El juez federal N° 1 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, envió a juicio a tres hombres acusados de manejar una “usina” de facturas truchas que llegó a generar un perjuicio millonario al fisco. Ricardo “Stiven” Cupper (67), Raúl Horacio Molina (67) y el contador Rubén Daniel Sánchez deben responder por supuesta asociación ilícita fiscal y presunta alteración dolosa de registros.
Las operatorias bajo investigación les habrían permitido a los sospechosos emitir decenas de facturas falsas por más de $ 3,3 millones, que habrían sido vendidas a “clientes” –personas físicas y jurídicas– de la presunta banda, de acuerdo con la investigación del fiscal federal N° 1 de Córdoba capital, Enrique Senestrari.
Todo se descubrió por la denuncia de una mujer que fue novia de Cupper. La mujer se presentó en Tribunales federales y contó que en diciembre de 2018 conoció a su entonces pareja, quien, alegando ser dueño de un frigorífico y gestor de facturas, la convenció de generar una empresa a nombre de ella a cambio de la promesa de abonarle mil pesos semanales, según la causa.
Así, en enero de 2019, Cupper y la mujer concurrieron a la sede de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para realizar el blanqueo de la clave fiscal de ella. Ya con la cifra en su poder, Cupper se la habría entregado a Molina y al contador Sánchez, los otros dos sospechosos de la causa, según la Justicia.
Ambos la habrían dado de baja del monotributo, inscripto como autónoma y anotado en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en el Impuesto a las Ganancias, para luego cometer una serie de maniobras con sus datos, según la sospecha judicial.
De esta manera, pasó de tener declarada su actividad ante la Afip en el rubro cuidado de personas mayores (octubre-diciembre de 2018) a otras tres disímiles actividades: venta minorista de instrumental médico, odontológico y ortopédico; servicios empresariales, y servicios de publicidad (enero de 2019).
Pero no sólo se registró esa modificación ante el fisco, sino que eso trajo aparejado un alto volumen de facturación, que terminó por alcanzar cifras millonarias.
Las presuntas maniobras
A pedido de “clientes” y desde la cuenta de la mujer ante la Afip, entre febrero y marzo de 2019 los imputados (y personas no identificadas) habrían emitido decenas de facturas truchas por más de $ 3,3 millones, que luego habrían vendido a “clientes” (personas físicas y jurídicas) para que consumaran la evasión de impuestos.
El accionar de la supuesta banda se habría estructurado sobre una división de funciones, ya que Cupper habría sido el encargado de “reclutar” primero a su novia y a las víctimas –mayormente, extranjeros con poco conocimiento fiscal y personas de escasos recursos– para realizar un blanqueo de sus claves fiscales, mediante ardides, y apropiarse de ellas, según la Justicia.
Luego, Molina y Sánchez, por sus conocimientos contables, habrían modificado las contraseñas y manipulado los datos y la actividad de los contribuyentes en una oficina en Corro al 100, en la capital cordobesa.
La “office”, como la llamaban, fue allanada y se secuestraron facturas en las que habrían estado “trabajando”. A los investigadores les resultó llamativo que en el frente de la dirección no existía ninguna referencia sobre la actividad que se desarrollaba allí, como suele ser en los casos de las oficinas contables en las que constan los datos de quienes ofrecen esta clase de servicios profesionales.
Curiosamente, cuando allanaron la casa de Molina encontraron las llaves de la “office”, lo que permitió a los pesquisas confirmar que el imputado tenía acceso al lugar donde realizaban las operaciones.
De este modo, a partir del pedido de distintos “clientes” que pretendían evadir el total de impuestos, Sánchez (contador con la matrícula cancelada) y Molina (no está registrado como contador) habrían emitido las facturas apócrifas (digitales e impresas).
Con ellas, los “clientes” habrían consignado en sus declaraciones juradas los créditos fiscales, reduciendo así el débito fiscal.
Para evitar que el fisco detectara las maniobras, Molina y Sánchez habrían “equilibrado” la relación entre el débito y el crédito fiscal de los contribuyentes apócrifos a través del registro de compras falsas, valiéndose de personas físicas o jurídicas que ellos mismos habrían administrado.
Además, habrían utilizado a otras personas para el cobro de cheques, la realización de trámites y la generación de números de Cuit.
De esta manera, el perjuicio habría sido doble: la evasión fiscal cometida por los “clientes” y el daño infligido a los damnificados de la banda, porque perdieron el manejo de sus claves y se alteraron sus registros fiscales, según la Justicia.
Pero al parecer no fue el único perjuicio. La denunciante relató que Cupper le había dicho que Molina lo había estafado, aunque las escuchas determinaron, en realidad, que ambos y Sánchez habrían participado de las maniobras.
Cuando allanaron la casa de Cupper en barrio Parque Capital, los efectivos encontraron una agenda con el nombre, en mayúsculas, de su entonces novia, con una doble referencia: pagos o saldos por $ 2 mil y $ 13 mil en relación con ella.
El dato no menor es que la agenda era de 2019 y el nombre de la denunciante figuraba en las fechas del 30 de abril y entre el 10 y 11 de mayo de 2019. Este dato no pasó inadvertido, porque la mujer lo denunció pocos días después.
La mujer sufrió un importante perjuicio, porque fue dada de baja del monotributo y perdió la posibilidad de librar las facturas por sus servicios y de percibir su sueldo.
En 2020, el entonces juez de la causa, Ricardo Bustos Fierro, los procesó. A partir de la serie de intervenciones a las líneas telefónicas de los imputados, surgieron comunicaciones entre Molina y Sánchez relacionadas con la utilización de las claves fiscales de diversos contribuyentes.
En un diálogo ente Cupper y Molina sobre una mujer, el primero le dijo: “Cambiale la clave, cambiásela, cosa que ella no pueda ingresar (…) La ‘mina es piola; no nos va a hacer quilombo”. De las escuchas también se advirtieron las constantes consultas por parte de presuntos “clientes” que llamaban a Molina y a Sánchez para requerir el servicio de emisión de facturas.
Un supuesto “cliente” de la ciudad de Rosario le preguntó a Molina sobre la confección de facturas presumiblemente falsas: “¿Qué productos me podés elaborar? ¿Son relativamente buenas estas cosas?”. Molina le respondió: “Mirá, me cuido mucho. Las declaro, pago, hago citicompras. Trato de ser lo más pulcro posible en el tema”.
A partir de pruebas, escuchas, declaraciones y el análisis de lo documental, el juez Sánchez Freytes concluyó que efectivamente los imputados habrían conformado “un grupo delictual organizado, cohesionado y continuado”, que habrían realizado “maniobras constitutivas de actos preparatorios de delitos tributarios, en particular alteración dolosa de registros”.
“Se puede observar palmariamente a lo largo de las escuchas, charlas entre los imputados y de estos con terceras personas que dan cuenta del tráfico de datos sobre usuarios y claves de cuentas registradas ante Afip, así como también grandes cantidades de carpetas realizadas sobre las deducciones de IVA a nombre de personas con nacionalidad extranjera o de escasos recurso por altos montos”, puntualizó.
El magistrado resaltó que “de la triangulación de las conversaciones” entre Cupper, Sánchez y Molina, era “elocuente” la “complicidad entre ellos en relación con la generación de facturas apócrifas y de empresas aparentemente fantasmas, sobre concepto de múltiples servicios presuntamente prestados a nombre de otras empresas, es decir, los verdaderos clientes”.
Los envió a juicio y también sobreseyó a Cupper y a su nueva novia, María Laura Fernández, por estafa, uso de documento público falso destinado a acreditar la identidad de las personas y uso de documentos privados falsos.
Esto en relación con el alquiler de un local, en 2016. Fernández quería alquilar el espacio y Cupper habría aportado a la inmobiliaria los datos falsos (DNI y recibos de sueldo) de tres “garantes” del contrato.
Cupper y Fernández habrían ocasionado, según la acusación, un perjuicio económico al dueño del local por unos $ 50 mil, al no poder hacer este efectivo el cobro de los alquileres. Finalmente, el dueño recibió el dinero, por lo que no generó un perjuicio a los “garantes”, es decir, las víctimas del delito de falsificación del DNI presentado.
El fiscal pidió el sobreseimiento de Fernández y de Cupper por este hecho, y el juez los sobreseyó.
