Arezzo y Agropecuaria Transur, está acusado de ser jefe y organizador de una asociación ilícita. La investigación se intensificó a partir del secuestro, el 23 de diciembre de 2023, de un camión frigorífico perteneciente a la firma Livorno en la cárcel de Bouwer. En el interior del cargamento de carne se encontraron estupefacientes, celulares, pastillas y alcohol.
Este hecho, conocido como el “camión narco”, puso en evidencia un presunto mecanismo aceitado para introducir elementos prohibidos en las cárceles. Gavier indicó a radio Mitre que la fiscalía ya venía investigando desde 2015 el flagelo de las estafas telefónicas originadas en las cárceles, las cuales, según las investigaciones, requerían la complicidad de funcionarios penitenciarios para el ingreso de teléfonos.
Un mecanismo “bien aceitado” para el ingreso de elementos prohibidos
El fiscal Gavier describió cómo, según la investigación, Dagatti y su organización habrían establecido un “mecanismo muy bien aceitado” para el ingreso regular de elementos prohibidos a la cárcel, aprovechando su rol como proveedores de carne. Se presume que empleados del frigorífico insertaban los elementos prohibidos dentro de las medias reses antes de ser cargadas en el camión con destino a los penales.
“Acá existía un mecanismo muy bien aceitado, montado por Dagati y compañía para ingresar estos elementos a la cárcel de modo regular”, indicó.
Gavier sostiene que Dagatti se encargaba de reclutar, instruir, pagar e incluso intimidar a diferentes personas, incluyendo operarios de su empresa, empleados del transporte y funcionarios penitenciarios, para llevar a cabo estas maniobras ilícitas. A cambio, ofrecía “cuantiosas sumas de dinero”. Además de Alicio Dagatti, también se encuentran con prisión preventiva su hijo, Ignacio Dagatti (29), responsable del frigorífico Livorno; su empleado, Luis María Mina (48); un empleado del transporte interceptado, Maximiliano Gastón Irusta (23); y un guardiacárcel, Ramón Alexis Farías.
El fiscal precisó que la imputación “presume o supone un complot para realizar esta actividad entre las personas que han sido imputadas y cuya prisión preventiva se dictó el día viernes”.
Complicidad con funcionarios penitenciarios y el “Cogobierno” carcelario
La investigación también apunta a la complicidad de funcionarios del Servicio Penitenciario en estas actividades ilícitas. Gavier mencionó la existencia de un “cogobierno” entre la organización de Dagatti y las jerarquías penitenciarias, aunque hasta el momento no se ha determinado puntualmente la complicidad con los jefes penitenciarios previamente detenidos en otras investigaciones por corrupción. Sin embargo, sí se confirmó la participación de al menos un funcionario del Servicio Penitenciario, el ecónomo del establecimiento.
El fiscal subrayó que el ingreso de estos elementos prohibidos, especialmente los teléfonos celulares, era fundamental para la comisión de fraudes telefónicos lucrativos desde el interior de las cárceles, lo que constituía la base económica de otras actividades irregulares dentro de los penales.
El fiscal enfatizó que no se trata de un hecho aislado, como un camionero infiel intentando ingresar un celular. “De ninguna manera. Acá estamos hablando de una asociación criminal, una presunta y probable asociación criminal que había previsto y aprovechado la provisión de la carne para ingresar regularmente elementos prohibidos destinados a los reclusos y al negocio ilegal que estos realizan”. Había “celulares, drogas y otros elementos prohibidos”.
Un aspecto particularmente grave de la investigación es la presunta complicidad de funcionarios penitenciarios. Gavier habló de un “cogobierno que mantuvieron con las jerarquías de el servicio penitenciario”.
La motivación detrás de esta asociación ilícita parece ser económica, facilitando actividades ilegales dentro de las cárceles, como “los fraudes telefónicos y de la venta de droga” . El fiscal reveló que “entre 400 mil, 600 mil y hasta 1 millón de pesos le pagaban a los camioneros para para meter esto a la cárcel”.
La investigación ha revelado que además se “vendía y entregaba carne no apta para el el consumo humano a los establecimientos carcelarios, falsificando certificados del Ministerio de Agricultura y falsificando documentación del Senasa”.
El fiscal Gavier aclaró que “esto es una línea de múltiples investigaciones”. Si bien algunas investigaciones ya han concluido con sentencias condenatorias contra funcionarios penitenciarios, esta línea de investigación en particular continúa activa. “A medida que la el material probatorio es incorporado y se determina y permite individualizar a alguna persona que no ha sido perseguida en el marco de esta actuación o investigación, hay que formar causa y formular los cargos correspondientes para promover, responsabilizarlo y sancionar a esa persona”.
En cuanto a las posibles penas, Gavier informó que “los jefes tienen una pena que va desde los 5 años de prisión a los los 10 años de prisión”, lo que podría ser la situación de Alicio Dagatti en caso de ser encontrado culpable como jefe de la asociación ilícita.
Investigación en curso
Gavier informó que la investigación continúa abierta y que se han realizado nuevos allanamientos, incluyendo el frigorífico Livorno de Las Higueras. Explicó que esta es solo una línea de investigación dentro de un panorama más amplio, con otras causas ya concluidas con sentencias condenatorias contra funcionarios penitenciarios, otras en etapa de instrucción con prisión preventiva, y algunas elevadas a juicio.
El fiscal no descartó la posibilidad de nuevas detenciones si se incorpora nuevo material probatorio que permita individualizar a otras personas involucradas en estas actividades ilícitas. En cuanto a las posibles penas, Gavier señaló que los jefes de una asociación ilícita pueden enfrentar condenas de entre 5 y 10 años de prisión.
La gravedad del caso radica, según el fiscal, en la continuidad en el tiempo de estas prácticas ilícitas, que habrían afectado el debido tratamiento penitenciario, la seguridad de las cárceles, el funcionamiento de la administración pública, la propiedad privada y la salud de los internos. La investigación busca desarticular por completo esta red que operaba desde el corazón de uno de los principales proveedores de alimentos del sistema penitenciario cordobés.
El fiscal Gavie dijo que Dagatti está acusado de liderar una “asociación ilícita ‘complotada con funcionarios penitenciarios’”.
Acusación formal y el rol de Dagatti en la organización
Según la acusación a la que tuvo acceso La Voz, el fiscal Gavier sostiene que “el empresario Dagatti se encargaba de reclutar a diferentes personas, operarios y funcionarios penitenciarios (…) a quienes los instruía sobre la manera en la que debían llevar a cabo el ingreso clandestino de los elementos prohibidos, a cambio de cuantiosas sumas de dinero, intimidándolos (…) en caso que se negaran a cumplir las tareas encomendadas”. Esta afirmación subraya el papel central que la fiscalía le atribuye a Dagatti en la presunta trama delictiva.
La investigación se disparó en diciembre de 2023 tras la interceptación de un camión con medias reses del frigorífico Livorno, propiedad de Dagatti, en la cárcel de Bouwer. En el interior del vehículo se encontraron teléfonos, droga y alcohol ocultos entre la carne. Este hecho concreto fue un punto de inflexión en las sospechas de corrupción que ya existían en torno al sistema penitenciario.
La fiscalía considera que estas acciones habrían generado una “grave afectación del debido tratamiento penitenciario de los individuos privados de su libertad, la seguridad de las cárceles, el regular funcionamiento de la administración pública, la propiedad privada de terceros y la salud de los internos”.
