Un prostíbulo de Cruz Alta como escenario del espanto, la servidumbre y el encierro forzado. La entonces dueña de una whiskería y el encargado serán juzgados en Córdoba acusados de trata de personas con fines de explotación sexual de mujeres captadas en un contexto de vulnerabilidad.
El Tribunal Oral Federal N° 1 someterá a juicio en junio a Luisa Antonia Paulina Nardi (79) y Juan Carlos Isidoro “Gansa” Sosa (68) por recibir y acoger con fines de explotación sexual en el prostíbulo Venus Show a al menos seis mujeres, oriundas de Santa Fe y República Dominicana, para obtener beneficios económicos. Carlos Casas Nóblega será el fiscal del debate.
El caso data de antes de noviembre de 2009, cuando la Policía allanó el local y secuestró material de relevancia para la causa a cargo del fiscal federal de Bell Ville, José María Uriarte. El funcionario la elevó a juicio en 2016, pero recién ahora será ventilada en el debate.
El prostíbulo de Cruz Alta, la captación
Nardi y Sosa convocaban a distintas mujeres para trabajar en el cabaret. Lo hacían a través de los clasificados del diario El Litoral, de Santa Fe, para trabajar como “coperas”.
Varias de las víctimas eran mayoritariamente de esa provincia y habían logrado contactarse por el teléfono personal que Nardi había inserto en el aviso. Otras comenzaron a “trabajar” por una amiga que ya había estado en la misma whiskería.
El traslado a la pequeña localidad ubicada a 327 kilómetros al sudeste de Córdoba capital, lejos estaba de ser gratuito, según la causa. Al llegar, le descontaban el pasaje, la foto para la libreta de sanidad, el análisis de sangre, la comida y los exámenes médicos, entre otros gastos.
El fiscal pudo establecer que las mujeres tenían un limitado manejo del dinero que percibían por las “copas” o “pases” (en este caso, relaciones sexuales con clientes) debido a que Nardi y Sosa retenían los montos mientras estuvieran en el prostíbulo o hasta que cumplieran la “plaza” (15 o 20 días de trabajo ininterrumpido).
Las jornadas eran extenuantes, desde las 22 hasta la mañana del día siguiente, y debían cumplir con los “pases” y luego dormir en la misma cama y habitación que utilizaban, algo conocido como “trabajo a cama caliente”. Recién al final de los 15 o 20 días de trabajo, percibían –previa quita por los descuentos– el 50 por ciento por los “pases” y el mismo porcentaje de las “copas” en el caso de que el cliente les invitara una.
“Trabajábamos muchas horas, a veces hasta que era de día, hasta las 6 y media de la mañana. Eso ocurría los fines de semana, porque los días de semana no iba mucha gente. Aunque no fuera mucha gente, teníamos que estar lo mismo. Si nos íbamos a la pieza o si nos demorábamos, nos venían a buscar”, declaró una de las mujeres.
En el prostíbulo de Cruz Alta les aplicaban “multas”
A las largas jornadas, de lunes a lunes, Nardi y Sosa habrían diseñado un sistema de control perverso. Por ejemplo, las mujeres no podían entablar comunicación con aquellas prostitutas que tuvieran esposo o “fiolo”. Hacerlo, “violaban” esa regla, lo que les suponía hacerse acreedoras de “multas”.
Los ingresos monetarios por los servicios debían ser rendidos a Sosa, quien luego se encargaba de realizar la rendición final a Nardi.
“Cuando nos íbamos a nuestra casa, recién nos daban el dinero. Mientras estábamos trabajando no nos daban dinero. Comprábamos la comida con el dinero que le podíamos sacar de más a los clientes: les pedíamos para fichas de la fonola y, en vez de comprar diez fichas, comprábamos cinco y nos quedábamos con el resto. Podíamos pedir plata para comer, pero después la descontaban”, comentó la víctima.
También vendían preservativos a los clientes que, originalmente, conseguían gratis en los dispensarios: “Era la única forma de poder comer”, señaló. Solo tenían una garrafa con la que debían prepararse los alimentos, que se les descontaba de las ganancias.
Tampoco podían hacer por sí mismas los giros de dinero a sus familias, sino que Nardi y Sosa también habrían controlado el envío, ya que se encontró un ticket en el lupanar. Además se hallaron cuadernos con anotaciones de “consumos” o “pases” y porcentajes correspondientes a las víctimas y libretas sanitarias. “El libro lo llevaba el encargado para que Luisa controlara”, indicó otra de las mujeres.
“Todo esto (…) muestra a las claras de que no podían disponer libremente del dinero que ganaban, y, a su vez, que se recurría a la servidumbre por deudas”, una forma moderna de esclavitud, según el fiscal. “Producto de los adelantos de dinero que les solicitaban a los imputados para los gastos” (de higiene, tarjetas de teléfono, etcétera), se les iba generando a las víctimas “deudas permanentemente”, lo que les habría permitido a Nardi y Sosa mantenerlas “coaccionadas y sometidas”, agregó. Eso llevaba a que las mujeres debieran trabajar por un tiempo prolongado para poder devolver el dinero.
Vivían como en una cárcel en el prostíbulo de Cruz Alta
Las víctimas relataron que no podían ir más allá del supermercado sin el control de Nardi y Sosa y aun así, las salidas habrían sido limitadas hasta por la Policía, según se plasma en la causa. “La Policía no quería que nos mezcláramos con la gente común”, comentó otra de las mujeres explotadas.
Para el fiscal, el “trabajo psicológico” de los imputados habría sido advertirles de que a la Policía no le gustaba que como prostitutas tuvieran contacto con los vecinos (“gente común”) y de los “peligros” que podrían sufrir en caso de salir de la whiskería.
Al respecto, Sosa quedó en el centro de las sospechas por mantenerlas encerradas en el mismo prostíbulo una vez que terminaban de trabajar.
La modalidad era colocar un candado hasta el día siguiente de que los “pases” comenzaban de nuevo. “Había muchas mujeres a las que no les gustaba lo del candado. Se sentían como en una cárcel”, declaró una de ellas.
La víctima terminó de alguna forma justificando el encierro porque era para su protección, en un trabajo psicológico que habría dado resultado bajo el accionar de Sosa y Nardi, según concluyó el fiscal.
Asimismo, a algunas se les retenían sus DNI cuando llegaban al cabaret para evitar que escaparan y así poder mantenerlas trabajando durante la “plaza”. A su vez, una de ellas declaró que si los clientes las invitaban a hoteles, podían hacerlo, sólo solicitando autorización a Sosa.
Vulnerabilidad y deudas
Las víctimas eran de condición humilde y habían aceptado trabajar como prostitutas para mantener a sus hijos (en algunos casos) o colaborar económicamente con sus familias (en otros). Una de las damnificadas –madre de dos niños y divorciaba del esposo luego fallecido– voló de República Dominicana a la Argentina para poder trabajar, lo que le acarreó contraer deudas para poder comprar el pasaje.
Sin embargo, relató que ante la falta de oportunidades se volcó a la prostitución y al sometimiento sexual en Cruz Alta, en medio de su situación de ilegalidad que atravesaba en el país.
“Se dan en todos los casos condiciones objetivas de vulnerabilidad: escasa cultura, necesidades insatisfechas que las llevaron a ejercer la prostitución, familiares a cargo, desarraigo, situación migratoria irregular, etc.; circunstancias que las colocaban efectivamente en una situación de desventaja e inferioridad, favoreciendo su más fácil abordaje y sometimiento”.
El juicio determinará las responsabilidades y eventuales penas a los imputados.
