El juez de Control de Río Cuarto, Diego Ortiz, dispuso mantener “vigente y abierta” la investigación por el homicidio de Nora Raquel Dalmasso (51), ocurrido en 2006, y rechazó “en esta instancia” el pedido de prescripción de la defensa del principal sospechoso: Roberto Marcos Bárzola (45).
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“No corresponde en esta instancia declarar la prescripción de la acción penal tal como solicitan los defensores, por cuanto ello implicaría el cierre definitivo de un proceso penal en el que aún no se ha alcanzado la total averiguación de la verdad real de lo sucedido, que es el deber prioritario que el Estado argentino ha asumido al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos”, sentenció Ortiz.
Nora Dalmasso fue encontrada muerta semi desnuda, estrangulada con el cinto de su bata de toalla. Tras el juicio que absolvió al viudo Marcelo Macarrón, en el 2022, fue reconocida como víctima de violencia de género y se ordenó al fiscal Pablo Jávega investigar “la verdad histórica”.
Jávega volvió al momento cero y comparó un ADN masculino, determinado por el FBI en el cinto, con el de personas que pasaron por la casa y nunca fueron investigadas. Cuando cotejó el de Bárzola, lustrador de pisos de madera, le dio positivo. Y luego encontró una total coincidencia entre su ADN y el estudio mitoncondrial de un vello púbico, hallado en la entrepierna de la víctima. En diciembre del 2024 Barzola fue imputado por abuso sexual seguido de muerte.
De inmediato, sus defensores pidieron la prescripción y, con argumentos que van desde la inconstitucionalidad hasta distintas formas de conteo de los más de 18 años pasados, los abogados de la familia y el propio fiscal Jávega se opusieron a cerrar la causa.
Descartan imprescriptibilidad
El juez reconoce el contexto de violencia de género en el caso pero descarta que se trate de un delito imprescriptible, de lesa humanidad o de grave violación de los derechos humanos.
“Pese a implicar una grave afectación a la integridad sexual y a la vida de la víctima causada dentro de un contexto de violencia de género, el hecho de ningún modo formó parte de un ataque generalizado y sistemático, llevado a cabo de conformidad con una política del Estado”, advirtió Ortiz.
Contra los argumentos de la defensa, el juez entiende que mantener abierta la investigación “es la solución más adecuada para conciliar los derechos de los familiares de la víctima al acceso a la justicia y el deber del Estado de investigar”.
“El deber de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad. El Estado debe asegurar que la víctima tenga pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de dichas investigaciones”, fundamentó el juez, con abundantes precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre lo que implica una “investigación por la verdad”, Ortiz mencionó: “No resulta novedoso ni desconocido para nuestra jurisprudencia nacional, en tanto coincide con la solución alcanzada por la tradición jurídica que los tribunales nacionales de nuestro país (…) en el proceso de averiguación de la verdad en crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar -en tiempos en que aún regían normas legales que impedían el castigo de sus responsables”.
“Hasta que las circunstancias del hecho estuvieran lo suficientemente esclarecidas para poder, a partir de ellas, reconocer con certeza que la causal de impunidad de que se trate resulta aplicable, es imprescindible que la investigación no se interrumpa de manera inmediata sino hasta que el mandato de certeza sea alcanzado para poder predicarla con ese nivel convictivo”, citó (voto en disidencia de los jueces Petracchi y Bossert de la CSJN en el precedente “Suárez Mason”).
Con todo, el juez ordena no interrumpir la investigación de manera inmediata, apunta que se descubra la verdad, a que haya una certeza, antes de que se tome una decisión final sobre la prescripción.
Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, definió a la sentencia de Ortiz como “un primer paso importante de la Justicia de Córdoba”, porque descarta la prescripción, pedida por la defensa. Pero admitió que la considera “el principio de un arduo camino”. “La familia de Nora Dalmasso y la sociedad necesitan Justicia, una condena penal y no solamente un juicio por la verdad. La impunidad no puede triunfar”, expresó.
En principio, el fiscal Pablo Jávega está habilitado para seguir investigando a Bárzola y las partes, para producir pruebas. La defensa y la querella pueden oponerse a la sentencia de Ortiz. El fallo no está firme.
