Los jueces técnicos de la Cámara 8ª del Crimen decidieron girar antecedentes para iniciar investigaciones a funcionarios policiales y políticos que no estaban incluidas en el banquillo de los acusados de este juicio, con el propósito de determinar si son pasibles de haber cometido algún delito.
En esa línea, pidieron que se investigue al excomisario mayor Gonzalo Cumplido por los presuntos delitos de omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
Pidieron, a su vez, que se indaguen los detalles de la cesión del auto Toyota Corolla y el reconocimiento de los gastos de su uso a Cumplido, concedidos por el exministro Alfonso Mosquera y su segundo, entonces, Lucas Mezzano, estos como presuntos responsables de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
El tribunal también pidió que se abra una causa por la probable omisión de los deberes de funcionario público de lo que entonces era el Tribunal de Conducta Policial por la no realización de actos atinentes a su función.
También se solicitó que se investigue a quien hasta hace poco era uno de los jefes más importantes de Seguridad Capital, el comisario mayor Víctor Di Steffano, por posible abuso de autoridad por permitir la madrugada del 6 de agosto de 2020 que funcionarios policiales tuvieran acceso al Centro de Control de Videograbaciones de la Jefatura de Policía.
Otro de los puntos resonantes fue dirigido a la actual jefa de Policía, comisaria general Liliana Rita Zárate Belletti. La Cámara solicitó que se la investigue por la posible omisión de sus deberes en su cargo de entonces, como jefa de Recursos Humanos, por fallar en la supervisión de las aptitudes del personal.
También el tribunal pide que se modifique un decreto del Ejecutivo para que la División Armamentos y Equipos de la Policía “retenga el arma provista a todo personal en actividad con estado policial que repruebe el examen sobre las aptitudes de tiro y manejo de armas, hasta que dicho examen sea aprobado por el agente”.
De igual modo, se requiere “la expresa prohibición a todos los integrantes de la institución policial, de que se utilice como medio de comunicación frente a hechos delictivos, lo que se conoce como ‘línea baja’ -debiendo en los sucesos con connotación sexual o presencia de menores de edad, efectuarse solo referencias no individualizadoras- ya que dicha comunicación no oficial facilita el ocultamiento de acciones funcionales reñidas con lo legal, debiendo quedar únicamente habilitado para ello el empleo de la frecuencia radial policial”.
También exhortaron los jueces a la Provincia -como lo hizo esta cámara en tres fallos anteriores de 2017, 2020 y 2021- para que mejore en forma urgente la capacitación policial en manejo de arma de fuego, conservación de escenas del crimen, preservación de la prueba y el trato con las víctimas. También recomendaron evaluaciones periódicas para comprobar si el personal está capacitado y tiene condiciones psicofísicas para el manejo de armas y “nunca más se repita lo acreditado en el presente proceso”.
El punto 19 se refiere a esto último y se inicia diciendo: “Remitir copia certificada de la presente sentencia al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, a fin de que, una vez más y tal como ya lo hiciera este mismo tribunal -con distinta parcial integración- en los autos caratulados “Chávez y Leyva” (2017), “Gramajo y otros” (2020) y “López y Montoya” (2021), con carácter de muy urgente arbitre los medios pertinentes para que se proceda a la correspondiente capacitación del personal policial”.
Por lo que se aprecia, las recomendaciones de esos tres fallos no fueron debidamente atendidas.
