Un costosísimo y lujoso BMW, motos, más autos y dos casas. El narcotraficante Manuel Humberto Zurita Escalante (27), jefe máximo del clan Zurita en Córdoba, fue condenado por el lavado miles de dólares y millones de pesos de la venta de drogas con su familia.
En un juicio abreviado acordado entre la auxiliar fiscal Julieta Moyano Ludueña y la defensa oficial, el Tribunal Oral Federal N° 3 de Córdoba capital, a cargo de Facundo Zapiola, le impuso tres años de prisión, una multa de $ 2 millones y tareas comunitarias. Por su sentencia anterior (está firme) se unificó en una única pena de seis años de cárcel.
Un clan familiar
El clan fue desarticulado hace años y condenado en 2022 tras una larga investigación de los fiscales federales Enrique Senestrari y Maximiliano Hairabedian, en conjunto con el exjuez Ricardo Bustos Fierro y su par Alejandro Sánchez Freytes.
En esa primera causa fue sentenciado a seis años como jefe de una asociación ilícita destinada a cometer hechos de narcotráfico, comercio de estupefacientes en grado de tentativa, venta, almacenamiento y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de arma de guerra.
Zurita Escalante lideraba la distribución, la comercialización y las ganancias de las drogas. Adquiría los estupefacientes en el norte del país y los hacía trasladar a Córdoba.
El hombre daba las órdenes del negocio a su madre, Marianella Escalante Ramos, y a la abuela, María del Rosario “Charo” Ramos, sobre la distribución y la venta. Maritza Auccaise Loayza participaba en la distribución mientras que José Humberto Escalante Valeriano “estiraba” las sustancias, las almacenaba y las distribuía.
Diana Briceño Pizán ocultaba los estupefacientes en diversos domicilios para evitar cualquier sospecha. En 2019, le encontraron la millonaria cantidad de 75 kilos de cocaína en su casa. Todos fueron condenados en 2022, incluida Escalante Ramos.
El único implicado en el clan que logró darse a la fuga fue el peruano Luis Eduardo “Peruca” o “Gato” Delgado Rodríguez. Se mantuvo prófugo por más de tres años y medio hasta que fue capturado y condenado (ya arrastraba una pena anterior por comercialización).
Petrona Irma Lamas recibió tres años de prisión por transporte de cocaína. Esposa del narco Mario Aníbal “Mario Bros” Iparraguirre (preso), también conocido como “el Cocinero del Norte”, Lamas viajó de Salta a Córdoba para abastecerse de drogas con Zurita Escalante.
Lavado en autos, motos y casas
Como es sabido en las causas de narcotráfico, la investigación suele derivar en la etapa del lavado de las ganancias de los estupefacientes. El fiscal Hairabedian acusó a Zurita Escalante de haber participado en el blanqueo entre julio de 2018 y septiembre de 2019.
Por sí mismo o a través de prestanombres que actuaron bajo sus órdenes (sin actividad económica ni capacidad patrimonial suficiente para respaldar la magnitud de las operaciones), realizó al menos 10 transacciones de compraventa de inmuebles y vehículos -varias de ellas por valores diferentes a los del mercado y adquiridos con dinero de origen ilícito– producto de la comercialización de las drogas.
Así es que la madre de Zurita Escalante, Escalante Ramos, sumó a su nombre un Peugeot 308 (modelo 2013) y una Honda WAVE 110 S (2018), por un valor total de U$S 13.500.
Eso encendió las alarmas porque los investigadores detectaron inconsistencias patrimoniales de la mujer, ya que solo figuraba ante el fisco como empleada doméstica, por lo que no podía justificar esos vehículos.
Se comprobó que, en realidad, su hijo obtuvo el dinero para comprar ambos rodados con las ganancias de la comercialización de la droga.
El narco también adquirió una Honda CB 190 y un Ford Fiesta Kinetic, por U$S 13.443 en total, a pesar de no haber podido demostrar ninguna actividad comercial o laboral para poder argumentar la compra.
A través de la peruana Pilar Marlene Valeriano Almirante (sobreseída por prescripción de la acción penal por lavado de dinero), Zurita Escalante compró un BMW 528 por más de U$S 21.750 (a valores de 2019) y generó una cédula para conducirlo.
Pero no solo consumó maniobras de lavado a través de la adquisición de vehículos, sino también atesoró propiedades. “Se evidencian comunicaciones telefónicas entre la empresa Remax Mediterránea con Zurita Escalante y entre este con sus familiares, que denotan la necesidad del encartado de incluirlos en las operaciones de compraventa de inmuebles, y de que ingresen dinero desde Perú a los efectos de respaldar la capacidad económica para esas operaciones”, agregó el juez Zapiola.
El jefe del clan compró a su nombre un dúplex en barrio Granja de Funes, de la ciudad de Córdoba, en 2018, por más de U$S 140 mil y escriturado por $ 2,5 millones. Luego adquirió por unos U$S 13.216 con Remax otro inmueble, en este caso en barrio Yapeyú, zona caliente de la Capital, azotada por la droga.
A diferencia del dúplex, en este caso, lo colocó a nombre, nuevamente, de su madre. “Escuchame: viste que te había comentado para poner el nombre de la casa. ¿Vas a poner tu nombre o no?”, le dijo a su madre. “Dale, bueno, pero, ¿está sin deuda?”, consultó la mujer. “Viene sin deudas, sin nada; necesito tu DNI”, cerró el narco.
La particularidad de esta última propiedad es que posteriormente Escalante Ramos (sobreseída del lavado por prescripción), sin ninguna posibilidad de justificar la obtención de los fondos para comprarla, la vendió en $ 410 mil.
El narco, que reconoció el lavado y su implicación en él, dijo que la venta se concretó a un tercero de “buena fe”. El juez Zapiola remarcó que no surgía de las pruebas que el comprador hubiera actuado de mala fe o por su participación en el lavado atribuido a Zurita Escalante.
Sin embargo, el magistrado sostuvo que decomisar el inmueble implicaría “sin más” violentar el debido proceso, afectando derechos de terceros que pueden resultar ajenos a la causa. Por esa razón, indicó que una fiscalía debía investigar si el adquirente tuvo una participación punible o no en el ilícito cometido por Zurita Escalante.
La defensa ofreció pagar una multa de $ 2 millones en 20 cuotas, porque abonar el mínimo exigido legalmente implicaría desembolsar U$S 403.818, lo que le era de imposible cumplimiento por su capacidad económica. Así, propuso una multa integrada en dinero y en tareas comunitarias.
La auxiliar fiscal consideró razonable el ofrecimiento, habida cuenta de que los bienes del narco fueron decomisados. El juez aceptó el acuerdo, le impuso tres años y unificó la pena anterior y la actual en seis años y tareas comunitarias.
Cordobés condenado en Chaco
Por su parte, en otra causa, el cordobés Gabriel Mateo Yerardi (41) fue condenado a cinco años y medio de prisión por transporte de estupefacientes. Fue durante un juicio abreviado realizado en Chaco.
El 12 de abril de 2024, por la noche, Yerardi fue descubierto por Gendarmería cuando transportaba 180 kilos de marihuana, acondicionados en 171 “ladrillos”, en una Dodge RAM 2500.
El hombre circulaba por la ruta nacional 16 y, al ver a los efectivos, hizo una maniobra sospechosa, que lo “delató”. El cordobés ya había sido condenado en otra causa, en Misiones, por el mismo delito.
