Adrián Martínez Moreira, como figura en su DNI, se hizo pasar por hijo de una pareja militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) argentino que había sido secuestrada en Paraguay durante la última dictadura de ese país para cobrar indemnizaciones.
Declaró ante la Justicia federal en la causa Plan Cóndor y ahí empezó a desplegar su modus operandi, lo que le permitió tomar contacto con otras víctimas a las cuales les ofrecía su oficio como supuesto abogado para representarlas ante el Estado. La maniobra tenía como objetivo cobrar por reparaciones económicas como víctimas de delitos de lesa humanidad.
Para conseguirlo, falsificaba constancias de juzgados federales y adulteraba declaraciones de víctimas reales con nombres ficticios. Después de una ardua investigación que lleva años y sigue en curso, fue procesado en las últimas horas junto a otras cuatro personas cómplices de su engaño, según publicó Clarín.
“Unimos todas las piezas porque era un rompecabezas. Habían distintos elementos desperdigados en muchos lugares”, indicó al medio porteño Federico Efron, director nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos, para comenzar a explicar la complejidad de la causa.
Hechos falsos desde 2013
Martínez Moreira era “el timonel” de la banda delictiva. Su primera declaración formal data de 2013, cuando introdujo hechos falsos en el proceso de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Para lograrlo, había recopilado información sobre causas y nombres de víctimas reales. Así consiguió que un juez civil le otorgase la identidad que reclamaba.
Según el relato revalidado por la Justicia en ese momento, sus padres habían sido secuestrados en 1988 y él, con dos años, fue apropiado por un militar argentino. Una investigación posterior de la unidad especializada para casos de apropiación de niños contradijo esta versión. Hubo más porque se llegó a encontrar a su hermana biológica, pero él se negó a hacer una prueba genética.
Su verdadero nombre es Matías Ezequiel López y no nació en 1986, sino en 1993. Pero usó su falsa identidad para engañar durante años a víctimas reales de la dictadura y así representarlas ante el Estado argentino. “Hubo que hacer un trabajo profundo y cuidadoso para no otorgar un reconocimiento a alguien que no fue víctima ni tampoco rechazar a otra que realmente fue”, dijo Efron.
El modus operandi con esas víctimas reales era engañarlas diciendo que era abogado y que tenía contactos para solucionar todo rápido. Así lograba la representación: presentaba amparos por mora contra el Estado nacional para que los expedientes salgan velozmente.
También se encontraron documentos en expedientes por víctimas falsas. El plan era sumar documentos para mostrarles a los damnificados el poder que tenía a la hora de reclamar resarcimientos.
Era una especie de movimiento circular. “Hacía un amparo por mora, empezaba un expediente de reparatoria, luego una certificación trucha del Archivo Nacional de la Memoria, otro de un legajo de Conadep. Y así iba avanzando y engañando a las víctimas reales sobre la suerte de sus familiares”, indicó el representante de la Secretaría de Derechos Humanos, que se presentó como querellante.
El accionar de Martínez Moreira continuó de la misma manera. Incluso, visitaba a familiares de desaparecidos y generaba lazos afectivos con ellos. Su plan era obtener información para después usarla a su manera. “Se inventó una historia para tener vínculo con las víctimas de desaparecidos, antedatar su nacimiento y construir esta mentira”, agregó Efron.
Ante la consulta sobre la existencia de algún tipo de trastorno mental, fuentes de la investigación le afirmaron a este diario que Martínez Moreira “comprende perfectamente lo que hace, diferencia entre el bien y el mal”.
Fraude total
Su fraude era total, ya que hasta llegó a hacer contradenuncias, algunas relacionadas a violencia de género. Una de ellas contra un abogado a quien le falsificó 50 veces la firma. Otra, presentada contra una víctima que había descubierto su entramado.
En un allanamiento realizado en un domicilio del barrio porteño de Caballito, en el que funcionaba la supuesta sede del estudio jurídico, secuestraron infinidad de cajas con documentación de todos los expedientes.
Ahora, el Juzgado Federal N° 5 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo de María Eugenia Capuchetti, lo procesó junto a sus cuatro cómplices: Omar Enrique Ramón García, Leticia Concepción Gaete, Nicole Carolina Garrido Piris y Susana Claudia Feldman.
Los cinco integrantes de la banda están acusados de integrar una organización criminal dedicada a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reclamos por leyes reparatorias en busca de un beneficio económico.
“Más allá de las falsificaciones, engaños a las víctimas y a los jueces, no ha tenido resultados en término de resoluciones judiciales o administrativas. Y eso es muy importante”, aclaró Efron.
El objetivo de la querella es llevarlo a juicio oral. Mientras tanto, Martínez Moreira no puede salir del país ni cambiar de domicilio. Pero “sigue a la pesca”, advierten. Parte de su estrategia de defensa es insistir con que su historia es cierta. Por eso, desde la Secretaría de Derechos Humanos creen que es posible que existan más casos que todavía no salieron a las luz. Son 62 hechos, pero creen que hay más víctimas.
