Un multimillonario patrimonio posee el inspector de tránsito municipal detenido hace pocos días por extorsionar a un comerciante para no clausurarle el negocio. Héctor Jayo (51) acumula como titular de dominio registral al menos 12 propiedades inmuebles y tres vehículos automotores, uno de ellos de alta gama.
El detenido por el fiscal de Distrito 1, Turno 2, Guillermo González, es empleado de la Municipalidad de Córdoba desde el final de los ‘80, cuando aún tenía 17 años y se ha desempeñado en diversas áreas, como el Tribunal de Cuentas, pero ha ido y venido del área de Inspecciones, donde se encontraba trabajando desde hace varios años.
Jayo formaba parte del área de Inspecciones del Centro de Participación Comunal (CPC) de barrio Empalme (al este de la ciudad capital) y tenía facultades para desempeñarse en la vía pública, como ocuparse de infracciones relacionadas con veredas, arbolado y otras cuestiones menores. Pero las fuentes judiciales sostienen que se extralimitó y se adentró en un territorio que no era el suyo, la Habilitación de Negocios, para exigir dinero a titulares de “grandes superficies”, comerciales o industriales.
Habilitación de Negocios es una dirección con sede en el Palacio Municipal y recibe sus trámites directamente (por ventanilla única) sin necesidad de pasar por ningún CPC ni hacer trato con algún inspector.
El modus operandi que describen investigadores de Delitos Económicos tiene que ver con una “avivada” de Jayo. Se presentaba en “grandes superficies” ante comerciantes o industriales -esa zona de la ciudad posee varias radicaciones- y les exigía dinero para no clausurarles el negocio.
Más allá del caso del comerciante que motivó su detención, según el testimonio que están aportando quienes serían otros damnificados caían en el engaño porque estaban tramitando la habilitación o tenían pendiente ese trámite. Con credenciales municipales -que no lo habilitaban para esa tarea- Jayo habría aprovechado sus funciones para exigir dinero a cambio de no “bajarles la persiana”. Los comerciantes o industriales, entregaban dinero para seguir funcionando, pero por un tiempo limitado, ya que la habilitación definitiva no se otorgaba.
Esta irregularidad llegó al Palacio 6 de Julio y llamó la atención de las autoridades del área respectiva. La propia directora, María Fernanda Sánchez, disparó la investigación al formular la denuncia penal.
A las órdenes de González, los efectivos de Delitos Económicos allanaron la casa de Jayo en barrio Villa Argentina y el CPC de Empalme. Allí no sólo intervinieron el área donde se desempeñaba el inspector detenido, sino también la Dirección. Los investigadores quieren determinar si el inspector acusado de extorsión actuaba solo o si contaba con algún cómplice. “Por ahora, no se descarta nada”, dijeron.
Patrimonio frondoso
En 34 años de desempeño como empleado municipal resulta difícil conseguir dinero para atesorar 12 casas (o departamentos) y tener tres autos. Jayo tiene en la actualidad un sueldo que apenas supera el millón de pesos (sería aproximado a 1,2 millones) y aunque es un buen ingreso no alcanzaría para adquirir propiedades tan valiosas.
Ante esto, el fiscal González estaría a punto de dictar la inhibición de sus bienes.
Según lo que se maneja en la causa, Jayo tiene registradas a su nombre tres casas en barrio Empalme, seis en barrio Villa Argentina (donde reside), una en barrio Quebrada Las Rosas y dos en Villa Carlos Paz. Hasta hace poco tenía una propiedad en barrio Nueva Córdoba, pero se desprendió de ella.
En cuanto a vehículos, Jayo tiene tres: un Fiat Palio, un Ford Falcon de colección y un Mercedes Benz convertible, modelo 2012. No obstante, se indica que ha tenido y se ha desprendido de numerosos automóviles en los últimos años, varios de alta gama, entre ellos un Mercedes Benz modelo 2018.
Allegados al expediente sostienen que en cada una de las últimas incursiones de Jayo para “no clausurar” negocios o áreas industriales, pedía entre 300 mil y 400 mil pesos y “nada más que por un certificado ‘provisorio’”. Así lo están refiriendo los testimonios que lo comprometen y que podrían agravar la acusación de extorsión.
¿Vínculo con “Los bomberos”?
El propio fiscal González tiene a su cargo la causa de bomberos, exbomberos, asesores de seguridad y un policía que exigían dinero para hacer la respectiva habilitación de negocios con relación a la prevención de incendios. En total, se habrían detectado unas 27 habilitaciones truchas con respecto a ese requisito.
Acusados de asociación ilícita, están los asesores en higiene y seguridad Mario García (48) y Félix Rafael Calama (56) –este vocero del gremio de la construcción–; el policía Leonardo Gorosito; los exbomberos Julio Zárate (55) y Eduardo Arturo Rivero (58); el bombero en funciones Marcos Fernando Lúquez, y el técnico en gestión ambiental Roque Javier Olmedo (48).
Trascendió la semana judicial que finalizó el pasado jueves que González podría dictar las prisiones preventivas de estos siete detenidos en los próximos días.
Pero, al descubrirse las acciones de Jayo, se evalúa si tiene relación con esta banda o si era un cuentapropista. Por ahora, hay elementos para suponer que alguna relación puede tener, pero también que sucederían ambas cosas: el inspector explotaba su “rubro” y podría tener contactos con “Los bomberos”.
“Es una línea (de investigación) que se desprende de la de ‘Los bomberos’ -confió una fuente judicial- porque habría vinculaciones con esa banda”.
Las fuentes indican que Jayo hacía de las suyas con la autorización a negocios, pero que también habría ofrecido contactos para tramitar el certificado de habilitación de Bomberos.
