Juan Francisco “el Francés” Viarnes (62), conocido por la causa del “narcoescándalo” en Córdoba e imputado por presunta estafa, encubrimiento y falsificación por el hallazgo de miles de dólares apócrifos en su casa de Urca, denunció haber sido agredido por personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPC) durante algunos traslados.
Hace algunos meses, Viarnes estuvo, nuevamente, en el tapete público cuando Interpol lo trasladó a Córdoba, extraditado desde Paraguay, donde había sido detenido en mayo de 2016 tras el juicio por el narcoescándalo realizado por el Tribunal Oral Federal N° 2.
Ese proceso –sin la presencia del “Francés”– culminó con bajas condenas para los policías de la Dirección de Drogas Peligrosas, en el caso “Sosa”, luego agravadas por la Cámara de Casación, que incorporó la figura de asociación ilícita para la mayoría de los acusados.
Inicialmente, Viarnes había sido arrestado en Córdoba el 19 de julio de 2013, tras el secuestro de miles de dólares falsos. Pero en los Tribunales federales denunció a policías antidrogas y aseguró que había sido obligado a realizar operativos ilegales. Meses después se destapó el “narcoescándalo”.
Viarnes cayó detenido en Caaguazú, una localidad del este de Paraguay, donde había formado familia y ejercía ilegalmente la medicina. La Justicia paraguaya lo juzgó y lo condenó. Luego, lo extraditó a la Argentina.
La medida se concretó en abril pasado, cuando Viarnes –padre de varios hijos, en Paraguay, EE.UU. y Tailandia– llegó a Córdoba escoltado por la Interpol.
La denuncia de Viarnes
Viarnes fue alojado en la cárcel de Bouwer, e irá a juicio en una causa en la que se lo investiga por varios delitos, entre ellos el de estafa, encubrimiento y circulación de dinero apócrifo.
En un nuevo capítulo de su historial judicial, “el Francés” llamó por teléfono a su abogado, el defensor público Jorge Perano, para narrarle la presunta agresión que habría sufrido durante un traslado del penal al hospital Rawson, donde tenía turno.
Según su versión, el 16 de noviembre último, cerca de las 7 y durante el traslado, fue esposado tan fuertemente que le dejaron marcas en las muñecas, con la piel dañada y ensangrentada. También apuntó contra el personal del Servicio Penitenciario cordobés, que participó del traslado, al denunciar que le pegaron.
No obstante, dijo que no pudo identificarlos porque se encontraban vestidos con cascos y con anteojos, producto del uniforme que suelen utilizar.
Su defensor presentó un informe al Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF1) anoticiando de los presuntos hechos. El fiscal general a cargo de la Fiscalía Federal N° 2, Carlos María Casas Nóblega, comenzó a investigar el caso, mientras Perano solicitó al TOF1 –entre otras medidas– que cualquier traslado de Viarnes fuera realizado por una fuerza federal.
El tribunal, sin embargo, no hizo lugar al pedido debido a las limitaciones de disponibilidad de vehículos del Servicio Penitenciario Federal y mantuvo los traslados bajo la órbita del Servicio Penitenciario de Córdoba.
El defensor oficial solicitó a los jueces que reconsideraran su decisión teniendo en cuenta que Viarnes habría sido víctima de hechos de violencia institucional por parte de penitenciarios cordobeses, mediante lesiones, amenazas y golpes.
Perano también sostuvo que no era arriesgado prever que, aun cuando no sean los agentes presuntamente involucrados los que efectúen los próximos traslados, habrá represalias contra “el Francés”.
Advirtió además que el decreto del TOF1 habilitaba a ser trasladado a la Fiscalía Federal N° 2 por el mismo SPC al que iba a denunciar, lo que lo exponía de forma innecesaria. Y ante la posibilidad de que estuviera en juego la integridad física de Viarnes, solicitó que se revocara la decisión del TOF1 y ordenara los traslados al Servicio Penitenciario Federal, a la Policía Federal o a Gendarmería.
La investigación
El fiscal Casas Nóblega afirmó que los jueces podían disponer, al menos hasta que finalizaran las medidas probatorias para esclarecer los hechos (y resolver o no si habrá imputados), que las fuerzas federales –dentro de sus posibilidades– efectuaran los traslados sólo de carácter urgente.
Desde la Alcaidía de los Tribunales federales se informó al TOF1 que sólo disponían de un solo vehículo para hacer los traslados de todos los presos federales de la provincia, pero que podían hacerlo respecto de Viarnes de acuerdo con la disponibilidad.
Finalmente, los jueces revocaron la medida anterior y ordenaron que los traslados quedaran bajo la órbita del SP Federal, pero, en caso de que resultara materialmente imposible, la tarea recaerá en el SP de Córdoba.
Paralelamente, el fiscal Casas Nóblega investiga también quién o quiénes fueron los que habrían apretado “de más” los precintos utilizados para el traslado del “Francés” a los Tribunales federales. Producto de ello, terminó con lesiones que le produjeron un sangrado en ambas muñecas.
El fiscal solicitó un peritaje médico. Las lesiones habrían sido objeto de una presión adicional aplicada, presuntamente de forma deliberada, por el personal del SPC.
Casas Nóblega quiere determinar, a través de las cámaras, quién trasladó a Viarnes y quién o quiénes habrían participado en la presunta agresión.
La causa Viarnes
En junio pasado, la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba confirmó el procesamiento dictado por el juez federal Nº 1 en mayo, Ricardo Bustos Fierro, en contra de Viarnes. Está con prisión preventiva como presunto autor del delito de circulación de moneda falsa, estafa, encubrimiento agravado y falsificación de documento público.
En la causa están imputados Diomedes Manuel Carbone, María del Pilar Alvarenga, Mario Oscar Cabral, Maximiliano David Carbone, Jerónimo Hidalgo, Arturo Ramón Rossi, Mario Carbone, Agustín Orlando Heredia, Fernando Nicolás Castro, Rafael Gustavo Sosa, Gabriel Osvaldo Ludueña y Fabián César Peralta Dattoli.
Manuel Carbone, Rubén Andrés Zubiri Argañaraz y Jorge Rufino Palao fueron sobreseídos por fallecimiento.
Está contemplado que el juicio comience en febrero próximo.
