Los socios titulares, Ariel Hernán Márquez y Juan Pablo Márquez, más otros cinco familiares detenidos (entre hermanos y cuñados) son los nombres que vienen escuchándose desde que el fiscal de Delitos Complejos de Córdoba Enrique Gavier asumió la investigación de la megacausa por estafas inmobiliarias y lanzó allanamientos y detenciones. Hoy la causa tiene siete detenidos.
El grupo de privados de la libertad en la cárcel de Bouwer se completa con otros dos hermanos Márquez, Matías y Lucas, más el contador Ramiro Sebastián “Capi” Nieva (cuñado de Juan Pablo) y el hermano del anterior, Matías Nieva.
Todos son integrantes de un grupo familiar. Mientras, hay denuncias pidiendo la detención de las esposas de los dos principales socios, como supuestas partícipes de las presuntas maniobras dolosas: la pareja de Ariel Márquez, Carolina Sánchez Astrada, y la de Juan Pablo, Romina Vanesa Nieva.
Ambas tienen la doble condición de esposas y empleadas de la firma. Los denunciantes les adjudican ser en realidad directivas y formar parte de las estafas a miles de clientes que se quedaron sin “el sueño de la casa propia”.
Hay otros directivos que siguen en la línea jerárquica que, desde el inicio de la “acción” determinada por Gavier desde comienzos de abril, han sido mencionados como eventuales responsables de las maniobras defraudatorias que les asignan los denunciantes, que reclaman la construcción de sus casas.
¿Una “tapada” en las sombras?
Pero hay una mujer que es mencionada insistentemente y cuyo rol dentro de la empresa que tramita su quiebra no está del todo claro. Algunos le asignan mucha cercanía con los dos socios mayores, otros señalan que formaba parte del “riñón” donde se tomaban las decisiones. Se conoce también que, más allá de revestir como empleada en la desarrollista, fue titular de acciones y dirigente de otra de las firmas del grupo empresario.
Quien aparece como “tapada” se llama Florencia Gisel Páez, tiene 31 años y viene siendo mencionada insistentemente por quienes están en contacto con la investigación, personas que conocían la empresa “por dentro” y operadores judiciales que, al menos en el fuero concursal, están pronunciando su nombre.
También en el fuero penal ya analizan cuál es su participación en el grupo empresario.
Denunciantes y personas que vivenciaron los últimos meses de la empresa antes de la caída, sostienen que Florencia Páez estaba a cargo de operaciones clave y que tenía un rol estratégico en determinados movimientos de Márquez y Asociados.
Por empezar, fue titular de Márquez Salud SAS, la rama de servicios de prestaciones médicas, ambulancias y traslados ubicada en Juan Batlle Planas 2342, en la misma calle de la casa matriz de la constructora. Así lo señala el acta de constitución de la sociedad, según el Boletín Oficial del 2 de febrero de 2022, donde ella figura como administradora y representante legal, además de socia de Ariel Hernán Márquez. En cambio, sobre 100 acciones por valor de 20 mil pesos cada una, ella suscribe sólo tres y él, 97.
Al cerrar las puertas la empresa, recientemente recibió ella como titular de esta división al menos dos demandas laborales (expedientes “13771773 - Martínez Guzmán, Pablo Luciano contra Márquez Salud SAS y otros” y “13874513 - Brac Alaniz, Rocío Abigail contra Márquez Salud SAS y otro”).
Apenas cayeron los jefes del grupo empresario, estuvo consultando diversos estudios jurídicos sobre eventuales responsabilidades, hasta que hacia mayo salió del país por algunos días. Poco después, retornó a Córdoba y tomó algunas decisiones.
Acaso la más trascendente fue la cesión de acciones de Márquez Salud que el 15 de mayo pasado formalizó por escritura pública, con la firma del notario Eduardo Cavaglia. En esa acta, Páez cede a Ariel Hernán Márquez tres acciones “clase B” de la empresa, por un valor de 20 mil pesos cada una. Las acciones, se lee en el acta notarial, son “ordinarias, nominativas, no endosables” y corresponden cada una a un voto en la persona jurídica de Márquez Salud.
Pero, en rigor, esa acta también debía ser firmada por el “cesionario” que está detenido desde comienzos de abril. Para esto, la escribana Rosana Rava (con registro en Alta Gracia) fue a la cárcel de Bouwer el 4 de junio con el escrito y certificó la firma que estampó Ariel Márquez.
Inhibida
Con el avance de la tramitación de la quiebra de “MARQZPABAR Desarrollos SA” en el Juzgado de 52° Nominación Civil y Comercial de Córdoba -a cargo de Sergio Gabriel Ruiz-, los síndicos designados por este magistrado pidieron la inhibición de bienes y cuentas de Páez. A su vez, ella pidió el levantamiento de ese pedido, a través de su abogado Alejandro Ríos Castro.
Estas constancias objetivas, a partir de documentos públicos que obran en el expediente de la causa, se suman a diversas opiniones sobre el verdadero papel que podría haber tenido Páez en el movimiento y en las decisiones de la constructora.
“Sólo una empleada”
La Voz consultó al abogado Ríos Castro, que la representa tanto en el fuero penal como en el concursal.
El letrado comentó que la relación profesional se inició a partir de la cesión de acciones que se concretó con Ariel Márquez detenido. Añadió que ella era empleada de Márquez Desarrollos y que el propio Ariel Márquez la puso a la cabeza de Márquez Salud porque no tenía a quién designar, otorgándole a cambio un mínimo de acciones. “Esa sociedad nunca tuvo movimientos”, indicó el abogado.
Según el patrocinante de Florencia Páez, ella en realidad es “acreedora de Márquez porque le adeudan salarios” como empleada de la desarrollista y porque también fue clienta de la constructora.
Agrega Ríos Castro que su clienta pagó una vivienda para que le construya Márquez Desarrollos, pero nunca se la entregaron. Añadió que en ese terreno le hicieron una casa a otro cliente.
Por todo esto, el abogado sostiene que ella es “víctima de una estafa” al adquirir un inmueble que le entregaron a otra persona.
Por los salarios caídos y por la casa que pagó y no obtuvo, el abogado la presentó ante la quiebra como una más para verificar crédito. Por esto, afirma que “no es socia” sino “una damnificada más”.
De igual modo, tras haberse desprendido de las acciones de Márquez Salud, señaló que las demandas laborales a Páez deben dirigirse ante el juez de la quiebra.
En otras palabras, según su abogado, Páez no formaría parte del plantel jerárquico y de la toma de decisiones de Márquez y Asociados, sino que sería empleada con salarios caídos y otra clienta estafada.
